María Pilar recibió el pasado 7 de octubre la noticia más cruel de todas: una notificación por correo que le reclamaba el pago de 485,5 euros en concepto de "asistencia y limpieza" debido a la labor de las autoridades en el accidente que acabó con la vida de su hijo, Josep Boan, que fue atropellado en la carretera por otra persona el 9 de agosto de 2020. 

"Ha sido una pesadilla, en un principio pensé que eran los objetos personales", cuenta a 20minutos.es María Pilar, quién narra también la indignación y el enfado que ha vivido la familia desde el momento en el que abrieron el buzón hace unas semanas hasta la respuesta de la Administración, que ha llegado ocho días después anunciando que "procederán a comunicar su anulación". 

"Había un correo certificado a nombre de Josep y vi que venía de la Diputación de A Coruña", cuenta la madre de Joan sobre el momento en que descubrieron la misiva en su domicilio: "No me desagrada recibir cosas suyas, es como si estuviera presente, pero no sé qué tipo de ser humano envía esa factura detalladísima".

Aunque residían en Barcelona, tanto Josep como su padre se habían trasladado en verano de 2020 hasta la localidad gallega para pasar juntos unos días de vacaciones y celebrar el fin del confinamiento. Los dos eran aficionados a las motos y en una de las pequeñas rutas que hacían, en la que se dirigían a Santiago de Compostela, otra persona se echó encima de ellos a más velocidad de la permitida, lo que terminó con la vida de este joven de tan solo 20 años.

3 horas y 22 minutos por las labores

Un dolor al que se han tenido que enfrentar de nuevo tras recibir este escrito, que obligaba a pagar al propio Josep la mitad de las labores del siniestro en el que él mismo murió. En total, la notificación emitida detallaba 3 horas y 22 minutos por las tareas de asistencia y limpieza en la carretera. Algo que enseguida motivó a María Pilar a denunciar lo ocurrido. Habló con su abogada para quejarse y decidió contarlo también a través de sus redes sociales: "Han vuelto a golpear unos corazones hechos añicos", comentaba en una publicación en X, antes Twitter.

La respuesta de las administraciones fue inmediata en los medios de comunicación. Tras hacerse viral, la Diputación de A Coruña aseguró en varios periódicos que había anulado rápidamente el pago, lo achacó a un fallo administrativo y aseguró que los costes los abonaría el causante del siniestro, pero todo lo ocurrido sigue molestando fuertemente a María Pilar: "A mi hijo no se le puede enviar ningún pago, era tan fácil como mirar la matrícula de la moto, que sigue teniendo seguro, y mirar en la base de datos, donde se puede buscar la matrícula, a nadie se le ocurrió mirar nada en 3 años". 

"Resulta que el servicio lo hacen los Bomberos y estos lo pasan a la Diputación, es un tema de seguros, pero como no tenían estos datos lo enviaron a la persona sin identificar sin más; si tan solo hubieran puesto su nombre en Google...", cuenta a este diario sobre lo ocurrido. "Ellos dicen que es un error pero lo que yo sé es que es un protocolo que hacen siempre", añade. 

Sin perdón por parte de las Administraciones

Y, sin embargo, de todo ello, hay otro aspecto que sigue enfureciendo aún más a María Pilar: no haber recibido ningún perdón por parte de la Administración. "A mí no me vale que lo hagan a través de un medio de comunicación, tampoco me consta por escrito que hayan retirado la sanción a mi hijo". 

"Yo quiero ese papel que dice que mi hijo no tiene que pagar la limpieza de sus propios restos de este accidente", subraya María Pilar tras relatar que trató de ponerse en contacto con ellos en varias ocasiones, pero que no obtuvo respuesta hasta pasados ocho días, cuando afirma que recibió una "respuesta tipo" por parte de la Administración. 

Reclaman por error los gastos de "asistencia y limpieza" de la vía a un joven muerto en un accidente de tráfico

"Con respecto a la cuestión que nos plantea, [...] procedemos a comunicar al Consorcio Provincial para que proceda a la anulación de la liquidación. En el momento en el que nos comuniquen su anulación volveremos a ponernos en contacto con usted", reza el correo emitido por la administración gallega al que ha tenido acceso este diario. 

"Es evidente que la factura sigue en vigor, no la habían retirado", subraya María Pilar. "Me parece infame que encima salgan por televisión diciendo que se han puesto en contacto conmigo y que me han pedido disculpas; todo eso es mentira".  

Visibilizar a las víctimas

A pesar de este desafortunado suceso, la lucha de María Pilar tras la muerte de su hijo hace 3 años pasa ahora por dos caminos: evitar que las víctimas de este tipo de siniestros sean un simple número en los medios de comunicación y que se aumenten las penas para los condenados por conducción temeraria. 

El hombre que acabó con la vida de su hijo fue condenado por delito de homicidio a más de dos años de prisión y la inhabilitación de conducción durante 3 años, pero no llegó a pisar nunca la cárcel al no tener antecedentes, algo que ha motivado a María Pilar a iniciar una recogida de firmas -que acumula ya más de 110.000- para revisar el Código Penal en este aspecto. 

"En otros países como Portugal, Francia o Italia, esta persona estaría en la cárcel y con una multa de 75.000 euros. Aquí la ley considera que, para ir a prisión, el coche del homicida debe exceder los 80 kilómetros por encima de la velocidad permitida o debe ir drogado, en otros sitios no es así", cuenta a este periódico. 

"A mí lo que me duele es lo que le han robado a mi hijo y la humillación a la que le han sometido" describe Pilar, quién cuenta que han sufrido un "infierno" por parte del proceso judicial, del código penal y ahora también de la Administración. "Cuando parece que resucitas, te dan otra vez".