La Agencia Catalana del Consumo del Departamento de Empresa y Trabajo, ha impuesto en el último año 246 sanciones a 79 grandes tenedores, por un importe global de 6.065.002 euros, por no ofrecer alquiler social a personas y familias en riesgo de exclusión residencial.
El conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, ha anunciado estas cifras en una rueda de prensa este viernes durante la presentación del balance del primer año del programa de refuerzo para velar por el cumplimiento de las obligaciones previstas para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda.
El conseller Torrent ha resaltado que "estos datos son el resultado de la implantación en enero de 2023 de este Programa de refuerzo que posibilitó la incorporación de 19 profesionales en los servicios de la Agencia Catalana del Consumo". Según Torrent, el programa ha multiplicado casi por 8 las actuaciones de control respecto al total que se había hecho con anterioridad a su implantación, “haciendo aflorar incumplimientos y actitudes persistentes que hay que erradicar”.
En concreto, desde la puesta en marcha del Programa de refuerzo, la Agencia ha llevado a cabo 1.609 actuaciones inspectoras, lo que significa un aumento del 779% respecto al total de inspecciones realizadas desde 2020, que fueron 183. Consum ha abierto 1.087 expedientes sancionadores, un 600% más que en el período de 2020 a 2022.
Valoración positiva
Torrent ha valorado "muy positivamente este primer año del Programa”. En datos globales, la Agencia ha abierto hasta el momento un total de 1.242 expedientes a empresas inmobiliarias que son grandes tenedores de vivienda, por incumplir la obligación legal de ofrecer un realojamiento en régimen de alquiler social.
En el procedimiento de inspección, Consumo ha detectado infracciones por no acreditar documentalmente la oferta de alquiler social a personas o familias en situación de vulnerabilidad, antes de iniciar el procedimiento de desahucio. Asimismo, la Agencia ha detectado que dos grandes tenedores acumulan cerca del 52% del total de expedientes incoados por posibles infracciones en la normativa.
De los expedientes sancionadores abiertos, 246 ya se han resuelto con sanción por realizar prácticas que excluyen o limitan los derechos de las personas consumidoras, infracción grave de acuerdo con la Ley del Código de consumo de Cataluña, con multas de hasta 30.000 euros por expediente. En global la Agencia ha sancionado a 79 grandes tenedores, de los que 27 acumulan más de un expediente sancionador, y 2 de estas empresas acumulan el 44% del total de expedientes resueltos con sanción.
Sanción de publicidad
La Agencia Catalana del Consumo incorpora en todos los expedientes sancionadores por incumplimientos relacionados con la obligación de ofrecer alquiler social, una sanción accesoria de publicidad, que permite hacer difusión de la multa cuando ésta se convierte en firme.
A través del Diario Oficial de la Generalitat se han hecho públicas un total de 11 sanciones firmes, a los siguientes grandes tenedores: BTL Spain Residential Acquisitions SL, Wind Luxemburg SARL, Cabot Assets Spain SLU, Claysburg SL, Cimentados3 SAU, Altamira Santander Real Estate SA, Matella SA, Iluro Piso Promotora Inmobiliaria SL, Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria Credifimo Establecimiento Financiero de Crédito SA, Aiqon Capital España SL y Coral Homes SL.
También se ha dado a conocer el nombre de los grandes tenedores que acumulan más expedientes abiertos por presuntos incumplimientos de la obligación de ofrecer alquiler social”, que son: Divarian Propiedad, con 423 expedientes, y Promontoria Coliseum Real Estate, con 221 El resto son el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, con 87, Coral Homes, con 74, y Gramina Homes, SL, con 44.
En este sentido, el conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, ha remarcado que "con estas medidas adicionales a las sanciones económicas, esperamos lograr el efecto disuasorio que debe tener la actividad sancionadora de la Administración".
Obligación legal
La normativa establece que las personas físicas o jurídicas consideradas grandes tenedores deben ofrecer un alquiler social antes de interponer cualquier demanda de ejecución hipotecaria o desahucio, o bien antes de adquirir una vivienda fruto de un acuerdo de compensación o dación en pago cuando la unidad de convivencia de una vivienda se encuentra en situación de riesgo de exclusión residencial por nivel de ingresos.
Además, la Ley 1/2022 de 3 de marzo amplió esta protección a todos los ocupantes de viviendas sin título jurídico habilitante, ya sea por vencimiento de su contrato de arrendamiento, por haber sufrido un proceso de reclamación de una deuda hipotecaria o por haber ocupado una vivienda vacía de una entidad financiera o fondos de inversión.
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