El Tribunal Constitucional (TC) tendrá que decidir sobre un nuevo conflicto jurídico entre el Gobierno de la Nación y el de la Comunidad de Madrid. Esta vez ha sido el Consejo de Ministros el que ha aprobado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra una ley aprobada por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. En concreto, la que propició la creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad, que entró en vigor el pasado mes de febrero.

El Gobierno de Pedro Sánchez considera que esta norma autonómica limita el derecho de acceso a una muerte digna a las personas con discapacidad tuteladas por la Comunidad. Esta vulneración se produce, según los recurrentes, porque se obliga a las personas con discapacidad a tener una autorización judicial para recibir la ayuda a morir, aunque hayan suscrito con anterioridad el testamento vital, el documento de instrucciones previas o el de voluntades anticipadas.

El Ejecutivo considera que imponer el aval de un juez es añadir un requisito adicional, algo que infringe la ley de eutanasia y a la vez invade competencias del Estado. En la Puerta del Sol han negado la mayor. "La norma autonómica no interfiere en ningún caso con la ley estatal que regula la eutanasia", han afirmado fuentes del Gobierno madrileño, que ha considerado "improcedente" la interposición del recurso porque "no cabe" la interpretación que se ha hecho en La Moncloa.

Desde el Gobierno que preside Díaz Ayuso aseguran que la ley recurrida exige una autorización judicial en los casos que no están regulados por ley, como intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos no urgentes que tengan un alto riesgo. "Así lo dictamina el Código Civil", han aseverado estas fuentes, que han agregado que "en ningún caso" se hace referencia a autorizar eutanasia ni se produce una intromisión en la ley estatal que regula la muerte digna en España.

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El recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno tiene "efectos suspensivos" para la ley autonómica, según ha señalado Isabel Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esto es: cuando sea admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, la ley madrileña quedará suspendida. 

Este martes, la también portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial ha añadido que observan vulneraciones constitucionales de carácter procesal, de invasión en el ámbito regulatorio del Estado y de ruptura de la reserva de ley orgánica. Rodríguez, además, ha asegurado que con anterioridad al Consejo de Ministros de este martes se pidió informe al Consejo de Estado que concluyó que existen fundamentos jurídicos para proceder a la impugnación.