Las instituciones de la Unión Europea han alcanzado este miércoles un acuerdo provisional para que la futura ley contra la trata de seres humanos a nivel comunitario abarque, entre otras cosas, la lucha contra la gestación subrogada, la adopción ilegal y el matrimonio forzado. Serán además delitos penalizados con cárcel de hasta 5 años o 10 si el delito es agravado, según se incluye en el pacto alcanzado en trílogo. Asimismo, la UE se compromete a trabajar en el marco de la norma para una mayo protección de las víctimas.
En el caso de la gestación subrogada cabe recordar que ya es ilegal en España, así como en la mayoría de los Estados miembros de la UE, pero sí es legal en Grecia o Portugal. Además, en Ucrania, que aspira a estar en la Unión, está legalizada para parejas heterosexuales y, evidentemente, el país tendría que adaptarse a esta nueva normativa una vez que entre a formar parte del bloque comunitario. Quien ya no está en la UE es Reino Unido, que también lo permite en algunos casos.
La ley, explican desde Bruselas, también pretende asegurarse de que las autoridades encargadas de la lucha contra la trata y las encargadas del asilo "coordinan sus actividades para que las víctimas de la trata, que también necesitan protección internacional, reciban el apoyo y la protección adecuados, y se respete su derecho de asilo". Añade, por otro lado, el paso de tipificar como delito el uso de servicios prestados por una víctima de un delito relacionado con la trata de seres humanos, cuando el "usuario sepa que la víctima es explotada, para reducir la demanda que impulsa la explotación".
En el marco de esta ley la UE también planea introducir sanciones para las empresas condenadas por trata, incluida su exclusión de los procesos de licitación y del reembolso de ayudas o subvenciones públicas, así como garantizar que los fiscales "puedan optar por no procesar a las víctimas por actos delictivos que fueron coaccionadas a cometer", y que reciban apoyo independientemente de si cooperan o no en las investigaciones.
En la Unión insisten los negociadores en garantizar el apoyo a las víctimas con un enfoque "que tenga en cuenta el género, la discapacidad y la infancia, y que se base en un enfoque interseccional", además de, añaden, garantizar los derechos de las personas con discapacidad y el apoyo adecuado, incluida la designación de tutores o representantes, a los menores no acompañados. Consideran al tiempo la posibilidad de permitir que los jueces consideren la difusión no consentida de imágenes o vídeos sexuales como circunstancia agravante a la hora de dictar sentencia.
"Como Parlamento, teníamos una posición ambiciosa y el Consejo se ha mostrado abierto al diálogo, con el empuje inicial de la Presidencia española. Todos hemos tenido que ceder, pero el resultado es bueno", resumió la española María Eugenia Rodríguez Palop, coponente de la norma en el Parlamento Europeo. "Hemos introducido, entre otras, la explotación de los vientres de alquiler, mejorado la prevención, reforzado la investigación y la persecución, así como la coordinación y el seguimiento, e incluido medidas para proteger, asistir y apoyar mejor a todas las víctimas". Y sentenció: "Hoy estamos un poco más cerca de acabar con esta forma de barbarie".
En la misma línea se pronunció la otra ponente, también del grupo de la Izquierda, la sueca Malin Bjork. "Refuerza la protección de las víctimas de la trata, con especial atención a las más vulnerables, incluidas las personas necesitadas de protección internacional, las mujeres y las niñas y los niños", expuso en rueda de prensa, y pidió a los Estados miembros que "intensifiquen su respuesta a la trata de seres humanos, incluyendo el mandato de coordinadores nacionales contra la trata".
"Hemos acordado hacer frente a la explotación de las víctimas de la trata en sus formas más evidentes. Aunque me hubiera gustado una prohibición más amplia de la explotación, incluida la sexual, esto ya es una mejora de la legislación actual. Nunca puede estar bien aprovecharse de las víctimas de la trata", terminó, y celebró un pacto que se acogió positivamente entre la presidencia belga del Consejo de la UE. "La trata de personas es un acto criminal que tiene un alto costo humano. Esta muy necesaria actualización de la directiva equipará mejor a los Estados miembros para luchar contra este terrible crimen en todas sus formas", expresó en un comunicado el ministro de Justicia, Paul Van Tigchelt.
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