Hay dos asuntos en juego en la negociación que el Gobierno y el PP han retomado esta semana ante los ojos de la Comisión Europea: nombrar a quienes ocuparán el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante el próximo lustro y determinar cómo serán las próximas renovaciones. El segundo punto será sin duda el gran escollo de estas conversaciones, pero el primero tiene también una especial relevancia, dado que los vocales del próximo CGPJ deberán designar a casi 90 magistrados que ocupen los asientos vacíos de la cúpula judicial española. Todo ello, claro está, si Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo consiguen llegar por fin a un acuerdo.
"Será un Consejo muy poderoso, pero tendrá una tarea titánica por delante", admiten fuentes del actual CGPJ, caducado desde hace cinco años y dos meses. La acumulación de vacantes es el resultado de una reforma legal que el Gobierno impulsó en 2021 como manera de presionar a Pablo Casado, entonces a los mandos de Génova, para que se prestara a renovar el órgano de los jueces. PSOE y Unidas Podemos reformaron la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para impedir que el CGPJ nombre magistrados cuando su mandato ha caducado, y años después hay 86 vacantes en los altos tribunales del país.
La Constitución y la LOPJ otorgan al Consejo una larga lista de funciones que se resumen en el ingreso, la promoción, la inspección y la disciplina de la carrera judicial. Una parte esencial en el trabajo de los vocales del Consejo es escoger a los magistrados que ocupan la cúpula del Poder Judicial. Entre ellos, todos los del Tribunal Supremo, incluyendo el presidente, que lo es a su vez del CGPJ. Pero también a dos magistrados del Tribunal Constitucional y a presidentes de sala de la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de Justicia y las audiencias provinciales.
Dada la situación actual, fuentes jurídicas explican que, si se logra llegar a un pacto, el CGPJ resultante acumulará un poder prácticamente inédito y tendrá ante sí un gran reto: configurar una parte importante de la cúpula del Poder Judicial. Además, para el nombramiento de los presidentes de sala de los tribunales superiores, el Supremo y la Audiencia Nacional, el Pleno del órgano necesitará consenso: deberá lograr una mayoría de 3/5.
Más de un 30% de vacantes en el Supremo
La renovación del Consejo urge, precisamente, por el vaciamiento de los tribunales y el correspondiente retraso en el servicio de justicia. Mientras no se renueve el órgano de gobierno de los jueces, el Tribunal Supremo será el principal perjudicado. A día de hoy 24 de sus puestos están desocupados y pronto serán 25, en torno al 30% del total.
La Sala de lo Social, en la que quedan solo siete magistrados, debería contar con 13. Esta es la más minada, pero no la única que sufre el bloqueo del CGPJ. La Sala de lo Contencioso-Administrativo tiene un tercio de los puestos vacantes (11 de 33). La Sala de lo Militar tiene tres asientos vacíos, la de lo Civil tiene dos y la de lo Penal uno.
Un consejo "muy equilibrado"
Una de las pocas informaciones que han trascendido sobre la primera toma de contacto entre el Gobierno y el PP es que ambos coinciden en mantener la lista de candidatos del turno judicial que se aprobó en 2018. En diciembre de aquel año, cuando debió renovarse el Consejo, la Junta Electoral Central dio el visto bueno a la lista de 51 jueces entre los que Congreso y Senado debían designar a los 12 vocales del turno judicial. Según el actual modelo de elección, son las Cámaras quienes nombran al Consejo. Cada una de ellas vota seis magistrados y cuatro "juristas de reconocido prestigio", en el caso de los jueces partiendo de la propuesta previa de la carrera judicial.
Todo este proceso se llevó a cabo entonces y, cuando en 2022 hubo un acuerdo que estalló por los aires, Feijóo y Sánchez habían cerrado una lista con los 20 vocales y 12 suplentes que se disponían a elegir. Una lista que, según fuentes conocedoras de la negociación, es "profesional y alejada de influencias políticas". El hecho de que esos nombres no hayan trascendido, apuntan, "demuestra que PP y PSOE no han querido quemar los candidatos".
Con todo, el camino hacia la renovación del Consejo no ha hecho más que arrancar y, como en anteriores ocasiones, podría acabar en fracaso. La diferencia es que esta vez la Comisión Europea está ejerciendo un papel de mediación. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, es el encargado de supervisar las conversaciones entre Félix Bolaños y Esteban González Pons. Habrá que esperar a que el próximo encuentro, el 12 de febrero, propicie un mayor acercamiento entre las posturas del Gobierno y el PP.
El CGPJ denunciará este lunes los ataques a jueces
Este lunes, el Consejo General del Poder Judicial todavía en funciones celebrará un Pleno monográfico extraordinario a petición de nueve vocales conservadores -todos menos el presidente- que quieren forzar un pronunciamiento de la institución contra los ataques a los jueces. Será la respuesta a las críticas que se vertieron contra la carrera judicial desde el Congreso durante la votación de la amnistía.
En el hemiciclo del Congreso de los Diputados resonaron este martes los nombres propios de tres magistrados: el instructor de Tsunami Democràtic y los CDR, Manuel García Castellón, el del caso Voloh y la trama rusa del procés, Joaquin Aguirre, y el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. Los socios parlamentarios del PSOE y Sumar, su socio de gobierno, cargaron contra las decisiones de estos togados y los acusaron de parcialidad e incluso prevaricación.
El sector conservador del Consejo se propuso responder, como en anteriores ocasiones, la última en denuncia de las palabras de la ministra Teresa Ribera contra el instructor Manuel García Castellón. El miércoles, un día después de la votación, los nueve vocales trasladaron al presidente del Consejo la reclamación de un Pleno extraordinario. El documento ponía de relieve, además de los ataques, "la aquiescencia y mutismo" de Francina Armengol, presidenta de la Cámara.
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