España ha sido históricamente un país litigioso, una circunstancia que, según revelan los datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se ha acentuado a lo largo de 2023, como ya lo hizo en los años previos. El incremento de los asuntos ingresados en los tribunales y juzgados del país, acompañado de una menor resolución de los asuntos debida en parte a las huelgas de la primera mitad de año, está llevando a los tribunales a una situación de asfixia extraordinaria que difícilmente empezará a resolverse hasta que haya un nuevo Gobierno. 

La tasa de litigiosidad -que indica el número de asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes- ha pasado de ser de 116,5 en 2020 a 140,8 en 2022. Según cálculos de Sergio Oliva, magistrado y y miembro del comité nacional de la Asociación Judicial Francisco Vitoria, a finales de 2023 la tasa estará "entre 143 y 149". Según cifras publicadas por en la web del Poder Judicial, en España tuvieron entrada durante el segundo trimestre de 2023 un total de 1.816.522 asuntos en el conjunto de los órganos judiciales. Se trata de un incremento del 7,7% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que se resolvió un 4,7% menos. 

Desde 2017 -exceptuando 2021-, los asuntos ingresados en los juzgados superan siempre los resueltos, de forma que el trabajo pendiente se acumula con el paso del tiempo. En 2022 se resolvieron 225.046 asuntos menos de los que se ingresaron, señalan datos del CGPJ. 

"El Consejo General del Poder Judicial no ha fijado nunca cuál debe ser la carga de trabajo de un juez", indica Oliva, "pero sería razonable que -en la jurisdicción social- resolviera 800 asuntos al año". Hoy en día, sin embargo, esos 800 asuntos suelen estar cubiertos en septiembre, "con lo que todo lo que se hace de septiembre a diciembre es trabajo extra". 

El impacto de esta situación es doble: por un lado perjudica a los ciudadanos, que no obtienen una solución a tiempo, y también repercute negativamente en la salud laboral de los profesionales de la Administración de Justicia, ya sean jueces, letrados o funcionaros. "Se pueden contar con los dedos de las manos los jueces que no trabajan en casa por las tardes y durante el fin de semana", asegura Oliva.

La situación es equivalente para los letrados, tal y como explica Ernesto Casado, portavoz del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia. "No damos abasto", apunta a 20minutos, "estamos en el mismo embudo que los jueces". 

Uno de los ejemplos de las catastróficas consecuencias de estos retrasos en la Justicia se conoció este mismo miércoles, cuando la Audiencia de Barcelona absolvió a un acusado de agredir sexualmente a sus tres sobrinos. Los abusos, producidos entre 1989 y 1997, fueron denunciados por las víctimas en 2017, pero el juez instructor del caso dilató la imputación hasta 2018, después de que se cumplieran los 20 años establecidos por el Código Penal de 1995 para la prescripción del delito.

Pese a que el ministerio público dio veracidad al relato de las víctimas, pasado el periodo de 20 años no tuvo "más remedio" que ratificar la petición de prescripción, de forma que el acusado ha quedado absuelto.

La parálisis de las leyes de eficiencia

Los profesionales de la Justicia señalan diversas causas de la congestión en los juzgados y tribunales, algunas que vienen de lejos y otras más circunstanciales. Entre las primeras destacan la alta tasa litigiosidad, la falta de mecanismos extrajudiciales para la resolución de conflictos, la escasez de jueces y el retraso en la implementación de medios tecnológicos en la Administración. "En algunos tribunales se sigue trabajando en papel", denuncia Casado, que reivindica además la necesidad de homogeneizar los medios entre las distintas zonas del país. 

Entre las razones de que este 2023 se haya agravado la situación están las huelgas de letrados de la Administración de Justicia y funcionarios, que durante la primera mitad del año paralizaron cientos de miles de procedimientos, y la parálisis en la tramitación de las leyes de eficiencia, propiciada por la convocatoria de elecciones anticipadas y la tardanza en la formación de un nuevo Gobierno que aún ni se divisa. 

En abril de 2022, la ministra de Justicia, Pilar Llop, anunció que el Gobierno había aprobado la remisión a las Cortes de los proyectos de ley de eficiencia organizativa y de eficiencia procesal, a los que más adelante se sumaría la ley de eficiencia digital. Estas tres normas se erigirían como los tres pilares del Plan Justicia 2030 y, según explicó Llop, lograrían agilizar el funcionamiento de la Administración de Justicia y acercarla a la ciudadanía. 

Las normas venían a solucionar gran parte de los problemas mencionados: las barreras tecnológicas, las diferencias en el servicio ofrecido en las distintas zonas de España o la falta de mecanismos extrajudiciales como la mediación, la conciliación o la oferta vinculante confidencial.

El 29 de mayo, fecha en la que las tres normas que sustentan el Plan Justicia estaban tramitándose en el Parlamento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó elecciones anticipadas y se paró la tramitación de las leyes. Con lo cual las soluciones que proponían no se implementarán mientras no se forme un nuevo Gobierno. 

Las huelgas de LAJ y funcionarios agravan el problema

Al margen del frenazo en las leyes de eficiencia, este 2023 ha sido especialmente dramático en lo que se refiere a la fluidez de la Administración de Justicia a causa de las huelgas y protestas de sus trabajadores. La conflictividad comenzó recién entrado el año, el 24 de enero, con la convocatoria de una huelga indefinida por parte de los letrados de la Administración de Justicia. El conflicto se saldó tras dos meses con una subida de entre 430 y 450 euros mensuales para cada letrado y la promesa de una reforma del estatuto antes de que acabara el año -esto último está aún pendiente-.

Un trato "agridulce", aseguraron los letrados, que en el camino habían provocado la suspensión de más de 350.000 juicios, la paralización de 424.000 demandas y el bloqueo de 1.280 millones de euros, según cifras que ellos mismos aportaban. Justicia aseguró tras firmar el acuerdo que la subida salarial estaba justificada por el aumento de responsabilidades que iban a recaer en estos trabajadores con la aprobación de las leyes de eficiencia. 

Sergio Oliva, que es magistrado en un juzgado de lo social, fue uno de los afectados por estas huelgas. El togado explica a 20minutos que el ritmo habitual de su trabajo (entre 26 y 28 juicios semanales) se frenó por completo a raíz de las protestas. Ahora ha tenido que reorganizar su agenda, que tiene copada hasta febrero de 2025. "Suelo tratar asuntos de urgencia como despidos o incapacidades permanentes. Esas personas necesitan el dinero y me duele como juez no poder solucionar sus problemas a tiempo, una Justicia tardía no es justa". 

El Gobierno se comprometió en marzo a elaborar y poner en marcha un plan para amortiguar los efectos de la huelga en la Administración, sin saber que a las pocas semanas se abriría un nuevo frente a las puertas del Ministerio de Justicia. Las protestas de los funcionarios de Justicia -que reclamaban subidas salariales y denunciaban un trato desigual respecto a los letrados- comenzaron el 12 de abril con paros parciales y desembocaron el 22 de mayo en una huelga indefinida. 

La huelga terminó el 4 de julio, no a raíz de un acuerdo, sino de la convocatoria de elecciones generales que, según reiteraba el Ministerio de Justicia y debieron entender los sindicatos representantes de los funcionarios de Justicia, imposibilitaba una cesión por parte del Gobierno. Según dijeron los representantes sindicales, los 78 días de huelga habían llevado a suspender casi 20 millones de actuaciones judiciales, dos millones de juicios.