El Tribunal Constitucional, clave en el debate sobre una posible ley de amnistía, tendrá que estudiar dicha norma -si se aprueba- con uno de sus asientos vacíos: aquel al que renunció el magistrado Alfredo Montoya en julio de 2022 tras arrastrar durante un año los problemas derivados de un ictus. El nombramiento de un sustituto corresponde al Senado, en concreto a la cuota del Partido Popular, que en su día escogió a Montoya para el cargo, pero para ejecutarlo se precisa de una mayoría de tres quintos de la Cámara a priori inalcanzable sin el voto del PSOE.
Según explican fuentes del PSOE a este periódico, Ferraz solo estará dispuesto a nombrar al sucesor de Montoya cuando haya un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que está en funciones desde diciembre de 2018. Llegados a este punto, la silla de Montoya se ha convertido en una pieza más de la partida de ajedrez que juegan desde hace casi cinco años el PP y el PSOE mientras se acusan mutuamente de atacar la independencia judicial.
Una pieza especialmente relevante ahora que el PP ha anunciado que si se aprueba una ley de amnistía, la recurrirá ante el Tribunal Constitucional, formado por una mayoría progresista de siete magistrados frente a cuatro conservadores. Si el Senado aupase a un nuevo togado a la corte de garantías a propuesta del PP, la balanza seguiría inclinada hacia el sector progresista, pero los conservadores acortarían la distancia a dos magistrados.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el órgano se renueva por tercios cada tres años, de forma que cada magistrado pasa nueve años en el cargo. De los doce magistrados que lo componen, dos son nombrados por el CGPJ paralelamente a otros dos que escoge el Gobierno. Otros cuatro son propuestos por el Congreso de los Diputados y los cuatro restantes por el Senado. Los magistrados propuestos por el Senado son elegidos entre las candidaturas previas que presentan las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas.
La ley que regula el tribunal especifica que "las vacantes producidas por causas distintas a la de la expiración del periodo para el que se hicieron los nombramientos serán cubiertas con arreglo al mismo procedimiento utilizado para la designación del magistrado que hubiese causado vacante y por el tiempo que a éste restase". En definitiva, el Senado debe nombrar a un sustituto de Montoya y, como él, debería ser propuesto por el Partido Popular.
Tras las elecciones del pasado 23 de julio, la Cámara Alta se compone por 264 senadores, de los cuales 143 pertenecen al grupo parlamentario popular -un 54,17%-. Para proceder al nombramiento, el PP necesitaría el apoyo de otros 16 senadores. Aparte de los populares, solo el PSOE reúne más de 16 miembros en el Senado, con lo cual ninguno de los otros cinco grupos parlamentarios podría brindar por sí solo el apoyo que necesita el PP para nombrar a un sucesor de Montoya.
Fuentes de Génova han explicado a 20minutos que para elegir un nuevo candidato necesitarían una mayoría de tres quintos y, pese a su mayoría absoluta en la Cámara, la aritmética parlamentaria impide proceder al nombramiento sin el apoyo del PSOE. Pero en Ferraz ligan el proceso de sucesión de Alfredo Montoya a un pacto de renovación del CGPJ, pendiente desde hace casi cinco años. Todo apunta a que las posturas de Génova y Ferraz en torno a este asunto permanecerán encalladas.
El pasado 4 de octubre, Alberto Núñez Feijóo criticó en Onda Cero que el Gobierno nombrase en enero a dos magistrados del Tribunal Constitucional muy cercanos al PSOE, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y Laura Díez, asesora del Ministerio de Presidencia entre 2022 y 2022. El líder popular aseguró que no llegaría a un acuerdo sin un veto a las "puertas giratorias" y exclamó: "¿[Sánchez] quiere renovar el CGPJ o quiere controlar el CGPJ? Si quiere renovar la respuesta es sí; si quiere hacer con el Consejo y con el Tribunal Supremo lo mismo que ha hecho con el Tribunal Constitucional, yo tendré que garantizar en la medida de mis posibilidades la independencia del Poder Judicial en España".
Durante la entrevista radiofónica, el líder popular puso una segunda condición, la que lleva abanderando desde hace un año. Señaló que la Unión Europea ha instado a España a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que los vocales del turno judicial del CGPJ sean nombrados a propuesta de los propios jueces y no por el Parlamento, como dicta ahora la norma. "Sería bueno" proceder a la renovación y a la modificación "a la vez", apuntó Feijóo pese a que la Comisión Europea ha insistido repetidamente en desbloquear el Consejo primero y modificar la ley "inmediatamente después".
El PSOE contempla la situación desde un prisma completamente opuesto al del PP. Así, la ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop, sostuvo este lunes que el Gobierno busca "cumplir las leyes" y moverse "dentro del marco de la legalidad". A su juicio, es el PP quien ataca a la independencia judicial al negarse -desde hace ya casi un lustro- a pactar una nueva composición para el órgano de gobierno de los jueces. En un clima de enfrentamiento y reproches continuos entre ambos partidos, la sustitución de Alfredo Montoya parece, sino imposible, muy complicada.
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