Diez meses después de la aprobación de la ley de vivienda, el Gobierno ha publicado el índice de precios de referencia del alquiler, una herramienta que pretende poner coto a un mercado en el que en los últimos años las rentas no han dejado de crecer. Sin embargo, el despliegue de la norma aprobada la pasada legislatura depende de que las comunidades autónomas inicien los trámites para declarar en sus territorios la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, un camino que hasta la fecha solo ha emprendido Cataluña.
El nuevo índice permitirá limitar el precio de los nuevos contratos de alquiler en las zonas tensionadas cuando la vivienda pertenezca a un gran tenedor -propietario de diez o más pisos- o no haya estado alquilada en los cinco años anteriores. De este modo, los caseros no podrán aprovechar el cambio de inquilino para elevar el precio al que alquilan su vivienda, sino que deberán tomar como referencia el rango publicado por el Ministerio de Vivienda o en su caso, si resulta más favorable, el precio pagado por el inquilino anterior.
Así, el índice aspira a evitar la especulación en el mercado del alquiler, especialmente en aquellas áreas donde más dificultades existen para acceder a una vivienda, ya que pueden declararse como zonas tensionadas -a petición de los Ejecutivos autonómicos- aquellas en las que el pago del alquiler y los suministros básicos excede el 30% de la renta media de los hogares. "Se abre una puerta a todo lo que tiene que ver con el control de los precios del alquiler en estas zonas tensionadas y, por supuesto, a que en estas zonas tensionadas puedan bajar los precios de alquiler", reconocía este martes el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, en la presentación del índice.
De momento, solo Cataluña ha iniciado los trámites para declarar en su territorio una zona tensionada que afectará previsiblemente a 140 municipios. La Generalitat ya ha presentado al Ministerio de Vivienda la documentación necesaria para reconocer este estatus, que incluye una memoria con un plan de acciones para facilitar el acceso a la vivienda en estas zonas. Aunque la consellera catalana de Territorio, Ester Capella, se ha mostrado crítica con el índice publicado este martes, Cataluña podría ser la primera comunidad en la que el nuevo sistema despliegue sus efectos, una vez se ponga a punto dicho plan y se declare finalmente la zona tensionada.
No obstante, el Gobierno espera que otras comunidades sigan la senda iniciada por Cataluña para limitar el precio de los alquileres. Fuentes de Vivienda confían en que la información facilitada por el nuevo índice sirva también para incentivar que la ciudadanía presione a sus comunidades autónomas para que actúen en la materia y activen las zonas tensionadas. El reconocimiento de estas áreas no solo permite limitar el precio de los nuevos contratos de alquiler, sino también la creación de un "entorno fiscal favorable" para facilitar el acceso a la vivienda.
"Si las comunidades son conscientes de que se está produciendo un incremento de los precios y no hacen nada, tendrán que dar explicaciones a sus ciudadanos y ciudadanas, porque será una actitud y un comportamiento que irá en detrimento de la calidad de vida de los que están sufriendo estos incrementos tan importantes de los precios", apuntaba Lucas este martes en rueda de prensa, al tiempo que invitaba al resto de comunidades a tramitar la declaración de zonas tensionadas para poder desplegar los efectos de la ley de vivienda.
Más allá de Cataluña, el secretario de Estado avanzó este martes que también Asturias y Navarra -ambas en manos del PSOE- han comunicado "verbalmente" al ministerio su intención de identificar aquellas áreas en las que los alquileres superan el 30% de la renta de las familias, aunque todavía no han presentado ninguna documentación. El caso de la comunidad presidida por María Chivite es particular, ya que el índice de precios de referencia todavía no está disponible disponible ni para Navarra ni para País Vasco. El departamento dirigido por Isabel Rodríguez está trabajando con ambos territorios para incluirlos al sistema, ya que, al gozar de un régimen fiscal propio, la información a partir de la que se elabora el índice no está en manos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Sin embargo, en otras regiones los Gobiernos autonómicos se resisten a activar el mecanismo previsto en la ley de vivienda, incluso a pesar de las peticiones de los ayuntamientos. Es el caso de la Comunidad de Madrid, donde cinco grandes municipios se han mostrado a favor de ser declarados zonas de mercado residencial tensionado por los elevados precios de la vivienda que tienen que afrontar sus vecinos. Se trata de Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada, Parla y Ciempozuelos, que en diferentes plenos a lo largo de los últimos meses han aprobado mociones para pedir al Gobierno regional que active la solicitud ante el Ministerio de Vivienda.
También en Galicia el concello de Santiago de Compostela y el de A Coruña han dado un paso al frente para instar a la Xunta a activar el mecanismo. El Ejecutivo liderado por Alfonso Rueda no se ha mostrado partidario de las zonas tensionadas, aunque en los últimos meses ha abierto la puerta a estudiarlo para casos como los de estas dos ciudades. En todo caso, la pelota está en el tejado de los Gobiernos autonómicos, que son quienes han de aplicar el mecanismo.
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