En 2013 el Parlamento nombró a 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por un periodo de cinco años, pero ha pasado una década y 16 de ellos ocupan aún su cargo. Y un lustro después de que caducase su mandato, el órgano se encuentra inhabilitado para realizar nombramientos discrecionales. En 2021, PSOE y Unidas Podemos reformaron la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que el Consejo, mientras esté en funciones, no pueda llevar a cabo su cometido esencial: designar a magistrados del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, las audiencias provinciales, el Tribunal Militar, los tribunales superiores de justicia… El resultado de esa reforma y el bloqueo permanente es la degradación de la cúpula judicial, que suma ya 85 vacantes.
En un principio, la limitación del CGPJ se extendía al Tribunal Constitucional, pero el Ejecutivo impulsó una segunda reforma para poder renovar este órgano: a finales de 2022, el Consejo nombró dos miembros y el Gobierno otros dos, de manera que ahora el Constitucional es de mayoría progresista. Por lo demás, la limitación de las funciones del CGPJ, que nació como forma de presionar al PP para la renovación, permanece en vigor. Se mantiene también el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces, si bien hay distintas propuestas para renovarlo.
¿Cómo funciona el actual modelo de renovación?
La renovación del CGPJ se regula a través de dos leyes: la Constitución y la ley orgánica del Poder Judicial. La Carta Magna establece que el Consejo se debe renovar cada cinco años y está formado por 12 jueces y magistrados además de por ocho "juristas de reconocido prestigio" y por el presidente del Tribunal Supremo, que encabeza también el CGPJ. Y entre los 20 vocales, la Constitución dice que los juristas serán nombrados por las Cortes: el Congreso propondrá a cuatro y el Senado a los cuatro restantes.
Respecto a los 12 jueces, la Constitución indica que su nombramiento se producirá "en los términos que establezca la ley orgánica". Tras la reforma impulsada por el PSOE en 1985, esta ley dice que a los jueces también los nombran las Cámaras a partes iguales partiendo de una lista de 50 candidatos que facilitan los propios jueces.
Tradicionalmente, la votación de los vocales del Consejo se celebra una vez los dos principales partidos, PSOE y PP, llegan a un acuerdo. Para aprobar los nombramientos se requiere una mayoría de tres quintos en el Parlamento, imposible de conseguir sin un acuerdo de estas formaciones.
¿Qué solución propone la Unión Europea?
La preocupación ante el bloqueo ha crecido en la Unión Europea con el paso del tiempo, tal y como ha quedado reflejado en los últimos informes sobre el Estado de Derecho en los países miembros. Estos informes trasladan dos "recomendaciones" a España: renovar "urgentemente" el CGPJ e "inmediatamente después" cambiar la forma de nombrar a sus vocales.
El principal encargado de recordar estas directrices es el comisario de Justicia de la Comisión Europea, el belga Didier Reynders. Lo que pide Reynders (sin concretar demasiado a quién se lo pide) es que se renueve el Consejo y después se haga una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para que los 12 jueces que lo conforman sean escogidos por la carrera judicial y no por las Cámaras. En sus propias palabras, "ajustar el modelo a los estándares europeos". Esta medida no requeriría reformar la Constitución dado que en ella solo se concretan las designaciones de los ocho juristas.
PP y PSOE: una batalla por el relato y ningún acuerdo
Desde tiempos de Pablo Casado, PP y PSOE han fluctuado entre el acercamiento y el desencuentro total en torno al CGPJ sin alcanzar un acuerdo en ningún momento. Feijóo llegó a Genova con la promesa de desenquistar la situación y casi lo hace en octubre de 2022. El entonces presidente del CGPJ y el Supremo, Carlos Lesmes, dimitió para tratar de forzar un pacto, una forma de presión que coincidió con una visita del comisario Reynders a Madrid. PP y PSOE comenzaron a negociar y llegaron a cerrar una lista "con los 20 candidatos, 12 suplentes e incluso una proposición de ley para reforzar la independencia de la Justicia". Así lo afirmó este lunes el actual ministro de Justicia, Félix Bolaños, que encabezó la negociación por parte del PSOE.
El problema llegó cuando se dio a conocer que el mismo Bolaños negociaba con ERC una reforma del delito de sedición (finalmente no se reformó, sino que se retiró el delito del Código Penal y se modificó además la malversación). Feijóo tumbó el acuerdo en el último minuto como forma de rechazo a las nuevas concesiones al separatismo catalán tras los indultos. Desde entonces el PP ha puesto como condición para la renovación que previamente o paralelamente (según el momento) se pacte la reforma del modelo de elección de vocales.
Sobre este asunto se pronunció el martes el propio Feijóo. "Hagamos la ley y renovemos el Consejo de forma simultánea. Firmemos un pacto, presentemos a la sociedad y tramitemos la ley. Esto es lo que pretendemos", propuso el líder del PP en una entrevista en COPE. Al PSOE la propuesta de Feijóo le pareció una "trampa", según dijo el portavoz parlamentario Patxi López. "La renovación, como hemos hecho toda la vida, tiene que ser con las reglas que existen. Luego ya hablamos de otras cosas", respondió desde el Congreso de los Diputados.
El Gobierno ha llegado a contemplar una solución alternativa a esta que propone el PP, una que le permitiría prescindir del principal partido de la oposición y renovar parcialmente el CGPJ. Se trataría de reformar la LOPJ para que los 12 jueces sean renovados por el Congreso y el Senado, pero exigiendo únicamente una mayoría simple. Esto permitiría, a día de hoy, renovar los seis vocales que corresponden al Congreso pactando con los socios de investidura. Sin embargo, Pedro Sánchez ha negado en las últimas semanas que vaya a reformar la ley del Poder Judicial con este propósito. Al contrario, ha propuesto al PP crear "una comisión de trabajo" dedicada entre otras cosas a alcanzar un acuerdo antes de que acabe el año.
La vía Guilarte: evitar la tentación
Vicente Guilarte es el segundo presidente interino del Consejo después de la marcha de Carlos Lesmes. El vocal conservador ha comenzado a tender puentes con el Gobierno recién formado y tiene una hoja de ruta propia para tratar de paliar esta situación. La propuesta del jurista consiste en "diluir la tensión", según escribió a principios de mes en El País, y lograr que el CGPJ no sea un caramelo tan jugoso para los partidos políticos.
¿Cómo se consigue esto? En su opinión, privando al órgano de su función principal: nombrar magistrados de los grandes tribunales del país. "Deben ser los jueces quienes directamente, sin mediar la intervención del CGPJ, elijan a sus presidentes en el ámbito provincial y autonómico", señaló en el mencionado artículo.
Su idea es que los jueces escojan directamente las presidencias de Sala y que el Tribunal Supremo se renueve a través de un cursus honorum, un diseño de la carrera que clarifique los méritos de cada juez para acceder a según que asiento del alto tribunal y una elección final que dependa de un tribunal dependiente del CGPJ formado por magistrados del Supremo, catedráticos, abogados del Estado, registradores, notarios "y demás alto funcionariado".
Por otra parte, miembros del CGPJ han trasladado a 20minutos una última propuesta que consiste en reformar la LOPJ para que una vez termine el mandato del órgano, dejando un margen de tiempo prudencial, se de por disuelto el Consejo y sus vocales cesen automáticamente en sus cargos. "De esta manera no habría más remedio que renovar el Consejo cuando caduque su mandato", aseguran.
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