Ya es oficial: la estabilidad del tercer mandato consecutivo de Pedro Sánchez en la Moncloa dependerá de Junts. Más concretamente, del cumplimiento de los acuerdos suscritos por el PSOE con la formación independentista en un pacto que asume al completo las tesis de Carles Puigdemont, fugado de la Justicia, y rememora el espíritu con el que el expresident de la Generalitat impulsó las leyes de desconexión del Estado los días 6 y 7 de septiembre de 2017 que fueron posteriormente anuladas por el Tribunal Constitucional y que son ahora olvidadas en un relato conjunto que sí recuerda una de las frases clave de aquel día: "El Parlament es soberano".
Tras una larga espera de días en la que comenzó a deslucirse el significado de la palabra 'inminente', este jueves PSOE y Junts firmaron el acuerdo por el que Sánchez acepta, a cambio de asegurarse la investidura la próxima semana -los días 15 y 16, previsiblemente- y la gobernabilidad para los próximos cuatro años, aprobar una ley que amnistiará los delitos relacionados con el procés desde 2012, antes de la consulta del 9-N de 2014, hasta este mismo año; una nueva mesa de negociación que contará con un mediador internacional y en la que se debatirá sobre un referéndum de autodeterminación; y el estudio en comisiones de investigación de la aplicación de la medida de gracia para "situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política".
El expresident, residente en Bélgica desde su huida de España hace seis años, se vanaglorió este jueves de lo conseguido y aseguró que el "único límite" es el de "la voluntad del pueblo de Cataluña, verbalizado en la institución que legítimamente lo representa: el Parlament". "Cuando este habla, declara y aprueba es el pueblo de Cataluña el que habla, declara y aprueba", apuntó en una comparecencia ante los medios desde Bruselas que fue precedida de otra de Santos Cerdán, el negociador de Sánchez y urdidor del pacto, que aseguró que tanto los socialistas como los de Junts están "contentos" con el acuerdo.
La legitimidad del Parlament catalán, que en las últimas legislaturas ha contado con mayorías independentistas, también lo ponen Junts y el PSOE negro sobre blanco en el acuerdo. Según el documento de cuatro hojas, ambos partidos "apuestan por la negociación y los acuerdos como método de resolución de conflictos y acuerdan buscar un conjunto de pactos que contribuyan a resolver el conflicto histórico sobre el futuro de Cataluña". Las dos formaciones aceptan así que los acuerdos "deben responder a las demandas mayoritarias del Parlament de Cataluña que, de acuerdo al Estatut, representa legítimamente al pueblo de Cataluña".
La frase "el Parlament es soberano" es la que se utilizó los días 6 y 7 de septiembre, cuando la Cámara regional aprobó las leyes de desconexión -ley de transitoriedad jurídica y ley de referéndum- que desembocaron en el referéndum ilegal del 1 de octubre y en la declaración unilateral de independencia (DUI).
El independentismo fue al choque con el constitucionalismo y se aprobaron los articulados con 72 de los 135 escaños del Parlament. El resto de los partidos abandonaron el hemiciclo y dejaron solos con sus aplausos a los miembros de JxSí y la CUP. El hoy ministro de Cultura y Deportes en funciones, Miquel Iceta, dijo entonces que "en la búsqueda de un Estado", el independentismo "nos haría perder una nación". "Este disparate se debe recordar de forma permanente para que no se repita nunca", añadió.
No es una máxima que su partido haya seguido con este acuerdo, en el cual el relato conjunto obvia aquellos hechos y se retrotrae a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que anuló varios artículos del Estatut, asumiendo los socialistas "una participación masiva en favor de la independencia de Cataluña" tanto en la consulta de 2014 como en el referéndum de 2017. Junts, por su parte, "considera legítimo el resultado y el mandato" del 1-O, mientras que el PSOE "niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral".
Lo que tampoco hay en ninguna parte de las cuatro hojas es una renuncia expresa a la unilateralidad por parte de Puigdemont que, cierto es, ya no habla de un referéndum unilateral, sino que menciona a la propia Constitución Española. Más concretamente, defiende una consulta amparada por el artículo 92 de la Constitución, mientras que los socialistas abogan por el "amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006", que fue modificado cuatro años más tarde por el Tribunal Constitucional. En dicha sentencia, el órgano de garantías aclaró que "los ciudadanos de Cataluña no pueden confundirse con el pueblo soberano" y que la Constitución "no conoce otra que la nación española".
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