La seguridad absoluta no existe. Por muchas medidas preventivas que las administraciones exijan a los locales públicos para conjurar siniestros, la fatalidad puede imponerse y desatar una tragedia. El problema es que las probabilidades de que eso ocurra, que siempre creemos remotas, aumentan exponencialmente cuando las normas se incumplen y quienes han de actuar contra los transgresores pasan de hacerlo o hacen la vista gorda.

Cinco días después de lo acontecido en las discotecas de Murcia donde murieron 13 personas y, a falta de los resultados de la investigación policial que determine los orígenes del siniestro, la impresión general es que las irresponsabilidades se acumulan mires por donde mires.

La imagen de caos administrativo que proyectó el Ayuntamiento murciano en su intento de explicar lo inexplicable sobre las licencias de funcionamiento del local y la supuesta orden de clausura que pesaba sobre su actividad fue inquietante. Concejales del actual equipo y del anterior balbucearon al preguntarles cómo era posible que aquello siguiera abierto todo un año con un precepto de cierre . Hubo respuestas que incurrieron en el ridículo, como cuando argumentaron que «a lo mejor el inspector fue allí cuando el local estaba cerrado».

Lo cierto es que el inspector nunca fue, se limitó a llamar por teléfono dando por buenas las explicaciones de que la sala estaba en proceso de legalización. Para mayor escarnio, otro inspector, este de sanidad, visitó el pasado marzo el local certificando que habían sido subsanadas ciertas irregularidades. En fin, un absoluto desastre administrativo que nos aboca a imaginar cuántos locales públicos incumplen temerariamente las reglas de seguridad en la impunidad.

El Ayuntamiento de Murcia, que ahora se ha puesto a revisar todos los expedientes de locales, está en precario y dudo mucho que el juez instructor admita que se persone en la causa como acusación particular como anunciaron. Su proceder encaja mejor en el banquillo de los acusados.

La dejación de funciones, o lo que haya hecho mal la Administración municipal, no descarga un ápice de responsabilidad de los propietarios del negocio que ardió como una tea. Los materiales altamente inflamables que adornaban el local y la estructura laberíntica de la planta donde se dejaron la vida sus clientes no les dieron la menor oportunidad de salvarse.

Lo ocurrido allí recuerda la ratonera en que se vieron atrapados hace 40 años los clientes de la discoteca Alcalá 20 de Madrid donde murieron 81 personas. Aquel incendio lo originaron las chispas de un cortocircuito en la planta sótano del local que prendieron voraces los paneles y colgantes plásticos que decoraban el local. La intensidad del fuego y la alta toxicidad del humo apenas dieron tiempo a los clientes para salvar sus vidas porque la puerta de emergencia estaba cerrada. Solo unos pocos lograron salir reptando por un tubo de aireación que un joven abrió como vía de escape.

Diez años tardó el juicio en celebrarse y la sentencia condenó a los propietarios de la discoteca, al electricista y al funcionario encargado de inspeccionar el local. Los 2.000 millones de indemnización a los familiares de las víctimas hubo de ponerlos al final el Ministerio del Interior, ósea que los pagamos todos. Eso es lo que previsiblemente ocurrirá dentro de unos años cuando se juzgue lo ocurrido en Murcia. Los particulares imputados se declararán insolventes y pagará el Ayuntamiento, es decir, todos los murcianos. Es lo que pasa cuando la administración administra mal.