El comienzo del año es sinónimo de nuevos propósitos en el plano personal... y también para los diferentes gobiernos, especialmente a nivel legislativo. Los gabinetes planifican las leyes que quieren aprobar a lo largo del ejercicio y como 2024 es el primero completo de las legislaturas a nivel nacional, autonómico y municipal... las agendas están repletas de planes normativos.
El Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso ya ha desvelado cuáles serán algunas de sus prioridades en el primer periodo de sesiones de la Asamblea regional, que comenzará en febrero. Además, también ha diseñado ya el plan normativo para toda la legislatura, que contiene 158 propuestas normativas, entre las que se incluye una iniciativa de reforma del Estatuto de Autonomía de 1983.
Uno de los primeros debates que se dará en la Cámara de Vallecas este 2024 será el de la ley de Economía Circular, una regulación con la que la región aspira a lograr el 'vertido cero' de residuos. El proyecto de ley del Gobierno se envió al parlamento en noviembre y su aprobación definitiva está prevista para marzo. A esta iniciativa del Gobierno le seguirán otras, como la que se traducirá en una ley regional de Universidades.
Díaz Ayuso anunció en los primeros compases de esta legislatura que estaban preparando el texto y en septiembre el Ejecutivo trasladó que su intención era remitirlo a la Asamblea antes de que finalizara 2023. Ese plazo no se cumplió, por lo que cabe pensar que este proyecto legislativo es uno de los prioritarios en este recién iniciado ejercicio. El paso de los meses también acabará por traer una nueva ley del Suelo regional. La Consejería de Medio Ambiente anunció el pasado octubre que ya había comenzado los trámites de redacción de una normativa para "facilitar" el desarrollo económico y urbanístico y "flexibilizar" la calificación de usos de los terrenos en aras de impulsar la construcción de vivienda nueva.
La actualización de la normativa vigente, que data de 2001 aunque en los últimos años ha sido sometida a diferentes reformas, no se espera que llegue hasta bien entrado el año. Mediado el ejercicio también podría conocerse el detalle de la ley de Familias autonómica, otra de las iniciativas legales en las que trabaja el Ejecutivo con sede en Sol.
Reforma del Estatuto
El Gobierno que lidera Isabel Díaz Ayuso ya tiene claros buena parte de los mimbres legislativos de este nuevo año y también de la legislatura que comenzó el pasado mes de junio y que se prolongará hasta 2027. Hace unas semanas, el Consejo de Gobierno validó el plan normativo para este periodo, una hoja de ruta que contiene 158 iniciativas normativas: 35 son leyes y 123, decretos.
La iniciativa legislativa que contempla el Ejecutivo para los próximos cuatro años contempla la reforma del Estatuto de Autonomía, aunque no se precisa en qué términos. En los últimos años se ha hablado de modificar el texto de 1983 en diferentes sentidos, como para modificar la fórmula con la que se configura el número de escaños de la Asamblea, para que la Cámara mude su nombre oficial a 'Parlamento de Madrid' o para suprimir el término 'minusválido' del artículo 26.
En los despachos de la Puerta del Sol hay más planes legislativos a medio y largo plazo. La Consejería de Educación, además de la citada ley de Universidades, prevé aprobar antes de las elecciones de 2027 una ley maestra de Formación Profesional (FP) y otra de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, prevé impulsar decretos para crear nuevas enseñanzas de FP -como en Inteligencia Artificial y Big Data o en mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos-, para lanzar una nueva regulación del régimen de autorizaciones a colegios e institutos privados o para crear un coro regional de niños y jóvenes, entre otros.
La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ya trasladó su intención de crear una ley del Sector Ferroviario en la región y en sus planes también entra redactar un texto sobre Movilidad Sostenible y reformar las leyes de Carreteras y reguladora del Consorcio Regional de Transportes. Igualmente se trabajará en decretos que regulen la red de aparcamientos disuasorios, los helipuertos para emergencias y otros que supondrán cambios en la política que afecta a viviendas protegidas.
La Consejería de Sanidad plantea crear una ley que regule el Banco de Tejidos madrileño y otra que tenga como objeto el área de Salud Pública. Por decreto se aspira a crear un comité de Bioética y también un registro de objetores de conciencia en el ámbito sanitario. En materia de Medio Ambiente las iniciativas legales para la legislatura superan la treintena entre leyes (8) y decretos (25). El departamento que dirige Carlos Novillo quiere impulsar sendas leyes de Caza y Pesca en Madrid y modificar las vigentes que regulan la protección animal, las vías pecuarias o los espectáculos públicos, entre otros.
La Consejería de Presidencia incluye en el plan normativo la ley para regular las distinciones honoríficas que entrega la Comunidad y también otro texto que ordene los colegios profesionales. Otros asuntos que aparecen en la agenda del departamento que lidera Miguel Ángel García son reformas sobre la asistencia jurídica gratuita o las regulaciones del Consejo de Gobierno y del Consejo de Transparencia.
Entre los 'deberes' de la Consejería de Economía para la XIII Legislatura aparecen las cuatro leyes de Presupuestos para los ejercicios 2024, 2025, 2026 y 2027; una ley de Defensa del Contribuyente, otra de Protección de los Consumidores y reformas en materia de tributos, por las que previsiblemente se introducirán las nuevas bajadas fiscales e incentivos en la cuota autonómica de IRPF que incluyó Díaz Ayuso en el programa con el que concurrió a las elecciones el 28-M.
La consejería que dirige Ana Dávila-Ponce de León, además de la ley de Familia, quiere que la Agencia Madrileña para la Calidad de los Servicios Sociales sea una realidad antes de 2027. También lanzará hasta una decena de decretos sobre asuntos como la dependencia, las familias monoparentales o la atención temprana.
La Consejería de Cultura plantea reformar la ley de Archivos, a pesar de que se aprobó el año pasado, y también la de regulación del turismo. Este ámbito sufrirá más cambios legales, en concreto en lo que tiene que ver con las empresas de intermediación, las viviendas turísticas y las áreas de pernocta para autocaravanas. La Consejería de Digitalización es la única que no incluye ninguna previsión normativa en el plan que se puede consultar en el portal de Transparencia de la Comunidad y que puede ser modificado con carácter anual.
Comentarios