Continúa la presión a Junts para que aprobar la ley de amnistía, cuyas negociaciones podrán alargarse como mucho hasta el próximo 7 de marzo. El Gobierno, encabezado por el propio presidente Pedro Sánchez, está seguro de que para entonces habrá habido luz verde al acuerdo con los de Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat fugado de la Justicia. Desde el PSOE defienden que no entenderían "políticamente" otro escenario porque, aseguran, los posconvergentes se hundirían en las elecciones catalanas si la ley decae por su voto negativo. Además, señalan que existen divergencias dentro de las filas de Puigdemont sobre cómo actuar.
En el ala socialista del Gobierno no contemplan la posibilidad de que Junts termine cumpliendo su amenaza y haga decaer la ley de amnistía, lo que dificultaría las intenciones de Sánchez de aprobar presupuestos y, por tanto, finalizar la legislatura -cuya fecha de fin data de 2027-. Las fuentes consultadas exponen que no habría una explicación política racional a que la formación de Puigdemont rechazase la medida de gracia, que beneficiará a 400 personas, según los proponentes: desde el propio Puigdemont hasta directores de colegios que abrieron el 1 de octubre de 2017 -fecha del referéndum ilegal-, pasando por cargos intermedios de la Generalitat que también están encausados.
En este sentido, las mismas fuentes exponen una divergencia de opiniones dentro de Junts. "Están los que quieren y los que piensan que les van a imputar por terrorismo", define un alto cargo del Gobierno. En la formación independentista temen que el expresident quede fuera de la medida de gracia en caso de que sea imputado por terrorismo o alta traición, delitos por los que los jueces pretenden investigarle en las causas de Tsunami Democràtic o Voloh y no incluidos en la medida de gracia. En el caso del terrorismo, el PSOE cedió y lo incluyó en la ley, siempre y cuando no supusiera una violación "grave" de los Derechos Humanos. Eso sí, públicamente los cargos de Junts han mostrado su apoyo cerrado a no apoyar la ley si la amnistía no es "integral".
Así las cosas, en el ala socialista van más allá y vaticinan un descalabro del partido de Puigdemont en las elecciones catalanas si no apoyan la ley. Eso sí, descartan una convocatoria electoral pronta en Cataluña. La decisión es, en exclusiva, del actual president, Pere Aragonès. Apuntan a que su decisión de intentar aprobar los Presupuestos de la autonomía no indica que esté pensando en una convocatoria anticipada -la fecha límite es el mes de febrero de 2025-. Eso sí, el president también se ha sumado en las últimas semanas a las presiones públicas a Puigdemont para que ceda y apruebe la ley tal y como está. "Cada día que pasa sin amnistía es un día más con represión. No se puede demorar en el tiempo", dijo hace cinco días.
La estrategia de presión del Gobierno se ha intensificado estos últimos días. "Si los que se van a beneficiar no la apoyan, ellos verán", resumía el pasado martes otro ministro socialistas, que insistía en la idea de que el PSOE no cuenta con ningún implicado en causas judiciales por el procés independentista y que añade que el Gobierno "seguirá gobernando con o sin amnistía". En público, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, también apuntó que "nadie entendería que esa ley no se aprobase". "Especialmente en Cataluña", dijo.
Cabe recordar que el plazo para un nuevo acuerdo finalizaba este miércoles, pero el lunes la Mesa del Congreso aceptó, con los votos de los socialistas y sus socios de coalición -Sumar-, la prórroga solicitada por el PSOE para que la Comisión de Justicia emita un nuevo dictamen sobre la proposición de ley de amnistía, fijando el 7 de marzo como fecha límite. Para entonces, PSOE y Junts deberán haber llegado a un acuerdo o, de lo contrario, la norma decaerá definitivamente.
Comentarios