Salvo sorpresa mayúscula, la ley de amnistía será aprobada hoy en el Congreso de los Diputados con el voto a favor de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos y BNG. La medida de gracia, indispensable para que los partidos independentistas catalanes apoyasen la investidura de Pedro Sánchez, se convertirá en ley con su aprobación y su publicación en el BOE, si bien ahora comienza un camino incierto por las dudas sobre su constitucionalidad y su encaje en el derecho comunitario por la inclusión de delitos como el terrorismo en la norma, así como por la 'trama rusa' y la inclusión del expresidente catalán Carles Puigdemont entre los beneficiados por la medida
La figura jurídica de la amnistía y los supuestos incluidos en la nueva norma tendrán un efecto inmediato sobre la situación jurídica de las personas condenadas o procesadas por el procés. ¿Qué es una amnistía y en qué se diferencia de un indulto? ¿Qué supondrá para los implicados en el procés independentista?
La amnistía extingue los delitos cometidos
Según recoge el Diccionario panhispánico del español jurídico de la Real Academia, una amnistía es, según el Derecho Constitucional, es una "forma de ejercicio del derecho de gracia que corresponde a los poderes públicos". Es una medida de naturaleza colectiva "y se ordena normalmente por razones de orden político de carácter extraordinario como el término de una guerra civil o un período de excepción".
Según recoge el propio Diccionario, la amnistía se diferencia del indulto por su naturaleza, ya que este "se basa en razones de equidad y se concede individualmente" por el Consejo de Ministros como "remisión de todas o alguna de las penas impuestas a un condenado por sentencia judicial firme.
Por lo tanto, si bien el indulto supone el perdón de las penas a las que hayan sido condenadas personas declaradas culpables de un delito (que mantienen su condición de condenados), la amnistía supone la desaparición legal del delito cometido y, por lo tanto, la extinción de la responsabilidad de sus autores de un delito que, a ojos de la ley, dejaría de haberse producido. El indulto implica perdonar la pena y la amnistía, el delito.
El término no aparece en la Constitución
Según explica el profesor Enrique Linde Paniagua, de la UNED, en su artículo "Amnistía e Indulto en la Constitución Española de 1978", la figura jurídica de la amnistía no se encuentra regulada por la Constitución, ya que el texto legal no hace "referencia expresa alguna" al término. Sin embargo, según explica Linde, la ausencia del término implica que "no existe precepto alguno que prohíba su concesión".
De hecho, si bien el artículo 62 de la Constitución prohíbe expresamente que "la ley no podrá autorizar indultos generales", según lo dispuesto por el artículo 9.3 "la Constitución garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales", de lo que según el profesor Linde se deduce que se podrían dictar "disposiciones, en el ámbito sancionador, de carácter favorable, y por consiguiente concederse amnistías".
La última amnistía fue preconstitucional
No está, por tanto, nada claro si la Constitución Española da lugar a la posibilidad de una ley de Amnistía, si bien esta figura jurídica se ha empleado en periodos anteriores a 1978.
En ese sentido, desde el PSOE han insistido en todo momento en que no se aprobará nada que no esté contemplado en la Constitución. Sin embargo, en el propio texto de propuesta de la norma, se aduce a la amnistía de 1977 como precedente legal de la nueva ley. La amnistía de 1977 se realizó tras la muerte del dictador Franco y el final del régimen franquista, cuando el primer gobierno elegido democráticamente de Adolfo Suárez promulgó la medida de gracia para todos los presos con delitos "de intencionalidad política" cometidos con anterioridad.
Fue una amnistía destinada a borrar los delitos cometidos durante el franquismo y que sí tenían cabida en las libertades de un Estado de derecho (libertades de reunión, manifestación, pensamiento ideológico, pertenencia a partidos y sindicatos). Tras la aprobación de la Constitución en 1978 no se ha producido ninguna amnistía, por lo que el único precedente es preconstitucional.
Supondrá el fin de las causas judiciales del procés
46 años después de aquella ley, ahora la nueva amnistía beneficiará a todos los encausados por delitos relacionados con el procés desde el año 2012. Incluirá a los líderes políticos o responsables administrativos implicados en el proceso, que verán extinguidas sus causas judiciales, desaparecerán sus antecedentes y "quedarán sin efecto las órdenes de búsqueda y captura e ingreso en prisión".
Además, quedarán en libertad los beneficiarios que estén en prisión y quedará extinguida la responsabilidad civil o contable de los beneficiados investigados por el Tribunal de Cuentas.
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