El Tribunal Constitucional (TC) no sustanciará este jueves el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, tal y como estaba previsto en un primer momento. Fuentes del tribunal de garantías han comunicado que los magistrados no han podido deliberar sobre este asunto y que el debate "se incluirá en el orden del día de otro pleno".

La cuestión estaba incluida en la relación de asuntos que habían de tratarse en la sesión plenaria que comenzó el pasado martes. Este orden del día era especialmente largo e incluía el debate de asuntos de gran interés, como la llamada ley rider o el recurso del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez a la condena que le impuso el Supremo, que también ha sido pospuesto para más adelante. Previsiblemente, estos asuntos se incluirían en el próximo pleno de noviembre -el TC celebra un pleno al mes-, pero esto no ha sido confirmado oficialmente.

La semana pasada trascendió que la ponencia elaborada por la magistrada María Luisa Balaguer se inclinaba por rechazar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso. Balaguer sostendría en esa ponencia que la creación del impuesto no suponía una invasión por parte del Estado de las competencias autonómicas en materia fiscal, como denunciaba la Comunidad. De hecho, la ponencia subrayaría que las facultades autonómicas no podían interpretarse hasta el punto de neutralizar las estatales.

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Fuentes del tribunal de garantías recogidas por Europa Press aludieron entonces que cabía esperar un apoyo claro de la mayoría progresista -de siete magistrados frente a cuatro- a la ponencia de Balaguer. Por eso el escenario más probable que se barajaba era el rechazo al recurso impulsado por el Ejecutivo de Díaz Ayuso. 

En su reunión de este jueves, el pleno del TC sí que ha tenido tiempo de debatir el recurso de inconstitucionalidad que presentó el presidente del Gobierno a una ley madrileña. En concreto, el gabinete de Pedro Sánchez recurrió la disposición adicional segunda de la ley con la que la Comunidad de Madrid creó la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad, que se aprobó el pasado febrero.

El TC, que ya había suspendido cautelarmente la vigencia de esta disposición, ha estimado por unanimidad el recurso porque, entre otras cuestiones, "invade" la competencia en materia procesal que corresponde al Estado al regular cuestiones que están vedadas a las comunidades autónomas.