El diálogo abierto entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central para intentar alcanzar un acuerdo sobre los regadíos de la Corona Norte de Doñana ha comenzado con buen pie, después de la reunión mantenida la pasada semana en San Telmo entre el presidente andaluz, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Así lo han asegurado fuentes del Ejecutivo andaluz tras la primera reunión mantenida este lunes por el grupo de trabajo bilateral creado tras el mencionado encuentro, que ha concluido "con la sensación de haber avanzado por ambas partes".

A la reunión, que se ha prolongado durante más de dos horas y media, han asistido, por parte de la Junta, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz; la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, y su viceconsejera, Consolación Vera; y el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, así como su viceconsejero, Sergio Arjona.

Por parte del ministerio, los representantes han sido el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; el subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel González Suela; la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, María Jesús Rodríguez de Sancho; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez; y el director de la Oficina Técnica de Doñana, Emilio Rodríguez.

Moreno insiste en que su ley de Doñana "solo ha sido pospuesta" y se aprobará en un mes "si no hay acuerdo"

El siguiente encuentro, que ya anunció la propia Ribera hace unos días, tendrá lugar este miércoles en Huelva, donde, según explicó la ministra, se reunirán con los agentes locales.

Tras aceptar posponer durante un mes la proposición de ley en el Parlamento andaluz, Moreno reiteró este pasada fin de semana la necesidad de proteger a los agricultores que trabajan fuera de los límites del Parque Natural de Doñana. "El objetivo de la ley andaluza fue prohibir extraer agua del subsuelo dentro de Doñana y al mismo tiempo proteger a los agricultores que están fuera del parque, ese es el objetivo que no puede descafeinarse en el acuerdo con el Gobierno", afirmó.