La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) cuestiona varios aspectos de la reforma del subsidio de desempleo aprobada la semana pasada por el Gobierno —se eleva a 570 euros los primeros seis meses y a 540 euros los seis siguientes desde los 480 euros vigentes— y plantea un sistema "más coherente", con una prestación contributiva más elevada pero limitada a 12 meses, a lo que seguirían 18 meses de subsidio.
En un artículo del investigador Miguel Ángel García publicado este martes, se señala además que aumentarían las necesidades financieras del país en 2.500 millones de euros al año, lo que supone 0,17 puntos de Producto Interior Bruto (PIB), teniendo en cuenta que la reforma por subsidio supone 400.000 nuevos perceptores, al ampliar el número potencial de perceptores, además de aumentar la duración de la prestación en algunos casos y la cuantía del subsidio.
El estudio indica que la reforma del subsidio por desempleo avanza en la generación de incentivos para la búsqueda y aceptación de empleo por las personas que perciben el subsidio por desempleo, al permitir durante 180 días el cobro del salario junto con una parte del subsidio. Sin embargo, advierten que al tratarse de una prestación con una cuantía muy modesta, en torno al umbral de subsistencia, no hay demasiado "margen" para la estrategia de ir reduciéndolas para incentivar la vuelta al mercado de trabajo.
Así, aseguran que el margen de mejora está más bien en el endurecimiento de las exigencias de búsqueda y de no rechazo de ofertas de empleo, y en la mejora del funcionamiento del sistema para que lleguen más ofertas desde los servicios públicos de empleo.
Los objetivos, "lejos de cumplirse"
Desde Fedea han asegurado que la pretensión declarada por el Gobierno de mejorar la empleabilidad de los perceptores del subsidio a través de las políticas activas de empleo parece "lejos de cumplirse".
Esto se debe al desequilibrio entre los muy definidos derechos y las poco concretas obligaciones de los perceptores de las prestaciones, las severas deficiencias en el desempeño de los servicios públicos de empleo para orientar e intermediar debido a su escasa relación con las empresas, y el desalineamiento de incentivos generado por la separación de competencias entre el SEPE y los servicios autonómicos.
"La eficacia del compromiso de actividad como instrumento para medir la intensidad en la búsqueda de empleo decae de forma significativa cuando los servicios públicos de empleo tienen un conocimiento muy limitado de las necesidades del tejido productivo y manejan un número muy reducido de las vacantes de empleo existentes al no ser capaces de ofrecer un servicio eficaz a las empresas", han apuntado.
Además, han afirmado que mantener la renta individual como condición de acceso al subsidio por desempleo, aunque se forme parte de una unidad familiar, provoca una pérdida de eficiencia en el uso del dinero público y de equidad en su posible utilización en fines alternativos.
También han apuntado que el uso de la fórmula de Real Decreto Ley deteriora la calidad de la norma al no contar con los correspondientes informes vinculantes y consultivos sobre su contenido y han señalado que la opción elegida es menos comprensible cuando la norma entra en vigor en junio de 2024.
Una norma sin "coherencia"
Asimismo, desde Fedea han asegurado que la situación del subsidio por desempleo después de la reforma no guarda la necesaria "relación y coherencia" con el resto de las prestaciones económicas existentes dirigidas a personas en desempleo, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y rentas autonómicas.
Así, han indicado que la opción de simplificar el número de prestaciones identificando las funciones específicas de cada una de ellas podría ser más eficiente para conseguir los objetivos buscados.
Por ello, desde el centro de estudios económicos han apuntado que se podría mejorar la cuantía de la prestación económica contributiva limitando el periodo a 12 meses, disponer de un subsidio por desempleo por un periodo máximo de 18 meses y, en caso de mantenerse la persona en desempleo, pasar a percibir el Ingreso Mínimo Vital, actuando las rentas autonómicas como completo de los colectivos con mayores necesidades.
"Todas las prestaciones deberían ser compatibles con el trabajo, articulándose como un porcentaje adicional al salario que se reduciría progresivamente en el tiempo", han concluido.
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