Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Así se llama el proyecto de ley que el Gobierno de Javier Milei envió este miércoles al Congreso para declarar la emergencia económica y en otros muchos ámbitos en Argentina hasta finales de 2025. Es una ley ómnibus que, de aprobarse, dará a Milei superpoderes.
El envío del proyecto de ley de reforma del Estado lo confirmó este miércoles el portavoz del Gobierno. Manuel Adorni aseguró que el objetivo es "liberar a los argentinos del peso del Estado que tanto daño nos ha hecho a todos. Esto atañe a la responsabilidad de diputados y senadores, que esperamos que acompañen lo que votó la gente".
El objetivo es liberar a los argentinos del peso del Estado que tanto daño nos ha hecho a todos", dice el Gobierno
De aprobarse, el Ejecutivo podrá declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social. El gabinete alega que este proyecto se promueve "con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853".
Libertad para el Gobierno, restricciones al ciudadano
La ley pretende declarar la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025, plazo que podrá ser prorrogado por el Ejecutivo por otros dos años, es decir, hasta el final del mandato de Milei, quien asumió la Presidencia el pasado 10 de diciembre. En 351 páginas y 664 artículos se incluyen "cambios electorales, económicos y en la vida cotidiana", como resume el diario Clarín.
La macroley supone una amplia reforma del Estado: eliminación de las PASO (las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias), cambios en materia penal, límites a las marchas y piquetes de las huelgas, la implementación del juicio con jurado, medidas para desregular la economía, el aval al Ejecutivo a privatizar 41 empresas estatales y un nuevo blanqueo de capitales.
Y más. También modifica la Oficina Anticorrupción, la composición de la Cámara de Diputados e introduce cambios en la financiación de los partidos políticos y restricciones para los funcionarios públicos en su desempeño político.
La emergencia podría llegar hasta 2027
¿Un atentado contra la democracia? Algunos críticos lo ven así, puesto que reduce las capacidades del poder Legislativo (en emergencia casi las anula) y aumenta las del Ejecutivo. Y es que esta ley ómnibus permitirá que se deleguen facultades legislativas en el poder ejecutivo bajo el pretexto de una emergencia múltiple. Milei pretende imponer dos años de emergencia que podrían ser hasta cuatro, hasta 2027.
Esta ley omnibús permitirá que se deleguen facultades legislativas en el poder ejecutivo bajo el pretexto de una emergencia múltiple
Es más, como su Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) ya levantó enorme polémica en la oposición y entre muchos juristas, Milei ha incorporado en la nueva macroley un artículo que "ratifica" el decreto 70/2023 (el de aquella DNU).
Privatizaciones y blanqueo de capitales
Ahora, y hasta el 30 de noviembre de 2024, se abre un proceso de blanqueo de capitales, denominado "Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social". Su objetivo, dice el nuevo Gobierno argentino, es "lograr el pago voluntario de las obligaciones". Se eximirá del pago de un impuesto especial a quienes declaren menos de 100.000 dólares.
El proyecto declara "sujetas a privatización" a "las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria estatal". Son 41 empresas, entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, el Banco de la Nación Argentina, la petrolera YPF, los ferrocarriles, la agencia de noticias Télam, la Casa de la Moneda o Nucleoeléctrica Argentina.
Impuestos a los agricultores y recorte de pensiones
El texto del proyecto también establece que los productos agrícolas que hoy no tienen derechos de exportación pasarán a tributar un 15%, lo que se traduce en una subida de las retenciones aplicadas a la actividad agropecuaria.
La nueva norma también incluye la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria aprobada en 2020. Eso permitirá al Ejecutivo establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones "teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica".
Militares extranjeros en Argentina
De ser aprobada, la Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos autorizaría el ingreso de fuerzas militares extranjeras en Argentina. El Ejecutivo podría "autorizar el ingreso al país de contingentes de personal y medios de las Fuerzas Armadas, pertenecientes a otros países para actividades de ejercitación, instrucción o protocolares de carácter combinado".
Manifestarse será más difícil y más fácil reprimir
El megaproyecto propone elevar las penas a quienes "sin crear una situación de peligro común impidieren, estorbaren o entorpecieren el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas", que podrán ser sancionados con entre uno y tres años y medio de cárcel.
También agrava la pena por participar en un piquete de huelga con hasta 3 años y 6 meses de prisión, que serían hasta 4 años si se causaran daños. Para los líderes de los piquetes que bajo amenazas obligaran a terceros a participar, la pena puede llegar a seis años.
En el artículo 333, la ley de Milei establece que para realizar manifestaciones deberán ser notificadas "ante el Ministerio de Seguridad de la Nación con una antelación no menor de 48 horas".
Además, se agravan las penas para el delito de resistencia a la autoridad y se extiende la figura de legítima defensa. El proyecto defiende que "el que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo; en cuyo caso, la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo".
También dispone que todos los delitos con una pena máxima mayor a los cinco años de prisión sean "obligatoriamente" juzgados por jurados, un sistema que ya se viene probando en provincia de Buenos Aires.
Reforma electoral de inspiración anglosajona
La Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos también elimina las PASO, las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Además, impulsa la modificación de la composición de la Cámara de Diputados.
El mínimo para la representación por diputado sube de 161.000 a 180.000 habitantes y se elimina el mínimo de cinco representantes por provincia. Se pondrá en marcha el voto por circunscripción: cada elector deberá optar por un candidato según el distrito en el que vote. Básicamente, se pasa de un sistema basado, como en España, en la Ley D'Hont, a uno de circunscripciones o distritos, como el de Reino Unido.
En busca de evitar excesos de los funcionarios públicos que participan activamente en política partidaria, el Gobierno de Milei ha incluido un capítulo en el que prohíbe que lo hagan en horario laboral, que utilicen vehículos oficiales para trasladarse a actos o el uso de locaciones pertenecientes al Estado.
Funcionarios menos libres
En el Título II, referido a la Emergencia y reorganización administrativa, la ley omnibús le da al Ejecutivo la potestad de "implementar la mejora de la profesionalización de la carrera administrativa de los agentes de la Administración pública nacional". También lo habilita a "centralizar, fusionar o suprimir entidades descentralizadas creados por norma con rango de ley; así como transferirlos a las provincias".
El Gobierno también podrá "intervenir todos los órganos y entidades descentralizadas que componen la Administración Pública nacional, con la sola exclusión de las universidades nacionales". A su vez, prevé que el personal que integra la plantilla de organismos que resultaran eliminados, será traspasado a disponibilidad por un plazo máximo de doce meses, tiempo en el que podrá ser capacitado para desarrollar otras tareas.
En el capítulo III, de Trámites a distancia y digitalización, el proyecto de ley fija que "todos los trámites y gestiones que deban realizarse en el Sector Público Nacional deberán realizarse como principio general a través de medios electrónicos".
Divorcios exprés, sin abogados ni jueces
Otra de las propuestas que incluye el proyecto de ley es la reforma de artículos clave del Código Civil. De aprobarse en el Congreso, ya no sería necesaria la intervención de abogados ni jueces para ejecutar un divorcio, sino que para separarse de la pareja bastaría con presentarse en el Registro Civil y manifestar de común acuerdo la decisión de disolver el matrimonio.
Esta "simplificación" del trámite de divorcio se recoge en el artículo 352 del proyecto de ley, que incorpora un cuarto inciso al artículo 435 del Código Civil y Comercial: "La comunicación de la voluntad de disolver el vínculo presentada por los cónyuges en forma conjunta ante el órgano administrativo del último domicilio conyugal" (...) "tendrá los mismos efectos que el divorcio".
Cambios en el sistema educativo
En lo relativo a la educación, el proyecto plantea la creación de un examen final para los alumnos que hayan concluido la educación secundaria. Por su parte, las universidades públicas podrán cobrar a los estudiantes extranjeros no residentes que deseen estudiar en el país suramericano.
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