La petición de Junts al PSOE de que el Estado ceda a la Generalitat el 100% de los tributos que se pagan en Cataluña pondría en grandes dificultades la financiación de la mayoría de autonomías si se llevara a cabo. En caso de que se creara un cupo catalán al estilo del que disfrutan País Vasco o Navarra, unos 2.000 millones de euros con los que Cataluña contribuye a financiar a otros territorios con menos recursos desaparecerían del sistema. Un shock que pondría en riesgo la sostenibilidad de los servicios públicos en las autonomías peor financiadas.
Esos alrededor de 2.000 millones son la diferencia entre lo que la Generalitat recauda en impuestos y lo que finalmente recibe Cataluña cuando se reparte el "bote común". Conviene recordar que las comunidades transfieren el 75% de los ingresos que les cede el Estado a un fondo común que luego se reparte en función de una serie de intrincados parámetros vinculados a la población y sus características.
La última liquidación del sistema de financiación refleja que el Govern ingresó 25.000 millones en tributos a competencias homogéneas en 2021, de los cuales se quedó finalmente con 22.836 millones después de los ajustes. Los 2.168 millones restantes se destinaron a financiar a otras autonomías, según se desprende de los cálculos de Fedea con base en la liquidación del sistema de financiación autonómica de 2021 (la última disponible).
Cataluña, Madrid y Baleares son las únicas comunidades autónomas que son contribuyentes netas al sistema. Es decir, que aportan más a la financiación del resto de lo que reciben por sus ingresos fiscales propios. En total, estas tres comunidades cedieron a las demás en 2021 (excluidas Navarra y País Vasco, que ya cuentan con hacienda propia) 8.815 millones de euros de sus recursos. De ellos, 6.313 procedían de Madrid, 2.168 de Cataluña y 334 millones de Baleares.
La desaparición de la aportación catalana a la solidaridad entre territorios perjudicaría especialmente a las comunidades que más obtienen del sistema en relación con lo que aportan. Siguiendo esa lógica, las autonomías más perjudicadas serían Canarias —que recibe el doble de recursos del sistema de lo que ingresa por impuestos— y Extremadura, dos de los territorios con menor renta per cápita del país.
Visiones enfrentadas
La demanda de una hacienda propia para Cataluña es uno de los puntos más polémicos del acuerdo de legislatura alcanzado entre el PSOE y el partido de Carles Puigdemont para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. La redacción del texto señala que Junts "propondrá" modificar la ley de financiación autonómica para que reconozca "la singularidad" de la Generalitat y que facilite "la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña".
El PSOE ya ha dejado claro a través de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que rechaza los planteamientos de Junts. La posición de los socialistas es más difusa. En el acuerdo se comprometen a apostar por "medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña". En este apartado encajaría, por ejemplo, la condonación de 15.000 millones de deuda catalana con el Estado pactada con ERC. Además, el PSOE se compromete a "un diálogo singular" sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Cataluña.
La falta de claridad sobre lo que implicaría esa cesión del 100% de los tributos que pide Junts abre la puerta a diferentes interpretaciones sobre cómo podría articularse. Una de las posibilidades la deslizaba la consellera de Economia del Govern catalán, Natàlia Mas (ERC), en una entrevista concedida a La Vanguardia. Para la consellera, esa cesión significaría "que Catalunya pueda recaudar la totalidad de los impuestos y contribuir con una determinada cuota de solidaridad al Estado". Esto implicaría sustituir los 2.000 millones de contribución que actualmente realiza Cataluña al resto del sistema por una cuota más baja pactada con el Gobierno central.
Más allá de una hipotética cuota de solidaridad, la cuestión clave está en cómo se diseñaría ese hipotético cupo catalán. Las dos únicas autonomías que cuentan actualmente con hacienda propia son País Vasco y Navarra. En esos territorios, los gobiernos autonómicos recaudan todos los tributos (incluidos los que corresponden solo al Estado en el resto de autonomías) y se quedan con todos los recursos: no participan del reparto solidario con otras autonomías.
Sin embargo, como País Vasco y Navarra también se benefician de servicios cuya competencia es exclusiva del Estado o compartida con él (por ejemplo, la defensa) también tienen que contribuir de alguna forma a sufragarlos. A cambio de estas prestaciones, estas dos comunidades pagan a la hacienda central un cupo que, teóricamente, refleja el coste que suponen estas prestaciones.
El problema es que el sistema de cálculo del cupo es opaco. Solo se conoce la cuantía fijada y no trascienden los criterios con los que se estima el coste de los servicios. De hecho, varios fiscalistas sospechan que la cifra que Navarra y País Vasco pagan al Estado es inferior al coste real de esos servicios.
Por ello, si un hipotético cupo catalán se calculara también a la baja sobre el coste estimado de los servicios, los recursos que el Estado cedería a Cataluña ahondarían en el desequilibrio en las cuentas públicas del país. Unas finanzas ya maltrechas tras una larga crisis económica, una pandemia y una guerra en Europa.
Además, el mayor peso en la recaudación que tiene Cataluña en comparación con País Vasco o Navarra amplificaría el roto en las cuentas. No en vano, Cataluña es la segunda comunidad en la que más impuestos recaudan las delegaciones de la Agencia Tributaria (AEAT). En 2022, el 19,4% de la recaudación total del Estado procedía de las oficinas catalanas de la AEAT (49.435 millones).
Un 'pacto fiscal' 2.0
La cesión del 100% de los impuestos a Cataluña no es una reclamación nueva. En 2012, el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas (CiU) ya planteó sacar a Cataluña del "bote común" de las autonomías. La propuesta recibió el visto bueno del Parlament, pero fue rechazada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que defendió que no tenía encaje en la Constitución. Poco después del fracaso del pacto fiscal, Mas convocó elecciones anticipadas
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