El vertido de pellets que están llegando a las costas gallegas, asturianas y cántabras ha provocado la activación de los planes de contingencia de cada comunidad autónoma y, por ende, tras subir la alerta a nivel 2, del Sistema Nacional de Respuesta (SNR) contra la contaminación marina accidental.
El SNR, que entró en vigor en enero de 2013 a través del Real Decreto 1965/2012, determina las diferentes fases de alerta y emergencia ante un problema contaminante en el mar. Según el plan nacional, un "suceso de contaminación marina es un acontecimiento o serie de acontecimientos del mismo origen que supongan la introducción directa o indirecta en el medio marino de sustancias o energía que provoquen o puedan provocar efectos nocivos y que exijan medidas de emergencia u otra respuesta inmediata".
Ante esto, son las comunidades autónomas las que recurren al Gobierno central en busca de apoyo. Además, sus estatutos de autonomía contemplan que deben aplicar la legislación estatal (o sea, el SNR) "en materia de vertidos industriales y contaminantes" en las aguas territoriales del Estado correspondientes al litoral de cada comunidad (artículo 29 del estatuto gallego y 12 del asturiano).
Así pues, el SNR contempla dos subsistemas de respuesta:
El marítimo, cuya competencia es exclusiva del Estado y que debe activar el Plan Marítimo Nacional "cuando el suceso de contaminación afecte a aguas marítimas, puertos, terminales de manipulación de mercancías o cualquier instalación marítima situada en aguas españolas".
El costero, cuando la contaminación afecta a las costas (como ha ocurrido con el vertido de pellets de plástico), aplicando así tres planes de contingencia de forma gradual, en función del nivel de alerta. Primero actúan los planes locales de protección de los ayuntamientos, después se activan los planes territoriales por parte de las comunidades autónomas (CAMGAL en el caso de Galicia y PLACAMPA en el de Asturias), y, por último, actúa el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación (Plan Ribera), que depende del Ministerio Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Niveles del 0 al 3
Dentro de esta actuación se contemplan cuatro fases de alerta que van de 0 a 3. La situación 0 se producirá cuando tenga lugar un episodio de contaminación marina de pequeña magnitud y peligrosidad y es la entidad local la que trata de actuar sobre el vertido. En el caso del nivel 1, se da cuando la magnitud o peligrosidad es media y la encargada de poner en marcha los protocolos de actuación es la autonomía.
Se llegará al nivel dos cuando los medios disponibles en los planes activados en la situación 1 resulten insuficientes para combatir la contaminación y la zona afectada o amenazada sea especialmente vulnerable, por lo que entonces el Ministerio de Transición Ecológica podrá intervenir. En este caso, será la comunidad autónoma la que decida dar el salto a esta situación.
Por último la situación 3 se da cuando tenga lugar un episodio de contaminación marina de gran magnitud o peligrosidad, es decir, cuando pueda afectar a más territorio y comunidades autónomas. Ante esto, se activa el Plan Marítimo Nacional y el Plan Ribera además de los planes territoriales de las comunidades autónomas, así como, en su caso, los planes interiores marítimos y los planes locales correspondientes.
El suceso con los microplásticos comenzó el 8 de diciembre, cuando el Gobierno central fue alertado del vertido de pellets a través de los servicios del 112 de emergencias de Galicia. Tras esto, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Finisterre abrió una investigación para conocer el origen del vertido. Así se determinó que los pellets formaban parte de uno de los contenedores perdidos por el buque Toconao, con bandera de Liberia, a su paso por aguas cercanas al municipio portugués de Viana do Castelo.
Uno de los cinco contenedores que cayeron al mar durante una tormenta estaba cargado con 26,25 toneladas de pellets repartidos en 1.050 sacos de 25 kilos cada uno.
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