El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley de la Generalitat que regula las viviendas de uso turístico en un total de 262 municipios. El recurso fue promovido por más de 50 diputados del PP en el Congreso alegando, entre otros motivos, que no concurre en este caso el presupuesto habilitante para la utilización del formato del decreto-ley y que supone una una invasión de la competencia estatal.
Ahora, el Tribunal da traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, así como al Parlament de Catalunya y al Gobierno de la Generalitat, para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.
La normativa aprobada por la Cámara catalana obliga a la obtención de una licencia previa y de una autorización turística en un total de 262 municipios. Son localidades que presentan problemas de acceso a la vivienda permanente o que ya tienen más de 5 pisos turísticos por cada 100 habitantes.
El decreto-ley del Parlament, aprobado el pasado diciembre, establece una ratio de 10 viviendas turísticas por cada 100 vecinos en estos municipios, y según los cálculos de Govern, se tendrán que cerrar unos 28.000 pisos turísticos en 47 municipios.
Por este motivo, el PP alega también que la norma está afectando al derecho a la propiedad, además de suponer la vulneración de los principios de igualdad y seguridad jurídica de la Constitución. En base a esto, han recurrido los artículos 1, 2 y 3, la disposición transitoria primera, la segunda, la disposición final y el anexo del decreto.
Acuerdo y enmiendas
Se prevé que la nueva normativa para pisos turísticos en Cataluña esté aprobada definitivamente como muy tarde en la última sesión plenaria de marzo, ya que los socialistas pactaron con ERC validar el decreto a cambio de tramitarlo como proyecto de ley y poder incluir enmiendas.
Según lo acordado por ambas formaciones, en la redacción definitiva se establecerá que la obligación de disponer de una licencia urbanística solo se aplique en los 140 municipios catalanes declarados zonas de mercado residencial tensionado. Estos representan el 80 % de la población catalana. En el resto de localidades, la regulación será opcional y se suprime el límite de 10 pisos turísticos por cada 100 viviendas. Cada ayuntamiento podrá fijar esta ratio según sus criterios
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