Unas negociaciones tensas, más largas de lo esperado y sumidas en un clima de desconfianza mutua entre PSOE y Junts han dado lugar a una proposición de ley de amnistía en la que todo está atado para procurar que la medida se aplique rápidamente y afecte a 309 personas vinculadas al procés y a 73 policías, tal y como han previsto sus artífices. La norma, que se tramitará por la vía de urgencia en el Congreso pero pasará después por un Senado en que el PP tiene mayoría absoluta, intenta dejar poco margen a los tribunales: deberá aplicarse en los dos meses posteriores a su publicación en el BOE y los jueces no podrán suspender su aplicación de forma cautelar "incluso" cuando tenga lugar un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad, o así lo dicta la norma.
El Partido Socialista ha solicitado que la proposición de ley se tramite por el procedimiento de urgencia, por lo que el texto podría ser remitido al Senado en menos de un mes. En la Cámara Alta el PP ha impulsado una reforma reglamentaria para tratar de dilatar la tramitación de la ley, aunque el máximo plazo es de dos meses.
Aplicación "con carácter preferente"
El artículo 10 de la proposición establece que las decisiones judiciales derivadas de la amnistía se adoptarán "en el plazo máximo de dos meses". La medida de gracia se aplicará "con carácter preferente y urgente [...] cualquiera sea el estado de tramitación del procedimiento administrativo o del proceso judicial o contable del que se trate".
Sin embargo, caben dos posibilidades de retrasar la amnistía desde los tribunales: la cuestión de inconstitucionalidad y el recurso. La primera de estas herramientas es potestad del propio juez llamado a aplicar la ley, que en caso de dudar de su encaje legal tiene la posibilidad y la obligación de presentar sus dudas ante el Tribunal Constitucional.
Este mecanismo queda recogido en el artículo 163 de la Carta Magna, que dicta: "Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos".
"Cuando se presenta una cuestión de inconstitucionalidad se interrumpe el procedimiento judicial", señala a 20minutos el catedrático Xavier Arbós. En este caso, la norma afecta a las decisiones de muchos tribunales españoles, con lo que alguno de ellos podría utilizar este mecanismo y esperar a la respuesta del Constitucional antes de aplicar, en su caso, la amnistía.
Pero la propia ley de amnistía se protege frente a esta posibilidad y señala que "se alzarán las medidas cautelares" cuando se presente una cuestión de inconstitucionalidad. Estas cautelares (medidas que toma un tribunal preventivamente antes de dictar sentencia) tampoco tendrán lugar, de acuerdo con la norma, cuando lo solicite el recurrente de una ley. Es habitual que cuando se presenta un recurso se solicite la adopción de estas medidas, pero la proposición de ley de amnistía las rechaza.
Parece del todo probable que la ley de amnistía acabe en el Tribunal Constitucional, o bien a través de un recurso del Partido Popular, o bien a raíz de una cuestión presentada, por ejemplo, por la Audiencia Nacional, que investiga el presunto terrorismo de los CDR y Tsunami Democràtic, o por el Tribunal Supremo, que juzgó y aún investiga los delitos del procés.
Ante esto pretende protegerse la ley de amnistía, si bien "este puede ser un tema muy discutible", tal y como explica el constitucionalista Eloy García, que no cree que se pueda impedir la adopción de medidas cautelares por parte del Constitucional en caso de que un partido político presente un recurso de amparo.
De todas formas, el alzamiento de medidas cautelares podría afectar, entre otras, a la causa que investiga al expresident Carles Puigdemont por presunta malversación y desobediencia. El juez instructor Pablo Llarena mantiene una orden de detención nacional sobre el líder fugado, pero según dicta la amnistía, por mucho que plantee una cuestión ante el tribunal de garantías, la orden de detención quedará suspendida y no podrá aplicarse ninguna cautelar. Mientras el Tribunal Constitucional resuelva, si bien la causa permanecerá paralizada, no se podrán tomar medidas contra el expresident.
Para los procesos penales relacionados con el procés, como el que implica a los condenados por el Tribunal Supremo y a los encausados por Pablo Llarena, la amnistía supone la "inmediata puesta en libertad" de los presos, la "eliminación de antecedentes penales", la suspensión de las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión y el alzamiento de las cautelares.
La norma acota cómo deben proceder los tribunales en el ámbito penal, que aplicarán la amnistía "en cualquier fase del proceso". En el caso de la fase de instrucción, "se decretará el sobreseimiento libre" una vez se hayan recibido los informes de la Fiscalía y de las partes. Si estas no proponen la aplicación de la amnistía, el juez procederá a decretarla "de oficio". Cuando se trate de delitos condenados en firme, los tribunales que los juzgaron "revisarán las sentencias firmes incluso en el supuesto de que la pena impuesta estuviera suspendida o la persona condenada se hallara en libertad condicional".
El mismo mecanismo se aplica a los procesos en el ámbito de lo Contencioso-Administrativo. Los tribunales que investiguen o hayan juzgado hechos relacionados con el procés aplicarán la amnistía "previa audiencia de las partes y dictará sentencia declarando la nulidad sobrevenida del acto impugnado". También se aplicará la medida de gracia en el ámbito contable, por el Tribunal de Cuentas, "en cualquier fase del proceso".
Precisamente en este tribunal tendrá lugar este viernes un juicio contra la desviación de fondos públicos para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Pero la amnistía obligaría al tribunal a perdonar hasta 5 millones de euros en concepto de responsabilidad contable a unos 35 ex altos cargos de la Generalitat.
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