El PP tumbará la senda de déficit del Gobierno el próximo miércoles en el Senado gracias a la mayoría absoluta con la que cuenta en la Cámara Alta. Así lo ha comunicado este lunes el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, en una rueda de prensa celebrada en la sede nacional del partido. El voto negativo de los populares amenaza con torpedear el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado en el que está inmerso el Gobierno. Los objetivos de estabilidad —también conocidos como senda de déficit— son un paso previo imprescindible para la elaboración de las cuentas públicas no solo del Estado, sino también de la administración regional y local.
Aunque el sentido del voto de los populares será 'no', el principal partido de la oposición se abre a reconsiderar su postura si el Ejecutivo cede a una serie de exigencias. La primera de ellas es una rebaja fiscal que incluya una deflactación del IRPF —es decir, una adaptación de los tramos del impuesto a la subida de la inflación o los salarios—, una bajada de impuestos a la energía y ampliar la rebaja del IVA alimentario a la carne, el pescado y las conservas.
Además, el PP exigirá un reparto de los objetivos de déficit entre el Estado y las comunidades autónomas más favorable a las segundas. Los objetivos que aprobó el Gobierno permiten a las comunidades autónomas cerrar sus presupuestos con un desequilibrio entre ingresos y gasto como máximo del 0,1% sobre el PIB, mientras que el Estado se reserva un 2,7%, la Seguridad Social un 0,2% y las corporaciones locales un 0%. Juan Bravo plantea que un reparto equilibrado podría ser un 90% para el Estado y un 10% para las comunidades autónomas, lo que se traduciría en un límite de déficit del 0,3% sobre el PIB para el sector autonómico.
Los populares exigirán también que el Gobierno se comprometa a respetar la autonomía fiscal en el conjunto de las comunidades autónomas. Bravo ha criticado con dureza iniciativas como la de Sumar, que plantea crear un impuesto estatal para gravar las herencias en las comunidades autónomas que bonifiquen el tributo de sucesiones y donaciones.
Como última condición, el PP demandará al Gobierno que cree un fondo autonómico para financiar la educación, la sanidad y las políticas sociales de los gobiernos regionales. Aunque Bravo no ha querido mojarse con una cifra, sí ha señalado que la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya planteó en 2017 la creación de un instrumento similar dotado con 16.000 millones de euros. Este fondo afectaría además a todas las comunidades, no solo a las infrafinanciadas, ha apostillado Bravo.
La propia ministra de Hacienda ha reaccionado a las palabras de Bravo esta mañana. "La demagogia del PP para votar en contra de los objetivos de estabilidad no puede ocultar la realidad: las comunidades autónomas han recibido con el Gobierno de Pedro Sánchez los mayores recursos de su historia", ha señalado la responsable de Hacienda en un mensaje publicado en la red social X.
¿Caerán los presupuestos?
Si el PP veta la iniciativa del Gobierno en el Senado, la senda de déficit deberá pasar de nuevo por Consejo de Ministros y atravesar de nuevo el filtro del Congreso de los Diputados, que superó por los pelos la última vez. La duda está en qué ocurrirá cuando el Ejecutivo se encuentre de ante el muro del PP en el Senado por segunda vez.
La falta de precedentes ante esta situación ha abierto la puerta a diferentes interpretaciones sobre cuál sería el destino de las cuentas públicas. El PP sostiene que un segundo veto en el Senado pondría fin al proceso presupuestario del Estado. Sin embargo, la ministra Montero afirma que en este caso se aplicarían los objetivos de déficit que el Gobierno remitió a Bruselas el pasado mes de abril en su Programa de Estabilidad.
La vicepresidenta primera dice tener un informe de la Abogacía del Estado —cuyo contenido no ha sido publicado— que avala su interpretación de la ley de estabilidad presupuestaria, la norma que regula el procedimiento. Además, el embrollo tiene una vuelta más. Y es que Montero sostiene que, de ser cierta la interpretación del PP, no solo decaerían los Presupuestos Generales del Estado, sino también los de las comunidades autónomas, gobernadas en su mayoría por los populares.
Bravo rechaza esta interpretación y se aferra al precedente de las entregas a cuenta en 2019. En aquella fecha, el primer gobierno de Pedro Sánchez trataba de sacar adelante unos presupuestos que se estrellaron también contra una mayoría del PP en el Senado. Según relata Bravo, la ministra Montero también decía tener un informe de la Abogacía del Estado que avalaba que sin objetivos de estabilidad no podía haber entregas a cuenta. Sin embargo, el Estado sí pudo entregar a la administración regional y local los fondos correspondientes con cargo al sistema de financiación. De igual modo, el responsable económico del PP señala que las comunidades elaboraron sus presupuestos con un techo de gasto del 0,1% del PIB, que era la información de la que disponían en aquel momento.
Con todo, la falta de precedentes sobre el escenario que se daría si el Senado dice 'no' dos veces a los objetivos de estabilidad dificulta anticipar cómo se resolverá el conflicto. En caso de que prevaleciera la interpretación del PP, la única alternativa que le quedaría al Gobierno sería modificar la ley de estabilidad presupuestaria. Un extremo que alejaría aún más la aprobación de unas cuentas públicas que acumulan ya dos meses de retraso.
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