La Junta de Andalucía anuncia dos nuevas subastas para vender 14 inmuebles de su patrimonio y cinco villas turísticas cerradas

Maqueta de un edificio perteneciente al patrimonio de la Junta de Andalucía.
Maqueta de un edificio perteneciente al patrimonio de la Junta de Andalucía.
JUNTA
Maqueta de un edificio perteneciente al patrimonio de la Junta de Andalucía.

El Ejecutivo andaluz continúa desarrollando su plan de gestión integral del patrimonio público de la Junta, para conseguir dar salida a edificios o suelos de su propiedad, pero en desuso desde hace mucho tiempo, evitando así gastos de mantenimiento y engrosando las arcas públicas para fortalecer otros servicios esenciales.

En esta línea, la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, va a celebrar una cuarta subasta de su patrimonio, que incluirá hasta 14 inmuebles y que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) "a finales de mes", con algunos edificios "muy interesantes", ha señalado la consejera del ramo, Carolina España, en un desayuno informativo de Europa Press.

Entre esos inmuebles destacan, en la provincia de Sevilla, una nave industrial en Utrera (65,9 millones); la Finca La Cabaña en La Rinconada (853.448 euros); y la Finca Los Labrados, en Aznalcázar (426.300 euros). Además de otros como el Cordel de Écija, en Córdoba; locales en la calle Compositor Lehmberg, en Málaga; o varios edificios en Huelva. El valor total de los inmuebles por el que salen a primera subasta todos ellos es de 21.590.803 euros, cantidad que desciende un 15% si se llega a la segunda.

Podrán participar en estas subastas todas las personas que tengan capacidad para contratar. Los interesados deberán constituir una garantía equivalente al 5% del tipo mínimo de licitación de la primera subasta del lote al que se oferte. El plazo para presentar ofertas se extiende desde la publicación en el BOJA hasta el 30 de abril y el precio de la compraventa se abonará en el momento del otorgamiento de la escritura pública. Las ofertas se presenta en sobre firmado y cerrado con un importe al menos igual o superior al tipo de licitación.

Cabe recordar que la Junta elaboró un plan en 2019 para ordenar su patrimonio y detectó un centenar de inmuebles sin uso o, incluso, embargados por impago del propio Ejecutivo andaluz. Muchos de estos edificios son de su titularidad desde 2010, cuando el Gobierno central se la cedió a la Administración autonómica como pago por la llamada "deuda histórica" con la comunidad, que ascendía a mil millones de euros. Hasta la fecha, se han realizado tres subastas, que han reportado a las arcas públicas 121 millones de euros.

Villa turísticas

"Para nosotros, el dinero público es sagrado", ha aseverado la consejera andaluza, que ha recordado también la venta por parte de los anteriores gobiernos socialistas de 70 edificios de la Junta a un fondo de inversión, que les pagó 300 millones de euros, pero que les obligaba durante 20 años a pagar un alquiler, lo que ha supuesto el gasto de 700 millones de euros. "Eso era una auténtica locura y lo hemos parado", ha manifestado España, en alusión a la recuperación por parte de este Gobierno de esos 70 edificios.

La consejera de Economía ha anunciado también una quinta subasta de villas turísticas con el fin de vender las que están cerradas actualmente, que son cinco de las diez que existen, y que, tras su adscripción en su momento a la sociedad mercantil Red de Villas de Andalucía S.A., volvieron a ser de titularidad de la Junta tras decidirse así el pasado año.

Se trata, en concreto, de las villas turísticas de La Axarquía (Periana, Málaga); Pinar de la Vidriera (Huéscar, Granada); Cazalla de la Sierra (Sevilla); Fuenteheridos (Huelva); y el hotel Las Menas del Serón, en Bacares (Almería). Algunas de ellas llevan cerradas desde hace 18 años, y la última, desde 2013.

El mantenimiento de estas villas sin uso supone un gasto de 500.000 euros anuales, y el objetivo del acuerdo es "poder poner en valor estas instalaciones, una vez que su titularidad y su uso revierta a la Junta de Andalucía". La decisión de la Junta afecta solo a las instalaciones cerradas, por lo que "no tendrá ningún efecto en la actividad ni en el empleo de las cinco que sí se encuentran en funcionamiento", aclararon en su día desde la Junta.

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