Una semana después de que llegara la revuelta agrícola a España—comenzó a finales de año en otros países europeos—, el PP redobla su apoyo a este sector que protesta contra el Pacto Verde Europeo y pide frenar las negociaciones de acuerdos entre la Unión Europea, entre otras reivindicaciones. Este miércoles, los populares han elevado el tono y han salido en tromba con el objetivo de retratar al Gobierno en sede parlamentaria.

El primero el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que por primera vez ha adoptado el discurso próximo al de Vox al acusar a Pedro Sánchez de "dogmatismo ambiental" cuando "la gran dificultad del campo no está solo en Bruselas, sino en la bancada del Gobierno". En esta línea se han movido el resto de diputados, que han focalizado sus quejas en el desinterés del Gobierno sobre este asunto ya que "solo le preocupa la amnistía". Dos día antes, los populares anunciaban su propio plan de choque con las comunidades del PP por la crisis del campo. 

"La gran dificultad del campo no está solo en Bruselas, está sentada en la bancada de su Gobierno", ha reprochado Feijóo a Pedro Sánchez a quien también le ha criticado que no muestre interés al no ser la prioridad de sus socios de Gobierno: "Mostraría interés real por el campo si Míriam Nogueras fuese agricultora o Carles Puigdemont estuviese sentado al tractor". Otros diputados se han sumado a esta tesis. "Si para Puigdemont fuese un sector prioritario, todo cambiaría: se flexibilizaría la PAC, lucharíamos contra la sequía o incluso se revisaría la Ley de la cadena alimentaria", ha señalado la secretaria general Macarena Montesinos, tras añadir que el Gobierno se "corrompió pagando impunidad por investidura mientras el sector primario sufría".

También ha acusado al ministro de Agricultura, Luis Planas, de no defender a los agricultores de los ataques a sus camiones en Francia ni de las críticas de los socialistas franceses a los productos españoles porque el Gobierno ha estado "más ocupado en amnistiar delincuentes que en defender y luchar por los intereses de agricultores, pescadores y de la industria alimentaria".

Al tiempo en que el PP avisa a Sánchez que la "España real se siente desatendida" y "los españoles sin antecedentes penales también requieren de su atención", el presidente del Gobierno ha reaccionado anunciando que reforzará la ley de Cadena Alimentaria, con la que se prohíben las ventas a pérdidas, mientras que ha rechazado recetas que supongan el "negacionismo climático".

Y ante las críticas que ha recibido de la oposición en este asunto durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Sánchez ha destacado que desde 2022 se han desplegado 1.380 millones de euros en ayudas directas, otros 2.800 millones para la modernización del regadío y 4.800 millones en ayudas a las explotaciones agrarias ligados a la Política Agraria Común (PAC).