Murcia continúa conmocionada por el incendio que se produjo en la madrugada del pasado domingo en las tres discotecas ubicadas en la zona de Las Atalayas que acabó con la vida de 13 personas. Según el Ayuntamiento, dos de los locales afectados por el suceso, Teatre y la Fonda Milagros, carecían de licencia municipal y sobre ellas había una orden de cese de actividad desde enero de 2022. El administrador de La Fonda Milagros ha dicho que no tenía conocimiento sobre la orden de cese de actividad y la portavoz de Teatre ha afirmado que el local tiene su licencia "en regla". Sin embargo, todavía son muchas las incógnitas que rondan este trágico suceso y desconcertantes las informaciones que van saliendo a la luz.
Según ha explicado el abogado del empresario de La Fonda Milagros, las tres discotecas incendiadas -Golden, Teatre y La Fonda Milagros- ocupan la misma nave propiedad de Teatre S.L., la cual funcionó en principio como un único local, pero después se dividió en tres negocios que fueron arrendados a distintos empresarios. Además, ha dicho que su cliente, de nacionalidad colombiana, está "tremendamente afectado" porque era conocido y amigo de algunos de los fallecidos, de su misma nacionalidad.
Desde el Consistorio explicaron que la sociedad propietaria presentó una comunicación en 2019 para dividir el local en dos: Teatre y La Fonda Milagros. Después, en enero de 2022, se dictó una orden de cese de actividad por entender que la modificación del local requería de una nueva licencia y en marzo de ese año se presentó un proyecto de legalización cuya tramitación "no ha concluido a fecha de hoy". En octubre el Ayuntamiento requirió los servicios de inspección municipales para comprobar el cese de la actividad y no volvió a recibir ninguna denuncia sobre "el incumplimiento de orden de cierre".
Desconocimiento de la orden
Por su parte, el abogado de la discoteca La Fonda Milagros, Francisco Adán, ha dicho que su cliente perdió en el incendio toda la documentación relativa al negocio y que no tenía conocimiento ni tampoco documentación alguna sobre la orden de cierre y la suspensión de la licencia de apertura y actividad que le fue otorgada a Teatre S.L. el 18 de diciembre de 2008. De hecho, así lo confirmó el empresario colombiano Juan Esteban Ramírez, administrador de La Fonda Milagros, a la emisora Blu Radio. "Nunca se me trasmitió que debíamos tener un cese de la actividad, un cierre, porque si a ti las autoridades o el propio dueño (del local) te dicen que debes cerrar, es ilógico que puedas seguir abriendo", ha dicho.
Desde Teatre han afirmado que tienen su licencia "en regla" y que tras recabar la documentación necesaria, los abogados del propietario "rebatirán las irregularidades o mentiras que se han dicho". También han señalado que desconocen los motivos por los cuales el Ayuntamiento afirma que no tienen la licencia municipal. "No entendemos la motivación del Ayuntamiento para decir que Teatre no tiene licencia porque es conocida en Murcia y en el Mediterráneo, es una discoteca insigne y todo el mundo sabía que funcionaba. Desconozco si los motivos son políticos o de qué color son", ha dicho María Dolores Abellán, portavoz del establecimiento.
La responsabilidad del suceso
La responsabilidad de los hechos todavía está por determinarse. Sin embargo, según ha explicado a EFE el abogado penalista Raúl Pardo Geijó, los administradores de las discotecas podrían ser encausados por 13 homicidios imprudentes, un delito con penas de entre uno y cuatro años de prisión. El letrado también ha advertido que, el Ayuntamiento de Murcia, como garante del cumplimiento de las normas de seguridad de los establecimientos de pública concurrencia, podría verse obligado a responder de las indemnizaciones que se impongan en el proceso en el supuesto de que los condenados no puedan hacer frente a esos importes. Además, ha recordado que el Consistorio está obligado "no solo a otorgar licencias de apertura y actividad, sino a velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad".
Tras los hechos, el Ayuntamiento ha anunciado que tiene previsto personarse como "acusación particular" en el procedimiento judicial que se abrirá sobre este caso. Por su parte, el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia (HoyTú), Jesús Jiménez, también ha dicho que la entidad se personará como acusación popular. "Estos locales no estaban asociados (a la federación), pero entendíamos que, al estar abiertos, eran perfectamente legales; pero la sorpresa ha sido esta mañana cuando nos encontramos que, no solo no tienen licencia, sino que tienen una orden de cese de actividad", ha dicho.
Según ha indicado el delegado del Gobierno de Murcia, las labores de identificación de los fallecidos continúan porque se necesita que los cuerpos estén completos y en algunos casos han aparecido solo extremidades. Además, algunos cadáveres se encuentran muy calcinados y por esta razón se les solicitó a los familiares de los fallecidos que se acercaran a la sede de la Jefatura Superior de la Policía a entregar objetos personales de sus seres queridos con el fin de poder cotejar el ADN. En todo caso, la investigación continúa y el juzgado ha decretado secreto de sumario.
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