El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado este martes el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas al rechazar el recurso de la Comunidad de Madrid, el primero que ha estudiado de los cuatro que interpusieron gobiernos autonómicos del PP -Andalucía, Murcia y Galicia, además de Madrid-. La sentencia, que ha prosperado con siete votos favorables y cuatro en contra, desestima todos los argumentos que presentó el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que iban desde la forma en la que se aprobó el tributo -a través de una enmienda- al fondo del mismo, que consideraron lesivo para la autonomía fiscal de Madrid y para la seguridad jurídica por habérsele otorgado efecto retroactivo.

"No afecta ni interfiere en ninguna de las competencias autonómicas", ha dictado finalmente el Constitucional, en una sentencia de la que ha sido ponente la magistrada María Luisa Balaguer. La respuesta de la Comunidad a esta decisión no se ha hecho esperar. Apenas una hora después de conocerse el fallo, Díaz Ayuso ha anunciado que llevará a la Asamblea una reforma legislativa urgente para que sea la hacienda autonómica y no la estatal la que ingrese la recaudación del impuesto de solidaridad en la región, que en su primer año en vigor ascendió a 555 millones de euros, el 90% de lo que se recaudó en toda España.

"Esperábamos que prosperase", ha confesado la jefa del Ejecutivo madrileño sobre el recurso que registró en el tribunal de garantías hace meses. Díaz Ayuso reclamaba que el impuesto aprobado por el Gobierno central a finales de 2022, que se instauró como "complementario" al de Patrimonio para gravar los patrimonios superiores a tres millones, fuera declarado inconstitucional y anulado porque vulneraba la autonomía política y financiera de la Comunidad de Madrid. Y aunque el TC ha rechazado estas pretensiones, la presidenta madrileña ha vuelto a insistir este martes en esa idea. "Atenta contra la autonomía fiscal de Madrid, lo que vamos a hacer es seguir defendiéndola", ha aseverado.

El Constitucional avala dividido el impuesto a las grandes fortunas al rechazar el recurso del Gobierno de Ayuso

"Lo vamos a hacer lo antes posible para que esa recaudación quede en manos del contribuyente madrileño y, de esta manera, se lo podamos devolver al mismo", ha subrayado Díaz Ayuso. La presidenta ya ha avanzado que lo que hará será destinar los recursos que reciba "a lo que los ciudadanos votaron libremente en las urnas" el 28-M. "Fue una baja fiscalidad y libertad también a la hora de pagar con sus impuestos, para que podamos crear más prosperidad y puestos de trabajo", ha abundado.

Fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo han explicado que los planes anunciados por la jefa del Ejecutivo pasan por modificar la bonificación actual aplicable al impuesto de Patrimonio "estableciendo en su lugar una bonificación variable para que los contribuyentes madrileños afectados por el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas lo satisfagan en el Impuesto sobre el Patrimonio", que no da más detalles del desarrollo de la reforma. En 2023, contribuyeron al impuesto de grandes fortunas 10.302 personas en Madrid. 

"El objetivo de esta medida es que el dinero revierta a los madrileños fundamentalmente a través de la bajada de impuestos", han añadido desde el departamento que dirige Rocío Albert. Y es que a pesar del revés del Constitucional para los planes del Gobierno de Díaz Ayuso, donde hace unos meses se mostraban seguros de que ganarían el recurso en el TC, en la Puerta del Sol no renuncian a su política de presión fiscal baja.

De esta forma, Díaz Ayuso y el PP madrileño dejan claro que revertir parte de la bonificación de Patrimonio es, en cierto modo, una decisión que toman obligados, porque su política se basa en reducir los impuestos cuando no directamente en eliminarlos, como hicieron con los tributos propios. Se viene a decir que si el Gobierno regional ha adoptado esta determinación es sólo porque el fallo del TC supone que el impuesto a las grandes fortunas seguirá en vigor y recaudando y Madrid prefiere ingresar esos recursos extra antes de que vayan a las arcas estatales. 

"Pierde el terraplanismo fiscal"

El Gobierno en funciones ha saludado la sentencia del TC pues se sienten respaldados en lo que fue "una decisión importante", según ha mencionado la ministra de Política Territorial en funciones, Isabel Rodríguez. El impuesto de solidaridad a las grandes fortunas se adoptó para avanzar hacia "una fiscalidad que ha de ser justa", ha incidido la portavoz, para tener "un país más cohesionado socialmente".

La oposición madrileña también ha recibido de buen grado tanto el fallo del Constitucional, primero, como el sentido de la reforma legislativa anunciada por Díaz Ayuso después. Desde las filas socialistas han recordado que esta propuesta la puso hace dos semanas sobre la mesa Juan Lobato, secretario general del PSOE en Madrid. Los socialistas abogaron por recuperar el impuesto de Patrimonio en la región en los mismos términos que está configurado el de solidaridad.

"Queremos aprobarlo para 2024 y que esos 555 millones, en vez de ir al Gobierno, sean para la Comunidad de Madrid para pagar Educación y Sanidad", resumió Lobato cuando presentó la iniciativa. Esta se votó la semana pasada en la Asamblea como proposición no de ley y no prosperó porque el PP, y también Vox, votó en contra y los 'síes' de PSOE y Más Madrid no fueron suficientes.

La formación que lidera Mónica García ha calificado de "buenas noticias" la recuperación parcial de Patrimonio." Gracias a la sentencia del TC y después de años sin escucharnos, Ayuso parece que recula y elimina parte de los regalos fiscales de 1.300 millones al año a los más ricos", han valorado desde Más Madrid. "Ganan los servicios públicos y pierde el terraplanismo fiscal", han sentenciado desde el principal partido de la oposición en la comunidad.

Un impuesto que podría ser permanente

2023 ha sido el primer año que se ha liquidado el impuesto a las grandes fortunas, tras su aprobación a finales de 2022. El tributo ha recaudado este ejercicio un total de los 623 millones de euros, de los que 555 procedieron de contribuyentes madrileños, el 90% del total de recaudación. Estos datos sirvieron a Madrid para reforzar su tesis de que el Gobierno de Pedro Sánchez había diseñado el tributo "contra los madrileños".

Los ingresos obtenidos por el Estado se quedaron muy por debajo de los 1.500 millones de euros que previó conseguir el Ejecutivo central cuando aprobó la normativa, y es que un error en el diseño de la regulación provocó que los más ricos tributasen por sus patrimonios hasta un 80% menos de lo previsto.

El impuesto de solidaridad estará en vigor, al menos, el año que viene, un ejercicio para el que ya tiene vigencia, pues se aprobó para 2023 y 2024. Según justificó el Ejecutivo central en el preámbulo de la ley que lo reguló, el tributo se aprobó a fin de exigir un "mayor esfuerzo" a quienes disponen de una mayor capacidad económica "en estos tiempos de crisis energética y de inflación". No obstante, sus efectos podrían extenderse más allá de estas anualidades porque el Ejecutivo central ahora en funciones ya ha planteado convertirlo de temporal a permanente.