El PP niega haber buscado el apoyo de ERC para la investidura de Feijóo, como sí afirma la fugada Marta Rovira

La secretaria general de ERC, Marta Rovira.
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La secretaria general de ERC, Marta Rovira.
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ERC - Archivo

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha asegurado en la mañana de este martes que el diputado del PP en el Congreso Carlos Floriano buscó apoyos del partido independentista "para conformar una mayoría" en la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, fuentes del PP niegan rotundamente que dichos contactos se mantuvieran con tales fines y justifican que el diputado comentó "de manera informal y coloquial" que deberían dejar gobernar a la lista más votada.

En una entrevista concedida esta mañana en SER Catalunya, la número dos ha contado que el 'popular' se dirigió a la diputada Teresa Jordà: "Nos propuso negociar, que hablásemos, que querían formar una mayoría. Nosotros le respondimos que no, que no negociamos con el PP. Que sólo había la posibilidad de formar un bloque, el bloque democrático", ha añadido.

El PP desmiente estas afirmaciones y asegura que Carlos Floriano "no recibió encomienda alguna" para plantear los apoyos para la investidura del Feijóo. Desde el partido, insisten en que la exdiputada del Parlament, fugada desde 2018, debería regresar a España para ser juzgada.

La catalana se fugó a Suiza en 2018 después de ser citada en el Tribunal Supremo por su participación en el 1-O, una huida que ella misma denominó "el camino del exilio". Seis años después, Rovira ha sido imputada por la Audiencia Nacional por posibles delitos de terrorismo asociados a la organización de Tsunami Demòcratic.

Después de la imputación, el juez instructor del caso, Manuel García Castellón pidió a las autoridades competentes de Suiza "datos" de la fugada para poder localizarla, mediante una solicitud de auxilio judicial, apuntando hacia el uso de armas por parte de la organización.

Las revelaciones de Rovira sobre el PP se suman a las informaciones sobre los contactos del PP con Junts en los que estudió durante 24 horas la legalidad de la ley de amnistía, antes de descartarla, y a la polémica por la presunta disposición de Núñez Feijóo a un indulto condicionado al expresidente catalán Carles Puigdemont.

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