El pasado mes de diciembre una delegación de eurodiputados visitaron Cataluña para testar la presencia del bilingüismo en los centros educativos, y ahora ya han elaborado un informe en el que se centran en dos ideas básicas que ya anticiparon hace meses. Por una parte, exigen "igualdad de trato" al español y al catalán en la escuela y por otro aseguran que ese equilibrio de las dos lenguas "es un derecho constitucional". A su vuelta, de hecho, dijeron que el catalán "no está en peligro" y es algo que ahora mantienen en el documento -adelantado por ACN y al que ha tenido acceso 20minutos, el cual se debate este miércoles en la Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo.
"El sistema educativo en Cataluña debe dar el mismo trato al castellano y al catalán como lenguas vehiculares", expone el informe, que todavía tiene que ser aprobado. Por otro lado, también habla de "intimidación" y "discurso de odio" contra las familias que han reclamado el 25% de castellano en los tribunales. En este sentido, recuerdan "el derecho a recibir enseñanza en español está consagrado en la Constitución española en su artículo 3, que establece la oficialidad del castellano en toda España". Ya se han dado, con todo, las primeras reacciones. "Nos ha llevado años de trabajo, pero el Parlamento Europeo emitirá un informe histórico sobre la inmersión obligatoria en catalán, con conclusiones y recomendaciones contra la discriminación del español en la educación obligatoria", sostuvo la eurodiputada de Cs, Maite Pagaza.
Asimismo, los eurodiputados, que estuvieron en Cataluña entre los pasados 18 y 20 de diciembre, piden al Gobierno de Sánchez que esté alerta. Considera que es necesario que las autoridades "vigilen estrechamente si en la organización de los sistemas educativos en Cataluña se respeta un contenido equilibrado de la enseñanza de las lenguas y se da un trato igualitario a las lenguas cooficiales, y si la educación se alcanzan los objetivos en ambas lenguas cooficiales".
El texto incide además en el hecho de que el catalán no se encuentra como lengua en una posición de desventaja respecto al castellano, y se apoyan los eurodiputados en la estructura constitucional de la propia UE. "El respeto de la diversidad lingüística y cultural es una de las piedras angulares de la UE consagrada en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea y que cualquier discriminación basada en la lengua está explícitamente prohibida en virtud del artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea", exponen en el documento que se debatirá este miércoles en Bruselas.
Los eurodiputados recogieron las quejas de colectivos de padres y madres que precisamente denunciaban la desigualdad, o más bien el favoritismo hacia el catalán. Así, reclaman que se vigile la acción de la Alta Inspección Educativa en Cataluña y al mismo tiempo se atiendan las demandas de las familias que quieren "recibir las comunicaciones [escolares] en castellano" y no solamente en catalán, como, aseguran, sucede en la mayoría de ocasiones.
En el informe de la comisión de Peticiones del PE pediremos el mismo tratamiento para el español y el catalán como lengua vehicular de la enseñanza y medidas para compensar las deficiencias en cualquiera de las lenguas tal y como recoge la ley española. (1/5)
— Maite Pagazaurtundúa (@maitepagaza) February 13, 2024
En ese escenario, el documento pide al Ejecutivo central que "siga de cerca la aplicación en Cataluña del artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, especialmente en relación con el respeto de las autoridades regionales por la diversidad cultural y lingüística, y que tenga en cuenta estos resultados en su próximo informe sobre el Estado de derecho".
En diciembre las quejas llegaron sobre todo del lado independentista por el envío de la misión. Es más, el expresidente catalán y eurodiputado de JxCat, Carles Puigdemont, dirigió una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para alertar del "mal uso" de recursos que suponía esa visita, de la que formaron parte eurodiputados de PP, Vox y Cs, entre ellos la propia presidenta de PETI, Dolors Monteserrat. En su momento según los eurodiputados de JxCat, el "único objetivo" de Montserrat es publicar un "informe sesgado", con el fin de lanzar "una campaña de propaganda y promover un discurso del odio contra el sistema educativo catalán y la lengua catalana".
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