Un total de 1.134 euros al mes: en esa cifra se va a situar el salario mínimo interprofesional (SMI) en España, tal como aprobará este martes el Consejo de Ministros. Y es una clasificación que el país lidera en el marco de la Unión Europea, al menos entre los principales Estados miembros (y usando como referencia catorce pagas, mientras el resto de países hacen el cálculo en base a 12). La variación desde 2017 coloca a España a la cabeza, con un aumento de un 54% en el SMI desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa.
A finales de 2017 el salario mínimo en España se situaba en 735 euros, y desde 2018, con la moción de censura, el aumento se ha convertido en una de las prioridades del Ejecutivo, a un ritmo mucho mayor que los países de nuestro entorno. Según los datos de Eurostat, solo Polonia supera a España en ese empujón al SMI: ha pasado de 453 euros al mes a 977 en total. El incremento es importante si se tiene en cuenta que Polonia es a nivel de población justo el país que sigue a España en la lista y además se trata de un Estado miembro de la UE que está entre los máximos beneficiarios de los fondos comunitarios.
En el caso de Alemania el aumento del SMI ha sido también relevante. En 2018 se situaba en 1.498 euros mientras que ahora ya alcanza los 2.054 euros al mes: la crecida es de un 37%. El porcentaje es bastante superior al que se ha dado en Francia, donde ha aumentado en un 19% solamente (ha pasado de 1.480 a 1.766 euros).
Por otro lado, los países del sur de la UE fueron los que más sufrieron la crisis del 2008, cuyos estragos se mantuvieron hasta el final de la década pasada. Grecia, por ejemplo, terminó su proceso de rescate en el año 2018 y las instituciones de la Unión tildaron de "éxito" todo ese camino, en un país que ha tenido que recuperarse con una reforma laboral que ha desatado huelgas importantes. Con todo, el país heleno ha visto cómo el SMI ha subido un 33%, hasta los 910 euros al mes (frente a los 683 euros de finales de 2017).
Portugal, que tuvo una recuperación económica más robusta, se acerca al porcentaje de aumento que ha tenido España. El SMI en el país vecino ha pasado de 649 euros hasta los 956, lo que supone una subida de un 47%. El último Gobierno liderado por Antonio Costa prometió seguir en ese camino, usando a España como referencia, pero su caída y el adelanto electoral -los comicios son el próximo 10 de marzo- han dejado esa agenda en pausa.
Eso sí, en los datos brutos casi nadie puede competir con los países conocidos como frugales. Un buen ejemplo de esto es Bélgica: su SMI ha subido un 30% en los últimos años, y ha pasado de 1.531 euros hasta los 1.994 en la actualidad. El mapa tiene de todo, incluso países miembros de la UE en los que no existe un salario mínimo como tal: Dinamarca, Italia, Austria, Finlandia y Suecia. En el caso italiano el debate ya está sobre la mesa, y divide de forma importante a los partidos políticos. Su estandarización no está de momento entre los planes del Gobierno de Giorgia Meloni.
En ese escenario, los Estados miembros de la UE llegaron a finales de 2024 a un acuerdo para aprobar una Directiva sobre la adecuación de los salarios mínimos legales, "con lo que contribuye a lograr unas condiciones de vida y de trabajo dignas para los trabajadores de Europa", resumieron los 27, en una iniciativa apadrinada entre otros por España. Esa norma establece procedimientos para la adecuación de los salarios mínimos legales, promueve la negociación colectiva sobre la fijación de los salarios y mejora el acceso efectivo a la protección del salario mínimo para aquellos trabajadores que tengan derecho a ello en virtud de la legislación nacional.
Se pide a los Estados miembros con salarios mínimos legales que establezcan un marco de procedimiento para fijarlos y actualizarlos de acuerdo a un conjunto de criterios claros. Las actualizaciones del salario mínimo legal se efectuarán al menos cada dos años. Por otro lado, la directiva busca aumentar el número de trabajadores cubiertos por la negociación colectiva sobre la fijación de salarios. Para conseguirlo, los países deben promover la capacidad de los interlocutores sociales para participar en negociaciones colectivas.
Además, el texto establece que los Estados miembros adoptarán medidas para mejorar el acceso efectivo de los trabajadores a la protección del salario mínimo legal. Entre ellas se incluyen controles por parte de las inspecciones de trabajo, información fácilmente accesible sobre la protección del salario mínimo, y el desarrollo de la capacidad de las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la legislación para tomar medidas contra los empleadores que incumplan la normativa.
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