El Tribunal Supremo ha abierto una causa al senador de Coalición Canaria Pedro San Ginés por delitos de denuncia falsa y falso testimonio en relación a una denuncia sobre supuestas irregularidades en la contratación pública en Lanzarote que realizó en 2009 con "ánimo de faltar a la verdad", según ha apuntado la Fiscalía.
Será el magistrado, Vicente Magro, el encargado de dirigir la investigación contra el expresidente del Cabildo Insular de Lanzarote, después de que el Supremo haya recibido una exposición razonada del Juzgado de lo Penal número tres de Arrecife, que fue quien estaba al frente del caso. Esta institución se dirigió al Supremo después de que San Ginés adquiriese la condición de Senador por Canarias y, por tanto, pasase a ser aforado ante el alto tribunal.
La Sala de lo Penal ha constatado que existen indicios de que el procesado pudo haber cometido los delitos por los que le acusa la Fiscalía, que pide un año y medio de prisión e inhabilitación durante el tiempo de la condena.
Los hechos
El suceso se remonta a 2009, cuando San Ginés ostentaba el cargo de presidente del Cabildo Insular de Lanzarote y del Ente Público de Empresa Local (Centro de Artes, Cultura y Turismo). El ahora senador compareció voluntariamente ante las dependencias policiales de Costa Teguise para denunciar unas irregularidades en la contratación de determinados servicios cometidas por diversas personas, si bien, según la Fiscalía, narró dichas irregularidades "con ánimo de faltar a la verdad objetiva, y con manifiesto desprecio hacia la misma".
Después, declaró como testigo en las actuaciones judiciales abiertas por su denuncia y, "previo juramento o promesa de decir verdad", sostiene la Fiscalía, "volvió a manifestar, faltando a la verdad objetiva, las mismas irregularidades en la contratación de servicios imputadas". Diez años después volvió a declarar y mantuvo las anteriores imputaciones; a los pocos días esa causa fue sobreseída provisionalmente.
Este no es el primer procedimiento judicial en el que se ve envuelto San Ginés; en 2022 un juzgado de Arrecife le absolvió tras un juicio celebrado por la incautación en 2014 de la planta desaladora de la empresa Club Lanzarote, en Montaña Roja.
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