La Fiscalía se opone a que el Supremo investigue a Puigdemont por terrorismo

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en Bruselas.
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en Bruselas.
EFE
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en Bruselas.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la petición que dirigió el juez Manuel García Castellón al Tribunal Supremo para que investigue por un delito de terrorismo a Carles Puigdemont. El magistrado considera que el alto tribunal -y no la Audiencia Nacional- es el competente para abrir causa contra el expresidente catalán en tanto que es diputado en el Parlamento Europeo. Pero el Ministerio Público recuerda que todavía está pendiente de resolverse un recurso previo en el que la Fiscalía descarta atribuir terrorismo a Puigdemont. 

El desencuentro entre Fiscalía e instructor se ha materializado ya dos veces en las últimas semanas, todo a raíz del auto que dictó García Castellón el pasado 6 de noviembre. En la resolución, el juez imputó a Marta Rovira y otras diez personas en la causa que investiga el presunto terrorismo de Tsunami Democràtic. Pero además, situó a dos aforados en el centro de las actividades de esta organización: el diputado del Parlament Rubén Wagensberg y el eurodiputado Carles Puigdemont, a los que ofrecía comparecer voluntariamente en la Audiencia Nacional. 

El 10 de noviembre llegó el primer recurso del Ministerio Público. La Fiscalía rechazó las conclusiones de García Castellón y alegó que los indicios del instructor son "insuficientes". El auto se basaba en buena medida en un informe de la Guardia Civil en el que -según denunció la Fiscalía- no se atribuyen a Puigdemont "hechos concretos en relación con actividades delictivas". 

De igual modo, el fiscal insistió en que lo investigado en la causa, que se abrió hace cuatro años, no ha "arrojado elementos que permitan sostener la existencia de una organización o grupo criminal, ni tampoco su carácter terrorista, que es lo que justificaría la competencia de la Audiencia Nacional". Con lo cual, el Ministerio Público aboga por que la causa se investigue en los juzgados de Barcelona, y así lo trasladó a la Sala Segunda de la Audiencia. 

El juez García Castellón, sin esperar a la resolución del recurso mencionado, envió este martes al Tribunal Supremo una exposición razonada en la que solicita que el alto tribunal abra una investigación por terrorismo dirigida contra los dos aforados. En el texto, el instructor indica que él no puede investigar a Puigdemont y a Wagensberg, pero sitúa al expresident como el "vértice más alto" de Tsunami Democràtic.

Explica a través de 101 folios la supuesta implicación de Puigdemont en la plataforma: su condición de expresidente de Cataluña y líder del independentismo en el exilio le atribuyen "una posición de autoridad incuestionable" que utilizó para participar en la creación de Tsunami Democràtic. 

Justifica esta tesis en varios indicios, desde los mensajes compartidos con su jefe de gabinete y con el empresario Jesús Rodríguez hasta sus conversaciones con el empresario Josep Campmajó. También aclara las acciones realizadas por Tsunami, de las que extrae los posibles delitos terroristas. Entre ellas, la más notoria es la protesta que tuvo lugar en 2019 en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. En relación con esto último, el magistrado destaca la "importancia estratégica de este objetivo y las graves consecuencias que pudiera haber tenido para la seguridad del tráfico aéreo nacional e internacional el éxito de la acción pretendida".

"Si Tsunami hubiera logrado su objetivo de impedir el cambio de turno de los controladores aéreos de la instalación, esto no solo habría provocado daños económicos, sino que podría haber tenido un resultado catastrófico de consecuencias imprevisibles para las personas que en ese momento se encontraban en vuelo a bordo de las aeronaves en el área objeto de control, con el evidente riesgo y peligro para sus vidas", advierte.

Tal y como hizo en el auto del 6 de noviembre, indica que se debe investigar si la muerte de un ciudadano francés en ese mismo aeropuerto ese mismo día es imputable a la organización, sin mencionar que los servicios de emergencia médica concluyeron en aquel momento que el fallecimiento no estaba relacionado con las acciones de Tsunami Democràtic. 

La Fiscalía ha respondido este miércoles a la solicitud de García Castellón reprochando, en primer lugar, que no haya esperado a la resolución del primer recurso antes de interpelar al Supremo. Pero además señala en el texto que el instructor ha incurrido en una "flagrante contradicción". En el auto del seis de noviembre el juez ofreció a Wagansberg que compareciera voluntariamente, y antes del ofrecimiento escribió: "Este magistrado entiende que no es procedente en este momento realizar la citada exposición razonada [...] será necesario concretar con mayor precisión su participación en los hechos". 

Es decir, que el instructor dijo el pasado 6 de noviembre que no procedía enviar la exposición al Supremo, y sin embargo este martes la envió, "sin que se haya practicado ninguna diligencia que haya recogido nuevos indicios de responsabilidad criminal", dice la Fiscalía. 

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