El impuesto de solidaridad a las grandes fortunas que puso en marcha el Gobierno central a finales de 2022 para contrarrestar las bonificaciones del impuesto de Patrimonio por parte de gobiernos autonómicos del PP se liquidó por primera vez este año y recaudó 623 millones de euros. El grueso de esta cantidad, hasta 555 millones, procedía de obligados tributarios de la Comunidad de Madrid, que mantiene una exención total de Patrimonio desde hace años.
Con el impuesto de solidaridad, que se planteó como temporal pero que podría acabar siendo permanente, el Ministerio de Hacienda pretendía poner a Madrid y otras comunidades en una delicada tesitura con respecto a la recaudación. Y es que mientras que los ingresos que se obtienen por Patrimonio van a parar a las arcas autonómicas, los que se obtienen por el tributo a las grandes fortunas van a parar a las estatales. Así las cosas, los 555 millones que pagaron este año 10.302 grandes fortunas madrileñas no se transfirieron a la región, sino que quedaron bajo la gestión del Estado.
El PSOE madrileño apuesta por revertir esta situación. Por eso este lunes ha abogado por recuperar el impuesto de Patrimonio en la región en los mismos términos que está configurado el de solidaridad, esto es, que lo declaren los contribuyentes con patrimonios superiores a los tres millones de euros. "Queremos aprobarlo para 2024 y que esos 555 millones, en vez de ir al Gobierno, sean para la Comunidad de Madrid para pagar Educación y Sanidad", ha resumido Juan Lobato, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid.
El también secretario general de los socialistas madrileños ha hecho esta petición 24 horas antes de que el Tribunal Constitucional vaya a deliberar sobre el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid para anular el impuesto de grandes fortunas. "Si prospera (el recurso), nos cambia el esquema de la aplicación del impuesto y también desde nuestra propuesta", ha reconocido, aunque este no parece un escenario probable.
La semana pasada trascendió que la magistrada María Luisa Balaguer, que será ponente de la cuestión, se inclina por rechazar las reclamaciones del Gobierno madrileño al no considerarlas ajustadas a derecho, por lo que hay visos de que el impuesto a las grandes fortunas seguirá en vigor el año que viene.
Una propuesta "simétrica"
"No parece comprensible que, satisfaciéndose el impuesto en el próximo ejercicio, la Comunidad de Madrid renuncie a ingresar esos 555 millones de euros y renuncie de manera propia a mejorar los ingresos que deben ir destinados a mejorar los servicios a todos los madrileños", se plasma en la proposición no de ley que ha registrado el diputado socialista Fernando Fernández Lara. El texto recalca esta recaudación va a ser ingresada de igual modo en las arcas del Estado e insiste en que la región podría aumentar sus recursos disponibles sin elevar la carga fiscal a los contribuyentes.
Lobato ha defendido que la figura que proponen crear sería "exactamente simétrica" a la del impuesto de solidaridad impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Ahora mismo, este tributo tiene un error de diseño que ha permitido que los más ricos de todo el país paguen hasta un 80% menos de lo previsto inicialmente por el ministerio. Así, sólo se ha recaudado un 40% de lo esperado, sin que de momento se haya materializado la corrección de la disfunción.
Hacienda intentó corregir el error por la puerta de atrás en la orden ministerial que aprobaba el modelo para el cobro del impuesto, pero el Consejo de Estado emitió un duro dictamen reprendiendo por estos modos al departamento que dirige María Jesús Montero.
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