El Ministerio de Trabajo capitaneado por Yolanda Díaz quiere llevar este martes al Consejo de Ministros la trasposición de la directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles. El texto está acordado en la mayoría de sus puntos, pero las dos alas del Gobierno chocan en una cuestión clave: las condiciones de trabajo de los trabajadores a tiempo parcial y cuándo y de qué forma pueden modificarse.

Desde el departamento de Díaz sostienen que el texto debe incluir una cláusula específica que asegure que las empresas no podrán rebajar unilateralmente las horas de trabajo a los empleados a tiempo parcial y, de forma proporcional, su salario. El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, señaló el lunes que "no hay acuerdo en este momento con el PSOE en algunos aspectos concretos de la directiva", de los cuales "el más importante" es ese punto.

"Es esencial que en el marco de la trasposición de esa directiva se incluya una regla que, igual que se impide transformar unilateralmente un contrato completo a tiempo parcial o viceversa por la empresa, se impida rebajar la jornada o ampliarla en estos casos con bajada del salario proporcional", señaló Pérez Rey a preguntas de la prensa tras reunirse con los sindicatos para negociar sobre los subsidios de desempleo. "Para nosotros, esta es una regla firmemente defendida desde que hemos iniciado la tramitación. Tiene que incorporarse necesariamente al texto final que traslademos a las cortes generales", añadió.

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Fuentes de la negociación trasladan a este periódico que hasta ahora todos los borradores para transponer esta directiva habían establecido expresamente que ese tipo de cambios en las horas trabajadas a tiempo parcial requiere acuerdo expreso de ambas partes, salvo en casos excepcionales como los procedimientos de despido colectivo.

Agregan que, en principio, el disenso que se producía era con la patronal —partidaria de más flexibilidad—, pero que ahora se ha extendido al seno del Gobierno. Desde los sindicatos trasladan que, si la directiva se traspone sin la certeza de que no habrá modificación unilateral de condiciones, denunciarán a España ante la Comisión Europea.

La directiva de condiciones laborales transparentes y previsibles fue adoptada en 2019 por el Consejo de la UE y lleva pendiente de trasposición a España desde agosto de 2022. Un retraso que le ha supuesto al país dos requerimientos por parte de las autoridades europeas. La norma garantiza unos "derechos mínimos" que deben ser aplicables a todos los trabajadores de la UE que tengan un contrato de trabajo. 

La idea es que todos los empleados conozcan desde el principio de su relación laboral cuestiones como el lugar o la naturaleza del trabajo, la retribución inicial o la duración de las vacaciones pagadas o la duración de la jornada o semana laboral.