La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida por su acrónimo Sareb, ha revelado que cuenta con unas 3.600 viviendas que están okupadas por familias no vulnerables o que no quieren regularizar su situación.
Javier Torres, presidente de la Sareb, así lo revela en un informe sobre el reto de la vivienda publicado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), recogido por el portal especializado en vivienda Idealista.
"Hemos identificado 3.600 viviendas en las que residen familias no vulnerables o que no quieren colaborar, por lo que ya hemos activado los procedimientos para recuperar la posesión de estas viviendas", dice.
La Sareb dispone, según sus propios datos, de 9.000 inmuebles disponibles para su comercialización, mientras que otros 12.000 se encuentran pendientes de recibir el certificado energético, la licencia de primera ocupación o de alguna obra menor.
El Sareb explica en su informe que hace año y medio lanzó un Plan de Acompañamiento Social, un programa al que ya se han unido más de 6.000 familias a través de un contrato de alquiler social y que cuenta con otros 1.000 casos en fase de estudio.
"Consiste en realizar a cada residente sin título un scoring o evaluación de su eventual grado de vulnerabilidad. Esto se lleva a cabo por trabajadores sociales especializados contratados específicamente para este Programa y se realiza visitando, puerta a puerta, a cada familia", dice el informe.
"Con frecuencia es necesario repetir la visita en distintos horarios para contactar con los residentes. En aquellos casos en que la familia colabora aportando la información solicitada y el resultado del scoring es positivo, se ofrece a la familia la suscripción de un contrato de alquiler social sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) topando la renta del alquiler para que esta no supere el 30% de sus ingresos", prosigue.
"La firma de este contrato, que supone la regularización de la situación de estas familias, se condiciona a su compromiso por participar en un plan de acompañamiento social y en un plan de inserción laboral cuyo propósito es poner las bases para que las familias superen su situación de vulnerabilidad", añade el informe.
"El objetivo de estos programas es proporcionar los medios para que las familias puedan superar su condición de partida de vulnerabilidad y mejorar su situación sociolaboral. Una vez al año se revisa la situación de cada familia y se actualiza la renta mensual de alquiler adaptándola a las variaciones que se hayan podido registrar en sus ingresos", recoge el texto.
Es este el plan al que 3.600 familias no se han adherido, bien porque no cumplen los requisitos para ser consideradas vulnerables o porque, directamente, no están interesadas en regularizar su situación, por lo que la Sareb ha iniciado el procedimiento de desahucio.
"En el caso de las familias que no resultan ser consideradas vulnerables o que tras varios intentos no colaboran con los trabajadores sociales de Sareb, se promueve la recuperación de la vivienda, gestión que, en un 80% de los casos, se realiza de forma amistosa, recurriendo en el resto de los casos a los tribunales de justicia aplicando procedimientos muy garantistas y pautados, aprovechando toda la información y la traza de las gestiones realizadas (con expedientes muy bien documentados). Esto último deberá reducir la suspensión de los procedimientos de lanzamiento", dice Torres.
El informe de Sareb dice que "la cartera de viviendas ocupadas sin título no solo no genera ningún ingreso, sino que las viviendas suelen sufrir una acusada degradación, no solo del entorno vecinal sino de las propias viviendas. Además, Sareb tiene que seguir haciendo frente a los gastos del IBI, comunidades de vecinos, etc".
"Sin embargo, una vez que se suscriben los contratos de alquiler social, cuya renta promedio en su etapa inicial se sitúa en el entorno de los 200 euros al mes, Sareb empieza a percibir ingresos que, aunque sean de una cuantía limitada, son suficientes para cubrir los gastos, así como el coste de los trabajadores sociales dejando un saldo residual modesto, aunque positivo", prosigue el texto.
"La situación de partida, con carteras de viviendas ocupadas sin título no gestionadas, la perspectiva de tener que abandonar la vivienda si prospera un desahucio no es la mejor para incentivar un uso responsable y respetuoso de sus instalaciones", dice el informe.
"La experiencia de Sareb tras la recuperación de viviendas una vez se ejecuta el lanzamiento de sus ocupantes es muy negativa. Esa es la razón por la que la valoración de las carteras de viviendas ocupadas sin título refleje en el mercado mayorista unos descuentos del 65%-70% sobre lo que sería su valor teórico como vivienda libre", prosigue.
"Sin embargo, en el caso de carteras de viviendas en las que se ha regularizado a los residentes con contratos de alquiler social, los mercados mayoristas aplican unos descuentos del 30%-35% sobre su valor teórico como vivienda libre. Es decir, se produce una mejora en la valoración equivalente al 30%-40% de su valor de referencia como vivienda libre", concluye el informe.
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