El Grupo Parlamentario Popular ha remitido a la Comisión de Justicia del Congreso un escrito en el que solicita "recabar" la comparecencia de "instituciones y expertos" sobre la proposición de ley de amnistía antes de que comiencen las enmiendas de los diferentes partidos a la norma. El texto, de cuatro folios firmado por el portavoz popular Miguel Tellado, hace esta petición al amparo del artículo 44 del Reglamento de la Cámara.
"Solicitamos que se acuerde la apertura urgente de un plazo, para que los distintos grupos parlamentarios puedan recabar la comparecencia en la Comisión de Justicia de las personas e instituciones que consideren oportunas a fin de asesorar y escuchar sus aportaciones en relación con la tramitación de la Proposición de Ley Orgánica de amnistía". Para los populares resulta "imprescindible escuchar las aportaciones de esos expertos con carácter previo a la elaboración de las enmiendas al artículado", según consta en el documento.
El Grupo Parlamentario Popular recuerda la función "esencial" de las comisiones del Congreso con "el estudio, enmienda y aprobación de proyectos y proposiciones de ley". Y señala que "para realizar mejor su tarea legislativa" estas comisiones pueden acortar "la comparecencia de miembros de la Administración, de expertos o de representantes de colectivos afectados".
Pese a que la atribución de solicitar estas comparecencias pertenece a la propia comisión, el PP defiende, apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es común que sean los grupos quienes las propongan. "Singularmente en todos los casos en los que las materias sobre las que verse una iniciativa legislativa en cuestión tengan una especial trascendencia por su contenido material, por los sujetos afectados o por tratarse de materias directamente relacionadas con los derechos fundamentales protegidos por la Constitución".
Este es el supuesto actual, según los populares, dado que "pocas iniciativas han suscitado un rechazo tan intenso", un rechazo que "ha desbordado el círculo político y de la opinión pública" y se ha instalado también en el ámbito académico, "muy especialmente en el Derecho Constitucional y el Derecho Penal". Además, prosigue el escrito, la iniciativa "no viene acompañada de ningún informe o dictamen", por lo que es "imprescindible" escuchar a los expertos.
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