Quedan pocas horas para que el Congreso vote la ley de amnistía y el Gobierno se muestra impasible pese a las amenazas vertidas por Junts de tumbar una ley en cuya redacción participaron si no se introducen más cambios con el fin de asegurar el blindaje de Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat fugado de la Justicia. Moncloa se limita a resaltar que el articulado, tal y como está ahora, es "constitucional" y cuenta con "seguridad jurídica", sin llegar a desvelar si el PSOE aceptará finalmente algunas de las propuestas de los posconvergentes para evitar una derrota parlamentaria que dejaría tocada la mayoría de la investidura.
"Es importante garantizar la seguridad jurídica y la constitucionalidad de la amnistía", ha lanzado Pilar Alegría, portavoz del Gobierno. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha resaltado en diferentes ocasiones que el actual redactado de la ley cuenta con "legalidad" y se ajusta "a la seguridad jurídica", dejando entrever que se inclinan por no aceptar las modificaciones de Junts pese a su amenaza con tumbar el texto y ganar tiempo para seguir negociando. Los cambios propuestos por los posconvergentes buscan ampliar dos meses más el periodo que abarque la amnistía -desde el 1 de noviembre de 2011- y añadir una disposición adicional para garantizar que la ley se aplique de forma "inmediata" una vez aprobada por las Cortes Generales. Además, también pretenden eliminar cualquier recoveco que impida que la medida de gracia beneficie a Carles Puigdemont.
Se entiende así la inclusión del terrorismo pactada por PSOE y Junts, que el martes pasado aprobaron en Comisión de Justicia incluir a los investigados y condenados por delitos de terrorismo relacionados con el procés siempre y cuando estas acciones no "hayan causado violaciones graves de Derechos Humanos". Cabe recordar que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha solicitado la imputación de Puigdemont -y también de la secretaria general de ERC, Marta Rovira- por terrorismo en el Tribunal Supremo por considerarles como el "vértice más alto" de la organización y una "posición de autoridad incuestionable" en Tsunami Democràtic, organización independentista promotora de las protestas.
Así, no se puede descartar ningún escenario. Porque las fuentes gubernamentales consultadas tampoco son tajantes sobre su negativa a llegar a un acuerdo de última hora con Junts. Tenga o no que ver con la amnistía, teniendo en cuenta que los decretos que salvaron a última hora hace pocas semanas fueron gracias a una negociación in extremis en la que se les concedió a los posconvergentes peticiones que nada tenían que ver con lo votado -véase el pacto para la delegación de competencias de migración a la Generalitat de Cataluña-.
Además, desde el Gobierno descartan ponerse en el escenario de una derrota parlamentaria ni sus posibles consecuencias para un Ejecutivo que fue votado en el Congreso por sus socios parlamentarios con la amnistía como principal moneda de cambio. "Aquí estamos para trabajar, para mejorar la vida de la gente y queremos adoptar medidas que mejoren la vida de los ciudadanos", ha sentenciado Alegría.
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