Cerca de 60 millones de euros al año. Es lo que la Junta de Andalucía tiene que abonar por el alquiler de algunas de sus sedes administrativas, a pesar de contar con casi un centenar de edificios en propiedad que están en desuso y abandonados. Por ello, el Gobierno andaluz va a preparar un plan de ahorro que espera tener listo después del verano, con el fin de reducir esta factura al mínimo posible y conseguir una gestión "responsable y eficaz" de los inmuebles públicos.

Así lo ha explicado este martes la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, que asegura que la Junta ha detectado varios problemas en este sentido. El principal es que, de los aproximadamente 30.000 funcionarios que desempeñan tareas administrativas, casi la mitad lo hacen en edificios en alquiler, por los que la Junta tiene que pagar 57,7 millones de euros cada año, cifra que se revisa anualmente con el IPC.

A esto se suma el problema de la "dispersión" de las sedes que, en opinión del Ejecutivo, repercute en la eficiencia del servicio que presta la administración y en la atención al público. Y, por último, la falta de adecuación de muchos de los edificios para ser utilizados como sedes administrativas.

El objetivo del plan pasa por resolver estas tres cuestiones mediante la rehabilitación de edificios abandonados o infrautilizados, la construcción de otros nuevos en caso de que sea necesario y la enajenación o puesta en valor mediante las fórmulas que se consideren más adecuadas de los inmuebles que no cumplan las condiciones para su uso administrativo. Todo ellos servirá además, destaca la Junta, para "mejorar las condiciones laborales" de los trabajadores y de las propias ciudades, siempre desde una perspectiva de eficiencia y sostenibilidad.

La Junta da salida a la antigua fábrica de Santa Bárbara para la construcción de 300 viviendas

Problema "heredado"

Algunos de los inmuebles que tiene la Junta en propiedad fueron cedidos por el Gobierno central a la administración autonómica como pago por la llamada deuda histórica con Andalucía, que ascendía a mil millones de euros. En concreto, fueron 13 edificios, y hasta el año 2019, asegura la Junta, seguían abandonados y en desuso, sin que ninguno se hubiera vendido ni puesto en valor. 

La Junta asegura que el problema de las sedes administrativas es consecuencia de la gestión del anterior gobierno socialista, que en el año 2014 "enajenó 70 inmuebles e ingresó 300 millones de euros". Pero posteriormente se involucró en una operación financiera por la que la Junta tiene que pagar alquileres entre 2014 y 2034 a razón de 35 millones al año, lo que se traduce en que "pagaremos algo más de 700 millones en alquileres y sin tener la propiedad de 70 inmuebles".

Desde la llegada al Gobierno de Juanma Moreno, la Junta ha ingresado ya 121 millones de euros a través de la enajenación de algunos de estos inmuebles y ha dejado de pagar cerca de millón de euros al año en mantenimiento y costes tributarios. Una de estas enajenaciones, por ejemplo, es la de la antigua fábrica de Santa Bárbara en Sevilla, que se vendió por casi 30 millones de euros para la construcción de viviendas, algunas de protección oficial, dinero que la Junta destinará a la "prestación de servicios públicos".