Carlos Iglesias, el hermano de Julio Iglesias podría entrar en prisión por problemas con Hacienda. De acuerdo a la petición de la Fiscalía de Madrid, el empresario, junto a otro compañero, habrían defraudado 19 millones de euros en 2001 al no tributar la venta de varios terrenos. Para evitar pagar impuestos, ambos habrían cambiado su residencia fiscal a Panamá. 

Por ello, la Audiencia Provincial de la capital sentará en el banquillo al hermano del cantante. Y es que, además de los cuatro años de prisión, la Fiscalía también pide una multa de 98,2 millones de euros acusándole de un delito contra la Hacienda Pública. 

De acuerdo al comunicado del ministerio, esta misma sentencia sería aplicada al empresario. Sin embargo, al estar fallecido, todos los gastos repercuten contra Carlos Iglesias. El motivo de la demanda es la venta de unos terrenos en la ciudad madrileña de Vicálvaro. La entidad Rolimpa Trading Corporation habría vendido a dos sociedades españolas las tierras por el valor de 46,2 millones de euros. 

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Para llevar a cabo las acciones, el pago se realizó a través de una transferencia bancaria a una cuenta del banco Continental de Panamá, donde Carlos era autorizado. Además, el propio Iglesias era propietario de una de las sociedades, así como de la propia empresa vendedora hasta el 2 de marzo de 2001. 

Es por ello que el ministerio fiscal cree que los empresarios habrían realizado esta transacción "con el fin de procurarse un beneficio fiscal ilícito". El hermano del cantante no declaró el Impuesto de la Renta de No Residentes de esta mercantil ni tributó las ganancias. Sin embargo, en febrero de 2001 formalizó un contrato para vender la totalidad de sus acciones de Ganivet Investment S.A., quien tenía a su vez acciones de la ya mencionada empresa. 

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Así pues, la Fiscalía asegura que todo fue una "simulación" para "eludir sus futuras responsabilidades tributarias por la operación de venta de los terrenos". Carlos Iglesias habría residido durante largas temporadas en España y habría sido este el país donde obtuvo "sus intereses económicos principales y mayor obtención de renta consecuencia de las ganancias de esta operación". 

Así pues, debería de ser considerado residente fiscal de España, y, por tanto, estaría sujeto al Impuesto de Sociedades del 2001 y no al Impuesto de la Renta de No Residentes.