El Ministerio de Justicia se ha reunido este miércoles con los sindicatos del sector (CC OO, UGT, CSIF y STAJ) y les ha trasladado el compromiso de retomar en enero las negociaciones que mantuvieron en primavera con el equipo de la exministra Pilar Llop, sucedida en el cargo por Félix Bolaños. Según ha comunicado CSIF, el secretario de Estado Manuel Olmedo (que dirigió aquellas conversaciones) ha sido el encargado de los encuentros y ha confirmado además que durante el próximo año se regulará el teletrabajo en la Administración de Justicia.
Por su parte, el sindicato ha valorado "la buena voluntad" del ministerio y ha reclamado "funciones claras y retribuciones justas" para los 45.000 funcionarios del sector. "El conflicto en este sector se inició en el pasado mes de abril y se tradujo en una huelga general, varias manifestaciones masivas en Madrid y concentraciones en todo el territorio nacional del personal de Justicia, que provocaron grandes retrasos en la tramitación de los procedimientos", ha recordado CSIF, que aspira a retomar las conversaciones "en breve".
Félix Bolaños ha llegado al Ministerio de Justicia con ánimo de afrontar sin dilación todos los asuntos que su antecesora dejó pendientes. Más allá del desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la justificación de la ley de amnistía y el desatasque de la administración, la negociación con los funcionarios fue uno de los grandes conflictos latentes tras el 23J.
La primera mitad de 2023 estuvo marcada para esta cartera por las protestas generalizadas en el sector. Primero fueron los letrados judiciales, que se pusieron en huelga a finales de enero y lograron, dos meses después, una subida salarial de hasta 450 euros mensuales. Acto seguido empezaron a reclamar aumentos similares los jueces y fiscales y los funcionarios, el escalafón más bajo y amplio de la Administración de Justicia.
El equipo de Pilar Llop logró resolver el conflicto abierto con los jueces y los fiscales antes de que estos declarasen la huelga con la que amenazaban en mayo. Un desembolso de 46,7 millones de euros pactado en la Mesa de Retribuciones bastó para apaciguar a las carreras judicial y fiscal, pero los funcionarios en huelga no habían logrado una negociación real.
Durante la primavera y hasta después de la convocatoria adelantada de elecciones, los funcionarios reclamaron sin éxito una subida salarial de hasta 430 euros mensuales (ligeramente inferior a la concedida a los letrados) y denunciaron que el Gobierno los trataba como trabajadores "de segunda". El asunto es que, mientras que el número de letrados no llega a 5.000, los funcionarios son más de 45.000, por lo que la subida que piden tendría un coste mucho mayor: al rededor de 200 millones de euros.
El Ejecutivo aprueba las leyes de eficiencia
Otra de las tareas que quedaron pendientes a causa del adelanto electoral fue la aprobación de las leyes de eficiencia procesal y digital en el sector de la Justicia. Dos normas que el Ejecutivo aprobó este martes como parte de un paquete de medidas del plan de recuperación. Lo que buscan estas leyes, en palabras del ministro Bolaños, es adaptar "de una vez por todas" la Justicia al mundo digital y favorecer un sistema más "ágil" para afrontar el aumento de la litigiosidad.
Todo esto, según Justicia, se traducirá en cambios concretos: las vistas y los actos procesales se darán "por vía telemática", se crearán la "Carpeta Justicia" y el "Expediente Judicial Electrónico", también enfocados en poder hacer consultas y realizar trámites de forma telemática y se fortalecerá "la interoperabilidad" para agilizar el intercambio entre administraciones.
Todas estas medidas se han impulsado para tratar de solucionar la sobrecarga de trabajo de los tribunales, que cada año reciben más asuntos para resolver. La tasa de litigiosidad -que indica el número de asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes- ha pasado de ser de 116,5 en 2020 a 140,8 en 2022.
Según cifras publicadas por en la web del Poder Judicial, en España tuvieron entrada durante el segundo trimestre de 2023 un total de 1.816.522 asuntos en el conjunto de los órganos judiciales. Se trata de un incremento del 7,7% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que se resolvió un 4,7% menos.
Comentarios