El Gobierno tendrá en cuenta por primera vez las preocupaciones y reservas de comunidades locales o personas que de alguna manera se vean amenazadas por un proyecto de energía renovable antes de autorizar una subasta para adjudicar a determinadas empresas explotar un recurso verde. La novedad ha quedado reflejada en el borrador del real decreto con el que el Ministerio para la Transición Ecológica regulará la eólica marina, para otorgar capacidad de generación y definir el sistema de retribución de una tecnología que todavía no existe en España pero que quedó diseñada el año pasado dentro de los Planes del Ordenación del Espacio Marino (POEM), que abrieron la puerta a instalar aerogeneradores en un espacio de hasta 5.000 kilómetros cuadrados a lo largo de la costa española. Este lunes se han conocido las condiciones a las que los promotores podrán optar a estos parques y entre ellos figura  como novedad que antes se consultará a comunidades y personas afectadas.

El borrador del real decreto establece un régimen de "concurrencia competitiva" entre los promotores que quieran acceder a derechos para explotar las zonas marítimas donde esté permitida la generar eólica marina, mediante una subasta que diseñará el Ministerio y para el que "se podrá realizar un diálogo público-privado en el que participen los sectores afectados por las instalaciones renovables marinas". El objetivo será "completar la definición de las características y los requisitos que deben cumplir las instalaciones, así como los detalles del procedimiento de concurrencia competitiva, de forma que se favorezca su aceptación social y su integración con otros usos del mar, incrementando sus externalidades positivas y fomentando asimismo el desarrollo industrial de las zonas afectadas".

Así, la correspondiente Orden Ministerial que regule las subastas de eólica marina determinará aspectos ordinarios como qué potencia se adjudicará, dónde se ubicarán los aerogeneradores o las tecnologías que se utilizarán y también podrá contemplar los "comentarios o propuestas de mejora" que los "interesados pertenecientes a los sectores afectados por las instalaciones renovables marinas" puedan remitir para que "aspectos, parámetros o criterios" que "puedan ser redefinidos o modificados".

El real decreto que prepara el Ministerio y que este lunes ha salido a consulta pública indica que este proceso de participación se producirá "adicionalmente" a los procedimientos de consulta pública y alegaciones que ya prevé la ley y podrá formar parte del diseño de las subastas de eólica marina. Podrán hacer comentarios acerca del lugar donde se instalen los aerogeneradores, el cupo de potencia, aspectos que deban tenerse en cuenta en diseño, construcción, explotación y desmantelamiento o su compatibilidad con otros usos del mar en las zonas delimitadas, como la pesca. También sobre qué criterios de ponderación deberán incluir las subastas en relación al "impacto socioeconómico del proyecto".

La Secretaría de Estado podrá incorporar total o parcialmente las propuestas de las comunidades locales y se valorará que sean "concretas, factibles y estén adecuadamente justificadas" y después los promotores podrán hacer comentarios a estas valoraciones y peticiones.

En mar desde el origen

Se trata de la primera vez que el despliegue de renovables en España tiene en cuenta desde el origen mismo del procedimiento lo que tengan que decir comunidades locales y otros afectados y Transición Ecológica ha empezado por la eólica marina, una tecnología que arrancará ahora desde el principio. 

"En tierra nos lo encontramos todo articulado, pero en el mar empezamos desde el principio", ha dicho este lunes la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, durante la presentación por parte de la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS) de unas jornadas de diálogo entre promotores, desarrolladores y comunidades que, de un modo u otro forman parte de un desarrollo de la energía fotovoltaica y eólica que Ribera ha reconocido que supone "aprovechar el potencial" que en España ofrecen el sol y el viento para generar electricidad de forma limpia pero que también provoca rechazos. En el caso de la eólica marina, protestas de los pescadores gallegos y asturianos tras la aprobación de los POEM que ubicaba la zona donde pesca la mayoría de las zonas donde se permitirán los aerogeneradores flotantes.

"También ha que reflexionar sobre lo que representa en el territorio. Se suscitan dudas sobre cómo, dónde y de qué manera y cómo se puede beneficiar a las comunidades locales", ha dicho Ribera, que por lo que respecta a la implantación de renovables en tierra firme en enero anunció que convocaría a promotores, comunidades y administraciones para estudiar cómo puede hacerse un "despliegue ordenado". La iniciativa, que fuentes del Ministerio dijeron que sería inminente, parece que está ahora a punto de echar a andar. Ribera ha afirmado este lunes que "en las próximas semanas" empezarán a organizarse unos grupos de diálogo que trabajarán a lo largo de nueve sesiones. "Hay un cambios social en el que se requiere información y hay que hacerlo lo mejor posible", ha dicho Ribera, que ha esperado que se pueda dar un debate parecido al organizado por REDS, pero "de forma más institucionalizada y espero que no más aburrida".

Puntos por el impacto sobre el paisaje o el empleo

En el caso de eólica marina, el Ministerio fijará requisitos "objetivos" que deberán cumplir los promotores para ser adjudicatarios en una subasta y también deberán superar una puntuación en función del grado de cumplimiento de otros criterios "no económicos" que pesarán en el 30% de la puntuación final y que, de nuevo, están muy relacionados con los efectos sobre las comunidades más cercanas.

Según dice el borrador, podrán tener que ver con qué espacio ocuparán los aerogeneradores, su número o la distancia a la costa o estar relacionados con el impacto medioambiental y sobre el paisaje, como si incluyen medidas para minimizarlo o sobre medidas para minimizar el impacto medioambiental y paisajístico.

Los proyectos también serán puntuados en función con su "impacto socioeconómico", el desarrollo industrial y económico que pueda derivarse de él, su impacto en el empleo y cadena de valor industrial local, regional, nacional y comunitaria o si contempla la participación de pymes. Se les exigirá también que desmantelen los aerogeneradores al final de su vida útil.

También como novedad, el Ministerio abre la puerta a que las subastas de eólica marina no cuente con un precio de reserva -el tope que está dispuesto a pagar por cada MWh- que no sea secreto como hasta ahora, y tal y como reclamaba el sector. "En aquellos casos en que el precio de reserva no sea confidencial, la orden por la que se regule el procedimiento de concurrencia competitiva podrá establecer mecanismos para garantizar la efectiva competencia en dicho procedimiento", dice el borrador sometido a subasta pública desde este lunes hasta el 25 de marzo, que establece que también podrá haber un precio máximo o "de riesgo" -este sí, confidencial-.

Los adjudicatarios de las subastas tendrán una garantía de acceso a la red eléctrica para evacuar la electricidad generada con eólica marina pero no el acceso y conexión a la red, de modo que tendrán que solicitar la concesión según el procedimiento vigente.