Enhorabuena por su reciente premio en el Foro justicia y discapacidad. ¿Cómo lo recibió?¡Gracias! Pues de entrada me descolocó un poco, porque llevo tres años jubilada y tenía un poco olvidada lo que es la práctica, pero después tuve la sensación de que, de alguna manera, lo que había estado haciendo durante tantos años se había reconocido, que mi manera de trabajar había sido reconocida y que podía ser un acicate para los jueces que ahora tratan con temas de discapacidad, porque es verdad que fue una manera de trabajar un poco peculiar e innovadora en aquel entonces. Estoy muy agradecida, tanto a quien me ha otorgado el premio como a todos los profesionales que me han apoyado durante todo este tiempo, porque siempre ha sido una labor de equipo. 

El Foro la premió por su trayectoria y por ser pionera en el ámbito de la discapacidad y la justicia. ¿Cómo llegó a la discapacidad? ¿Fue elegido o casual?De casualidad. Primero fui abogada de derecho civil, después hice la oposición para juez y me destinaron a un juzgado de primera instancia, primero en La Laguna y luego en Madrid. Allí no hacía nada relacionado con la discapacidad. Pedí volver a San Sebastián y me tocó un juzgado civil, pero que hacía de todo porque no había juzgados especializados en discapacidad. Allí me tocaban muchos temas relacionados con la discapacidad, sobre todo demandas y resoluciones sobre incapacidades, internamientos psiquiátricos…

Lo hacía un poco con lo que había entonces, pero un día tuve que dar una charla, y como no sabía mucho del tema, me puse a estudiar. Al profundizar, me di cuenta de que no estábamos haciendo nada de lo que teníamos que hacer. Además, después de la charla, se me echaron encima los familiares reprochándome que no teníamos en cuenta a las personas, a las familias, que no hacíamos nada por cambiar la situación… Y me di cuenta de que tenía que trabajar de otra manera. 

¿Y qué cambios hizo?El primero fue darme cuenta de que tenía que haber un juzgado especializado, que no nos podíamos repartir los casos entre los siete juzgados que había, y me ofrecí a los compañeros para asumir yo misma la materia, sin dejar los otros casos. Entonces, empecé a replantearme toda la visión que teníamos sobre el tratamiento de la discapacidad, pensando en planes personalizados de ayuda, una atención más personalizada, respetando su autonomía… algo que luego se ha ido implantando poco a poco. 

¿Se encontró con alguna resistencia para hacer esos cambios? Porque la legislación aún no acompañaba…No, con ninguna, porque, aunque el Código civil era antiguo, ya existían elementos en los que apoyarnos para avanzar en los derechos de las personas con discapacidad, como la Constitución, que ya hablaba claramente de no discriminación, y a partir de 2008, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya formaba parte de nuestro ordenamiento jurídico interno. 
Sólo teníamos que hacer un esfuerzo de interpretación, hacer una interpretación más atrevida, como requerían los tiempos, porque muchas veces el Derecho no va a acorde con las demandas de la época en la que vive. 

Hoy en día se habla de facilitadores, intérpretes, pictogramas para que las personas con discapacidad tengan un mejor acceso a la justicia… ¿Cómo lo hacían hace 25 años?Lo que eran medidas para facilitar que las personas con discapacidad con dificultades para hacerlo pudieran trasladar su pensamiento (como intérpretes, facilitadores…) ya se utilizaban, porque está en la Constitución, pero es cierto que no tanto como ahora y, sobre todo, nos costaba más encontrar a las personas que nos ayudaran a interpretarlas.

En cuanto a facilitar que las personas con discapacidad lleguen al juzgado sin necesidad de mucho formalismo, es otra historia, porque en eso, precisamente, creo que lo tienen ahora más difícil. Ahora ya no se puede actuar de oficio, sino que hay que hay que actuar a través de la fiscalía, que está más atascada… Antes, cualquier persona que tuviera noticia de la posible existencia de una persona con discapacidad que necesitaba un apoyo, lo podía poner en conocimiento del juez, y el juez lo valoraba y podía actuar de oficio.

Y eso a mí me parece que es importante, porque, por ejemplo, a nosotros nos llegaban temas directamente de asociaciones, de temas de anorexia… y yo directamente valoraba el caso y podía ver qué pasaba. Ahora, este tipo de asuntos están mucho más desarrollados sobre el papel para poder actuar y los compañeros lo tienen más fácil, saben lo que tienen que hacer, pero si lo quieren hacer. 

¿Cuál diría que es el mayor paso que se ha dado en estos años?El reconocimiento expreso de la ‘no discriminación’. Antes ya estaba, porque estaba en la Constitución, pero ahora ya está papel sobre papel para que no quepa la menor duda. Y respeto a la autonomía de la persona con discapacidad, tratar de respetar siempre cuál sería la voluntad de la persona a la que queremos prestar alguna medida de apoyo y la personalización del apoyo para poder crear un plan concreto para cada persona. Y para poder hacerlo también es muy importante que esto se haga en equipo, con cercanía… para poder darle a cada persona lo que necesita, aunque para que eso sea así siempre, todavía nos queda un largo camino por recorrer.

¿Cómo ha influido la Convención de Naciones Unidas en este cambio de paradigma?Ha sido fundamental. En un primer momento, para poder interpretar la legislación que teníamos entonces, porque una vez que entra en vigor forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, y después para que nuestro ordenamiento jurídico se fuera adaptando a los derechos que se reflejan en esa Convención. La ley 8/2021 es el mejor ejemplo de ello. 

Desde su experiencia, ¿cómo juzga usted la Ley 8/2021?Con muchos claros y muchas sombras. Es muy positiva y tiene una exposición de motivos incontestable, pero, a la hora de ponerla en la práctica, se nos plantea muchísimas dificultades. Es una ley más de principios que una ley de funcionamiento.

Hay voces que aseguran que el hecho de eliminar las tutelas deja a algunas personas con determinados tipos de discapacidad un poco desprotegidas.Sí, porque esta ley que es como un desiderátum, que todos quisiéramos que fuera así, que es así idealmente, y a eso nadie la va a poner una pega. Pero si lo que realmente queremos es ser prácticos y ayudar, tenemos que bajar a la realidad, y la realidad es no siempre es complaciente, la realidad es que hay personas que para estar integradas y vivir mejor necesitan ayuda de otros, que alguien le apoye y no simplemente, dejar que se respete su voluntad y sus deseos. 

En general, ¿en qué casos sería así?Hay que matizar mucho, ver cuándo esto tiene que ser así… Está claro que en la discapacidad física siempre deber ser así, porque es un mundo aparte, y nunca se debe incapacitar -en los términos de antes- a una persona con discapacidad física, en estos casos hay que ponerles los apoyos y respetar su voluntad siempre. Yo, en 25 años, no incapacité a ninguna persona con discapacidad física, pero la intelectual es otra cosa, porque para poder elegir, hay que conocer, hay que comprender, hay que asimilar, y a veces, con ciertos tipos de discapacidad intelectual es difícil, es un poco ciencia ficción.

Con el apoyo adecuado, ¿todas las personas tienen la capacidad de decidir?Esa es la cuestión, porque por mucho que lo pongamos en un papel y queramos que sea la personas quien decida, es el apoyo el que tiene que decidir al final. Y con la enfermedad mental, que es a lo que me he dedicado mucho y que me preocupa, es lo mismo. Por mucho que yo quiera respetar su voluntad, hay veces que no puedo y no debo porque iría en contra de elementos como su salud o su dignidad.

En muchos casos, es la propia enfermedad la que le impide ver la realidad y le lleva, por ejemplo, a rechazar tratamientos. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Le dejamos que se gaste la pensión el primer día en una máquina? Y ahí está el ‘hueco’ de la ley, la realización práctica de este tipo de casos, la sombra… Yo espero que a medida que se vaya llevando a la práctica estos aspectos se pulan. 

¿Está bien pensada para la discapacidad física, pero no tanto para la intelectual o la social?Efectivamente, es una ley muy pensada para las personas con discapacidad física, pero que deja un poco desprotegida a la intelectual, y esto lo digo compartiendo todos los principios de la ley. Una persona, por muchas dificultades físicas que tenga, con los apoyos adecuados, sí puede decidir siempre, porque no tiene mermada su voluntad, pero con la intelectual o la enfermedad mental, no siempre es así. 

De hecho, las personas con discapacidad física tienen más dificultades de accesibilidad, apoyos físicos… pero no tanto de apoyos jurídicos, que es al fin y al cabo para lo que está hecha la ley. Para superar las barreras arquitectónicas, sociales… se pueden poner apoyos, ayudas… pero ¿qué hacemos con las barreras de la mente de uno mismo? En este aspecto, habría que bajar la ley un poco más a la realidad.

Aunque se jubiló hace tres años, sigue vinculada a la discapacidad. ¿Por qué no ha querido perder ese vínculo?Ahora mismo soy patrona de una fundación en la que prestamos apoyo a personas con discapacidad, y estoy en la calle, haciendo voluntariado de a pie. Sigo vinculada porque la discapacidad, sobre todo la intelectual, me parece un mundo apasionante, cada día me sorprenden con cosas nuevas. Cuando consigo ayudar en algo, es una satisfacción tremenda porque a veces es difícil, es un reto, y yo los quiero mucho.

Y una cosa que tengo más clara cada día es que, con o sin discapacidad, a todo el mundo hay que exigirle. Hay que cuidarles, pero también exigirles, a cada uno según sus posibilidades, porque todos tenemos recursos y habilidades. No exigir es paternalismo. Sigo porque que me apasiona y porque es un mundo que todavía necesita mucho de la gente, todavía queda mucho que hacer.