El Gobierno repartirá este año 229 millones de euros entre 185 industrias de toda España para ayudarlas en parte a pagar por sus emisiones de CO2 a la atmósfera y evitar que de otro modo pudieran buscar otras localizaciones en países menos estrictos con políticas contra el calentamiento global. Según la resolución que ha publicado este lunes el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la mayoría de esta "gran industria" se encuentra en Asturias, País Vasco y Andalucía y, en conjunto, recibirá fondos por emitir CO2 ligeramente inferiores al año pasado, cuando las subvenciones ascendieron a 244 millones, pero notablemente superiores a 2021, cuando la compensación fue de 79 millones.

En concreto, lo que ha hecho Industria ha sido adjudicar 228,760 millones "en ayudas al CO2" entre las 185 "grandes industrias" que han sido seleccionadas y que podrán compensar con estas subvenciones el pago que realizaron en 2022 por comprar más derechos de emisiones de CO2 de los que el sistema de comercio de emisiones europeo estipula para cada uno de sus sectores.

La mayor parte de estas ayudas, el 21,1%, irá a industrias de Asturias, seguida de País Vasco (18,3%) y Andalucía (11,75). Por sectores, el 33% se destina al del hierro, el acero y las ferroaleaciones, seguido del papel, que concentra el 20,3% de las subvenciones. 

De acuerdo a los montantes, las industrias más subvencionadas este año para compensar sus emisiones de CO2 son el gigante mundial del acero ArcelorMittal (26,7 millones en total), Asturiana del Zinc (25,8 millones en total), Repsol Petróleo (13,2 millones en varias partidas), Industrias Celulosa Aragonesa (8,8 millones), Acerinox Europa (6,7 millones), Global Steel Wire (5,2 millones), Petróleos del Norte (5,3 millones) y CEPSA (5 millones). A pesar de ser sectores responsables de elevadas emisiones de CO2, para haber sido seleccionadas todas deben cumplir uno de las "obligaciones", abastecer al menos el 30% de su consumo de electricidad a partir de fuentes renovables.

Subvenciones polémicas 

Estas ayudas se otorgan en el marco del denominado mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero y consisten en que cada Estado puede subvencionar parte de los pagos por emitir CO2 de su industria para generar electricidad. La UE lo permite en los casos en los que se detecta "riesgo de fuga de emisiones", es decir, que las industrias se deslocalicen a otros países sin normas tan estrictas de emisiones para evitar pagar por lo derechos de emisión, con los costes en tejido industrial y de empleo que eso supondría.

Por este motivo, gobiernos como el español consideran estas subvenciones medidas de apoyo a la industria nacional, tal y como ha destacado este lunes el ministro de Industria, Héctor Gómez, al hilo de estos nuevos 229 millones. "Estas ayudas muestran el compromiso del Gobierno con los sectores industriales y un instrumento eficaz para mejorar su competitividad, reforzar sus capacidades industriales y el empleo en un momento donde es necesario aumentar el peso de la industria para acelerar la recuperación económica y afrontar con garantías la revolución industrial en la que nos encontramos”, ha afirmado.

Sin embargo, se trata también de unas ayudas polémicas, en el punto de mira de activistas e incluso gobiernos que empujan por una lucha más decidida contra el cambio climático y que claman en contra de este tipo de subvenciones a empresas que emplean combustibles fósiles y son grandes emisoras de CO2. Uno de los puntos de discusión en la próxima Cumbre del Clima -la COP28 de Dubái, que empieza el 30 de noviembre- será precisamente buscar un compromiso para, de algún modo y con todas las dificultades que ponen los países, iniciar el camino hacia el final de subvenciones a los combustibles fósiles como son estas.