PP y Cs logran que la Eurocámara debata el miércoles sobre la amnistía pese al voto en contra de los socialistas europeos

Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo
Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo
PARLAMENTO EUROPEO/MATHIEU CUGNOT
Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo

El Parlamento Europeo debatirá el miércoles (a partir de las 14.00) en el pleno de Estrasburgo sobre la ley de amnistía pactada por el Gobierno con los independentistas, así como de la situación del Estado de derecho en España. Se confirma así la petición hecha por el PP —y también por Ciudadanos— de abordar el asunto al máximo nivel en la Eurocámara,  días después de que se produzca la investidura de Pedro Sánchez. 

"Se están vulnerando los principios que defiende la UE”, resumió en redes sociales la portavoz popular Dolors Montserrat, vicepresidenta del PPE, que se ha congratulado de lograr introducir el debate en la agenda. La decisión parte de la Conferencia de Presidentes de la Eurocámara —el órgano encargado de validar esa agenda—que ha elegido como título del debate "Amenazas al Estado de derecho como consecuencia del acuerdo de Gobierno en España". La propuesta obtuvo el voto del Partido Popular Europeo, los liberales de Renew, los Conservadores y Reformistas y la ultraderecha de Identidad y Democracia... y tuvo voto en contra de la Alianza de Socialistas y Demócratas, los Verdes y la Izquierda.

Nada más conocerse la fecha, el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, ha advertido del "desprestigio" que supondrá este debate para España, ya que el Parlamento Europeo, y democracias muchísimo más nuevas que la española, "van a examinar la calidad del Estado de derecho español". A esto se suma que "probablemente" la vayan a condenar. Y esto es algo a lo que solo se han sometido hasta ahora Polonia, Hungría y Malta. Por ello, siendo España la cuarta economía del euro, el popular cree que es "una humillación para el prestigio de España, consecuencia del grave déficit democrático con el que sale nuestro Estado después de este debate de investidura".

Tal y como ha explicado Pons, el debate abarcará más temas aparte de la amnistía, que no estará aprobada para entonces. Como es la "politización" del Tribunal Constitucional o el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "La calidad de la democracia española no se encuentra amenazada solo por la amnistía", ha señalado.

Podría comparecer Puigdemont... y el Gobierno

El vicesecretario ha animado a seguir el debate europeo por su grado de interés. Pero es que además, Pons ha subrayado el eurodiputado y expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, podría participar del debate, así como el nuevo Gobierno de España —quien ocupe el miércoles la cartera de Justicia o Exteriores— ya que preside el Consejo de la UE. "Escucharemos de labios de Puigdemont qué es a lo que realmente se ha comprometido España y les aseguro que habrá diputados históricos que van a hablar alto y muy claro sobre el daño que al Estado de derecho va a producir lo que se ha pactado hacer en esta legislatura", ha zanjado Pons.

Con todo, de la Eurocámara no saldrá una decisión vinculante, pero el debate servirá para ver las posiciones de los grupos y habrá que prestar especial atención al papel de S&D, pues la propia Montserrat explicó a este medio que en las filas socialdemócratas hay cierto “estupor” también sobre lo que está pasando en España.

Montserrat, que anunció que el PPE “batallaría” para que se celebrara un debate en el próximo pleno, celebra que se haya logrado para dar voz a una España que debe ser defendida en Europa frente a los atropellos del PSOE. “Europa no puede mirar hacia otro lado y el PP hará todo lo que pueda y más que lo que pueda para parar esta hoja de ruta de demolición del Estado de derecho por parte de Sánchez”, añadió. Ya en una entrevista con 20minutos, la dirigente española aseguró que la amnistía “supone el fin del Estado de derecho” en España, y es “un atropello” del que solo tiene la culpa el presidente -todavía en funciones-. 

La petición también fue registrada por el grupo Renew, a petición de Ciudadanos, que ha celebrado, igual que el PP, que el debate se incluya en el orden del día. “Los valores de la Unión son un límite democrático que no se debe rebasar, incluso para aquellos que no tienen ningún límite para intentar seguir aferrados al poder”, reaccionó el secretario general naranja, Adrián Vázquez, tras conocer la noticia.

Durante los últimos días los partidos de la oposición a Sánchez han intensificado lo que se conoce como vía europea para hacer frente a la amnistía, y remitieron un escrito a las instituciones europeas para alertar de la norma. El dosier fue enviado a Charles Michel, Ursula von der Leyen, Josep Borrell, varios comisarios europeos y a los 26 Estados socios de la UE, así como a las direcciones de sus grupos en el Parlamento Europeo, sobre las implicaciones legales y políticas de la ley de amnistía pactada entre Sánchez y sus socios independentistas, junto a una carta en la que solicitan que todas las instituciones europeas sigan de cerca esa iniciativa y salvaguarden los principios fundamentales de la Unión.

España se encuentra al borde de la crisis constitucional y política más importante de los últimos seis años”, exponen ambas formaciones al arranque de la carta, en la que explican que el pacto entre el PSOE y Junts y la propuesta de una ley de amnistía marcan “el inicio de una era de desestabilización política y una clara degradación de los de los fundamentos mismos del Estado democrático de Derecho”.

La intención de la amnistía es “revocar los procedimientos judiciales y sanciones pendientes contra unas 3.000 personas, que abarcan delitos cometidos hasta hace una década y que incluyen actos de corrupción y terrorismo”. Además, el pacto incluye la creación de comisiones parlamentarias que investiguen si en España se ha producido lawfare o judicialización de la política, “con poderes para perseguir acciones de responsabilidad o enmiendas legislativas”. Esa mención al lawfare, en cambio, no se da en la norma registrada en el Congreso.

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