El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha señalado en un auto que Rusia ofreció "soporte económico y militar" al entorno de Carles Puigdemont para apoyar la causa independentista en un intento de desestabilizar la "democracia y la Unión Europea". El auto decreta la prórroga de la investigación que dirige el instructor Joaquín Aguirre por plazo de seis meses a contar desde el próximo 27 de febrero.
Según Aguirre, que dirige las pesquisas del caso Voloh y la conocida como 'trama rusa del procés', el expresident y su círculo próximo mantuvieron "estrechas relaciones personales" con miembros de los servicios secretos rusos y con políticos de la extrema derecha de Alemania e Italia. Entre los implicados, estarían el propio Puigdemont; el exresponsable de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas, el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, y el informático Jaume Cabaní.
El auto se ha conocido un día antes de que la amnistía se apruebe en el Congreso de los Diputados y podría poner en riesgo la inclusión del expresident catalán y los demás investigados bajo el paraguas de la medida de gracia. Así se deduce de la redacción actual de la proposición de ley, que excluye de la amnistía los delitos de "traición y contra la paz o independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional". En todo caso, el auto no recoge ningún indicio de que los independentistas compartieran con Rusia información confidencial ni llegaran a ningún acuerdo.
Conocían la intención de Rusia de invadir Ucrania
Según relata el auto, tras revisar abundante documentación el juez ha encontrado indicios de que los investigados -y en particular Terradellas- preveían el inicio de una guerra entre la UE y Rusia. En concreto, "según se desprende de algunos mensajes encontrados en el teléfono de Terradellas", se preveía el comienzo de la invasión de Ucrania y la consecuente limitación del suministro de gas a Europa.
El juez indica que este sería el primer paso de la estrategia del Kremlin para desestabilizar a la UE, lo que podría llevar a la independencia de Cataluña con apoyo de Rusia y, a su vez, a la salida de España de la Unión. En este sentido, el instructor subraya que queda mucha documentación que revisar y por ello ha decretado una prórroga para ahondar en las relaciones del independentismo con los ciudadanos rusos.
Aguirre destaca las declaraciones de la investigada Elsa Artadi, exdirigente de Junts, sobre dos presuntas reuniones con ciudadanos rusos. En la primera estuvieron presentes Terradellas, dos rusos y Artadi, que acudió para informar después a Puigdemont. La segunda, sin embargo, se produjo en el domicilio del expresident y en su presencia, tal y como relata la investigada. Tras este encuentro, según ha recabado el instructor, Puigdemont pidió a Terradellas y Artadi que continuaran las conversaciones con los rusos.
Una carta anónima con nuevos datos
El 28 de diciembre llegó a las manos de Joaquín Aguirre un sobre anónimo repleto de recortes de prensa del equipo de investigación internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project. Estos recortes contienen "datos recientes" que -según el juez- permiten confirmar los contactos del independentismo con Rusia y justifican la ampliación de la instrucción.
Los documentos señalan que el hombre al que recibió Carles Puigdemont en su domicilio era un antiguo diplomático ruso que, según los servicios secretos franceses, en aquel momento actuaba como "un actor de la diplomacia en la sombra a las órdenes directas de Vladimir Putin". Según los recortes, Terradellas fue quien facilitó la reunión, en la que el diplomático ofreció "varios miles de soldados y millones de dólares a cambio de que una Cataluña independiente fuera una Suiza de las criptomonedas".
"Resulta procesalmente necesario que alguna fuerza de seguridad del Estado o este mismo magistrado compruebe la veracidad de tales datos y si en los teléfonos de Victor Terradellas y otros investigados aparecen más datos relevantes que permitan obtener indicios relativos al soporte que pudo haber dado Rusia al proceso de independencia de Cataluña", concluye el magistrado.
Según la investigación a la que se refiere el magistrado, la mayoría de las promesas del diplomático ruso quedaron en nada, pero en una ocasión los catalanes recibieron un único bitcoin, valorado por aquel entonces en menos de 10.000 dólares.
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