La oficialidad del catalán, del gallego y del euskera en la Unión Europea tendrá que esperar, y no es un asunto que ahora mismo los Estados miembros consideren prioritario, aunque sí lo sea para España. Al mismo tiempo que se debate la investidura de Pedro Sánchez el Gobierno asume otra patada hacia adelante sobre el tema, que apenas se ha tratado durante unos cinco minutos en la reunión del Consejo de Asuntos Generales de este miércoles en Bruselas. De hecho, no se prevén decisiones a corto plazo, ni mucho menos antes del 31 de diciembre, cuando se termina la presidencia española del Consejo. En su último intento, el Ejecutivo en funciones remitió al resto de Estados miembros una nueva propuesta en la que se apoyaba en que los tres idiomas cooficiales ya son de uso en el Congreso de los Diputados.
Este "no", o al menos un "ya veremos", de los socios comunitarios a España es el tercero que se da desde que se puso el debate sobre la mesa. Los nórdicos consideran que el encaje es complicado, y no se trata de una urgencia para la UE; además, hay otros Estados miembros que recelan del coste que podría suponer pasar a que la Unión tenga 27 lenguas oficiales (si se incorporan las tres, aunque ahora el Ejecutivo prioriza el catalán). Incluso pese a que España ha asegurado que se hará cargo del montante. En cambio, dadas las circunstancias, la conversación no se ha alargado porque el Gobierno en funciones no ha facilitado el informe de impacto práctico y financiero que se le pidió hace un mes.
El punto estaba en la agenda del encuentro y fuentes de algunos Estados miembros consultadas por 20minutos apuntaron que "se ha tratado durante poco tiempo porque no hay cambios" respecto a las últimas jornadas en las que se habló del asunto. Mientras, España sigue trabajando en un informe que consolide su propuesta. Dan por hecho además que "será algo que seguramente quede pendiente" para la próxima legislatura, toda vez que el tiempo se echa encima no solo para el semestre español, sino también para el belga -el siguiente-, que no se completará porque las elecciones europeas se celebran entre el 6 y el 9 de junio de 2024. Hay, además, alguna duda de que España quiera seguir teniendo vivo el tema a largo plazo; y es que la oposición a Sánchez, en este sentido, insiste en que se trata de un punto "de puro interés personal" del presidente en sus acuerdos con los independentistas.
El balón fuera coincide en el tiempo con el discurso de investidura de Sánchez, que además sigue sin explicar la presidencia española del Consejo ante el Parlamento Europeo. No está confirmado tampoco que vaya a hacer balance de la misma, ya investido, en el pleno de diciembre que tendrá lugar en Estrasburgo. No obstante, el líder socialista ha reivindicado en el Congreso durante su mensaje el peso específico de España en el marco de la UE durante los últimos años.
"No es una cuestión de si la medida es adecuada o no, sino de qué hay que hacer correctamente para llevarla a cabo. Es una cuestión de ver la foto completa", comentaron hace algunas semanas fuentes consultadas por este medio, para aclarar que entre los Estados miembros "no hay un rechazo" al planteamiento del Gobierno, pero sí que se ha querido huir de cualquier prisa. Para algunas capitales el problema viene por los efectos que podría tener incorporar tres idiomas más de golpe mientras que otras consideran que la reforma necesaria es de demasiado calado como para abordarla "en poco tiempo".
De todos modos, ya hay precedentes en el uso de las lenguas cooficiales de España. "Independientemente del estatus legal de las lenguas oficiales de la UE, el Parlamento Europeo, en una resolución en diciembre de 1990, pidió que el catalán fuera una lengua de comunicación entre los ciudadanos y las instituciones europeas (no una lengua oficial)", recuerdan desde la Eurocámara. Siguiendo esta resolución, el Parlamento Europeo, a través de su oficina en Barcelona, utiliza el catalán como lengua de comunicación con los ciudadanos. La oficina utiliza el catalán en sus campañas informativas, publicaciones, comunicados de prensa, página web y redes sociales.
En el pasado se han dado pasos en este sentido, pero no tan ambiciosos como el que se pretende dar ahora. El año pasado ya el Gobierno español remitió al Parlamento Europeo una petición para que el catalán, euskera y gallego pudieran usarse en los plenos, y la situación se encuentra en espera a falta de un informe de los servicios jurídicos de la Eurocámara para ver la viabilidad teniendo el cuenta el día a día de la institución. Al similar sucedió en 2005 durante el Ejecutivo de Zapatero con una petición parecida para la firma de convenios. Entonces el Parlamento se quedó fuera por desacuerdo entre grupos. Ahora el melón se vuelve a abrir... pero no será sencillo de cerrar.
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