Una de las mayores preocupaciones que tienen los propietarios de viviendas alquiladas (y también los inquilinos) es quién tiene que hacer frente al pago de las reparaciones, arreglos o reformas de la vivienda.
Por norma general, las reparaciones corren a cargo del casero, tal y como recoge el artículo 21.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
"El arrendador está obligado a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido, salvo cuando el deterioro de cuya reparación se trate sea imputable al arrendatario a tenor de lo dispuesto en los artículos 1.563 y 1.564 del Código Civil", dice la norma.
En cualquier caso, el arrendatario está obligado a comunicar al "arrendador, en el plazo más breve posible, la necesidad de las reparaciones (...) a cuyos solos efectos deberá facilitar al arrendador la verificación directa, por sí mismo o por los técnicos que designe, del estado de la vivienda".
Pero hay excepciones. Por ejemplo, las reparaciones que se deban a desperfectos imputables al arrendatario son una de ellas. Además, según la ley "las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda serán de cargo del arrendatario".
Ejemplos de ello son si el técnico revela que la avería se ha producido por un mal uso, si se ha estropeado algo al poco de llegar de los nuevos inquilinos, lo cual no sería normal, o en todo caso dependiendo de cómo se hayan producido los desperfectos.
Si el inquilino hace obras sin consentimiento del propietario, este podrá exigirle que devuelva la vivienda al estado en el que la encontró. Si las obras afectan a la estabilidad y la seguridad de la estructura de la casa, el dueño podrá exigir la devolución al estado original de inmediato.
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