El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha acudido a Bruselas para solicitar a la Comisión Europea (CE) que active su Fondo de Solidaridad para "catástrofes naturales" ante la sequía que Andalucía sufre desde hace cinco años y que está provocando ya un importante daño en la "actividad económica, el progreso y el bienestar de los ciudadanos". Una medida que, no obstante, tendrá que pedir oficialmente el Gobierno central, en quien el líder del Ejecutivo andaluz confía para que active todos los mecanismos necesarios para hacer frente a la falta de agua.
En su sexto viaje oficial a Bruselas desde su llegada a San Telmo, Moreno se reunió este martes con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič, a quien trasladó la necesidad de que se reconozca la "singularidad hídrica y climática" de la comunidad; así como la importancia de que se impulse una política común del agua desde Bruselas, una "batalla" que en Europa está "liderando Andalucía y creo que la vamos a ganar", afirmó el presidente.
En este punto, Moreno solicitó la activación del Fondo de Solidaridad de la CE para la llegada a Andalucía de recursos "exclusivos y finalistas", que se destinarían a hacer en un "corto periodo de tiempo" todas las obras hidráulicas posibles para consumo humano y para el tejido productivo, "agricultores, ganaderos y turismo".
La petición de este fondo, explicó el propio Moreno, tiene que ser tramitada por el Estado, por lo que el presidente andaluz se pondrá en contacto "inmediatamente" con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para hacerle llegar la solicitud. El Gobierno central, dijo, debe "jugar un papel a favor" y no se le pasa "por la cabeza" que desde Moncloa no se activen todos los procedimientos que facilita la UE para que las comunidades con problemas de agua, sobre todo Andalucía y Cataluña, tengan más recursos para abordar la sequía.
Pasos a seguir
El Fondo de Solidaridad europeo permite ayudar a los estados miembros o candidatos a hacer frente a los daños derivados de una emergencia de salud pública o una catástrofe natural grave, entre las que se incluyen las inundaciones, los incendios forestales, los terremotos y las sequías.
El país afectado es quien debe presentar la solicitud en un plazo de 12 semanas a partir de la catástrofe o, en el caso de un desastre de desarrollo progresivo, como es la sequía, desde que el Gobierno adopta las primeras medidas oficiales o desde que se declara el estado de emergencia. A partir de ese momento, la CE evalúa la petición y se propone un importe de ayuda.
En el caso de que la catástrofe natural sea regional, como sería el caso de Andalucía, el requisito para optar a estos fondos es haber sufrido unos daños directos superiores al 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB) regional.
Informe de daños
Moreno entregó al vicepresidente ejecutivo de la CE un detallado informe sobre los efectos que la falta de precipitaciones ha causado ya en la comunidad. Según el documento, la sequía tuvo en 2023 un coste equivalente al 2,1% del PIB andaluz, lo que se traduce en algo más de 4.270 millones de euros, cifra que para este 2024 se calcula en 4.525.
Además, tanto la producción agraria como la industria agroalimentaria, que supone una cuarta parte del tejido productivo andaluz, cayeron un 13%, frente al 2% nacional, con una merma del 7% en las hortalizas, del 9,6% en los frutales no cítricos y del 35,2% en los cereales. Mientras, el número de ocupados en el sector agrario descendió casi un 10%, y un 4,5% en la industria de la alimentación. La sequía también ha hecho disminuir el número de empresas agrarias un 3% y un 4% las empresas exportadoras.
Los daños en lo que a la población se refiere también son evidentes. Y es que, según el informe aportado por la Junta, 3,5 millones de habitantes, de los 8,5 que hay en Andalucía, viven en municipios en situación de emergencia y casi medio millón de personas no dispone de agua potable o están sufriendo cortes en el suministro. Concretamente, hay más de cien localidades con incidencias en el abastecimiento de agua, en 27 no hay agua potable y en más de una veintena hay restricciones por las noches. Limitaciones que Moreno ya anunció que se extenderán a las grandes ciudades este verano si no llueve de manera consecutiva durante al menos un mes.
Propuestas de la Mesa Social del Agua
Mientras, las organizaciones que componen la Mesa Social del Agua, entre las que destacan numerosos sindicatos, Facua y asociaciones ecologistas, presentaron este martes un documento en el que analizan la situación hídrica de Andalucía, así como sus reivindicaciones y propuestas para hacer frente a la sequía.
Entre ellas, la mesa ha reclamado a la Junta la puesta en marcha con carácter "inmediato" de las medidas recogidas en el Pacto Social y Económico firmado con el Gobierno andaluz en materia de seguridad hídrica. El foco, afirman, debería estar dirigido hacia la ·demanda y regulación" del agua, con iniciativas a corto plazo que provengan no solo de las administraciones competentes, sino también de los agentes sociales y económicos y de la organización civil organizada.
También abogan por un reparto "transparente" que tenga en cuenta las necesidades de pequeñas y medianas explotaciones y para ello apuestan por bancos públicos del agua, lo que requiere la "receptividad" de la Junta y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).
Además, las organizaciones reclaman planes de sequía que permitan anticiparse y saber qué se puede hacer en cada momento, y en esta línea denunciaron que "hay municipios que, aun teniendo la obligación de contar con este plan, no lo tienen". Por último, denunciaron el "deterioro" de la calidad del agua, la sobreexplotación de los acuíferos o los usos "ilegales" del agua.
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