Algunas ministras del Gobierno parece que quieren volver a los tiempos de la dictadura. Franco odiaba a los judíos —su orgullo era haber vencido al comunismo, el judaísmo y la masonería— y durante las décadas de poder absoluto se negó a que España estableciese relaciones diplomáticas con Israel, el país surgido del recuerdo terrible de los campos de exterminio. Compartía plenamente el odio que había creado Hitler y aplaudía el Holocausto. Toda su política exterior se centraba en apoyar a los países árabes en su rechazo a la creación del Estado de un pueblo con la historia más dura de la intolerancia y el poder de otros.

España fue uno de los pocos países que, tras el reconocimiento oficial de la ONU, mantuvo esta posición carente de otro fundamento de que los judíos ya habían sido expulsados por los Reyes Católicos: una obstinación que durante muchos años perjudicó los intereses españoles en el mundo y se olvidó de que buena parte de ese pueblo conservaba el idioma y las tradiciones de aquella época. Fue un Gobierno del PSOE de Felipe González el que decidió romper con esta situación que nadie entendía y, tras explicar uno por uno a los países árabes las razones de su decisión, que lo entendieron, procedió a su reconocimiento.

Nunca a partir de ese momento las relaciones con Israel perturbaron en absoluto la buena amistad y cooperación con los países enfrentados con el Estado judío. Fue otro el Gobierno socialista que amplió la amistad española con todos los países, se incorporó a la Unión Europea y borró de los pasaportes aquella nota lacerante que hacía constar su validez para todos los países excluidos con una retahíla de excepciones que reflejaba muy bien el aislamiento y el encierro en que vivíamos. Desde entonces las relaciones fueron correctas, con algunas discrepancias coyunturales, superadas siempre por la diplomacia sin mayores problemas.

Las cosas cambiaron estos días en que la opinión pública europea rechazaba frontalmente la agresión de la organización terrorista Hamás, en el mayor atentado cometido contra una sociedad como la judía. La condena fue prácticamente universal y sobre todo occidental, sin diferencias políticas, de la cual se desmarcó en buena parte el Gobierno español. El presidente, Pedro Sánchez, se olvidó de que este semestre España preside la Unión Europea y se sumó tibiamente a la condena ante el disgusto de Bruselas. Pero eso no sentó precedente: algunos miembros del Gabinete rechazaron, lejos de secundar el ejemplo del presidente, se colocaron al frente de los que sin analizar la realidad se apresuraron a aplaudir la agresión. Es normal que esa sea la opinión de algunos y que lo expresen con manifestaciones, algo que en Francia han prohibido.

Pero lo que no se comprende, ni es asumible, es que ministros del Gobierno, incluida una vicepresidenta lanzándose a expresar opiniones exaltadas de apoyo a terroristas, intenten condicionar con iniciativas y actuaciones que, de ser ejecutadas, perjudicaría la imagen de España, que pasaría a situarse como un país gobernado por el extremismo y dañaría los intereses internacionales y la influencia que las últimas décadas han conseguido olvidar parte de lo que fue la visceralidad del régimen franquista que nadie parecía querer volver a imitar.