La Comunidad de Madrid ya ha publicado el borrador del futuro reglamento regional de los vehículos de alquiler con conductor (VTC). En el texto, sometido este lunes a consulta pública, se regulan aspectos como el precio de los servicios cuando hay alta demanda; la prohibición de la captación activa, la antigüedad mínima de carnet de los conductores o la necesidad de que estos superen una prueba de conocimientos para trabajar. También se fijan aspectos de protección para los usuarios, como indemnizaciones ante cancelaciones de trayectos.

Uno de los puntos clave de la primera versión es la intención de poner límite a las subidas abusivas cuando hay eventos multitudinarios como conciertos o partidos de fútbol.  "El precio de los servicios no podrá superar el 50% sobre el precio base, de acuerdo con lo que se determine al respecto por la consejería competente en materia de transportes", se recoge en el artículo 8. 

En otro punto del texto se ha mención a que los conductores que presten estos servicios tendrán que contar con el permiso de conducir de la clase B o superior con al menos dos años de antigüedad y deberán figurar en la plantilla de la empresa en situación de alta en el régimen de la seguridad social que corresponda. Además se establecen varias prohibiciones, como que los profesionales no podrán padecer ninguna enfermedad o impedimento físico para conducir, no constarles condenas por delitos contra la libertad sexual y no desempeñar simultáneamente otros trabajos que afecten a su capacidad física para la conducción.

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La normativa también implantará una prueba de conocimientos para poder prestar el servicio. Entre otras cuestiones, será parte del temario el manejo de dispositivos con mapa de navegación, uso del castellano, primeros auxilios o el callejero, con especial interés en lugares, oficinas públicas, hoteles y centros de ocio relevantes.

La Comunidad prevé dar a los conductores un plazo de un año y medio, a contar desde la entrada en vigor del reglamento, para superar esta prueba de conocimientos, aunque a la vez se inclina por exonerar de su realización a los que lleven trabajando en el sector al menos tres años de forma ininterrumpida.

Otro de los aspectos más relevantes del borrador es la prohibición de la captación activa para las VTC en las calles de la región, un aspecto con el que se da cumplimiento a una de las reclamaciones de los taxistas respecto a este sector. "En ningún caso, podrán circular por las vías públicas en busca de clientes ni propiciar la captación de viajeros que no hubiesen contratado previamente el servicio", recoge el texto. 

Para considerar que hay un intento de captación, continúa, debe de darse "una conducta activa del conductor del vehículo", así que para el Ejecutivo regional la mera circulación o estacionamiento de los vehículos en la vía pública sin un servicio contratado no implica que haya un intento de captar clientes. 

Al menos con carácter general, porque la Comunidad sí que entiende que se estará propiciando la captación de viajeros cuando las VTC estén aparcadas en "el aeropuerto, las estaciones de ferrocarril y de autobuses y cualquier otro lugar donde exista una afluencia masiva de personas".

Indemnizaciones a los usuarios

La primera versión de la norma también tiene un apartado de derechos para los consumidores. Por ejemplo, se establece que cuando una empresa de VTC cancele unilateralmente el servicio contratado, de forma que el vehículo no llegue a recoger al usuario, deberá abonarle "a la mayor brevedad posible" una penalización idéntica que la prevista para el supuesto en que no se presente el usuario. 

"La empresa deberá abonar la misma penalización cuando, transcurridos diez minutos desde la comunicación al usuario del vehículo asignado o su sustituto, este no hubiera llegado a recoger al usuario", se añade a continuación. Además, la Comunidad quiere obligar a las empresas a contar con una línea telefónica activa de atención al usuario.

A lo largo de 14 páginas, el borrador también establece que los vehículos que se asocien a licencias VTC no podrán tener una antigüedad de dos años, contados desde su primera matriculación, y no podrán continuar dedicados a esta actividad a partir de que alcancen los diez años de edad.

La Comunidad recibirá las alegaciones de asociaciones y particulares al borrador de reglamento de las VTC elaborado por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras hasta el próximo 14 de noviembre. A partir de esa fecha, se abrirá un periodo de estudio de las mismas y el Ejecutivo regional decidirá si incorpora algunas de las aportaciones recibidas al texto final que se someterá a la aprobación del Consejo de Gobierno regional.